Ley de memoria históricaLos ayuntamientos podrán pedir desde este jueves subvenciones para la exhumación de fosas

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) podrá solicitar desde este jueves subvenciones para que los ayuntamientos localicen y exhumen fosas de víctimas desaparecidas del franquismo y la Guerra Civil que ascienden a un total de 750.000 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el real decreto aprobado por el Gobierno que establece los requisitos para la tramitación de estas subvenciones, cuyo pago se abonará de manera anticipada y sin necesidad de constitución de fianza o garantía.

La entidad beneficiaria de esta subvención será la FEMP, que en el plazo de tres meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión, deberá proponer un Plan de recuperación de memoria democrática, que defina las actuaciones a llevar a cabo y el mecanismo previsto para la ejecución de las mismas.

Este Plan deberá someterse a la aprobación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Las actuaciones subvencionadas consistirán en trabajos técnicos de investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y el franquismo.

Una vez concedida la ayuda los consistorios deberán concluir los trabajos en un plazo de un año.

Todas ellas deberán desarrollarse y concluirse de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Una vez concedida la ayuda los consistorios deberán concluir los trabajos en un plazo de un año.

Esta ayuda podrá ser compatible con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualquiera administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de las aportaciones recibidas, no supere el coste total de la actividad subvencionada.

El Gobierno aprueba esta dotación económica, que hasta que se apruebe la nueva ley de memoria democrática, se tramita haciendo uso de la ley de memoria histórica de 2007.