Este martes ha llegado al Congreso la Proposición de Ley General de Salud Mental planteada por Unidas Podemos. Es un avance ya que es la primera ley de este ámbito y el texto propone medidas importantes como fijar una ratio mínima de 28 especialistas en psicología y psiquiatría y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes para este campo o además de crear una formación especializada en prevención del suicidio y un Centro Estatal de Salud Mental.

Sin embargo, los expertos tienen dudas sobre si es adecuado tener una Ley de Salud Mental. Los profesionales celebran que se hable de este problema en el Congreso —sobre todo si es para buscar soluciones a las carencias del sistema—, pero hay riesgos con esta norma. "Ahora es el momento de llevar a cabo acciones en el terreno de la salud mental porque está en la agenda política, pero no estamos seguros de que sea la medida más urgente", expone Mikel Munárriz, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatria (AEN).

Nel González, presidente de la Confederación de Salud Mental, cree que sería más adecuado doblar los esfuerzos en la Estrategia de Salud Mental, que el Ministerio de Sanidad está ultimando para aprobarla a finales de año, y dotarla de recursos suficientes. "Nos da miedo que una legislación específica estigmatice aún más la salud mental porque forma parte de la sanidad pública y hay que tratarla en esta legislación. Nadie piensa en hacer una ley para el tratamiento oncológico, ¿por qué entonces para la salud mental? Hay cierto riesgo de que demos pasos atrás", reflexiona el profesional.

Munárriz comparte con González que existe este riesgo. "Tengo claro que no está en la intención de los parlamentarios, pero es un efecto que puede ocurrir. Nosotros tenemos dudas de que sea necesaria porque hay propuestas muy buenas, pero que se pueden conseguir haciendo cumplir las leyes que ya existen o mejorando las leyes generales. Además, ante el primer borrador de la norma nosotros ya dijimos que la mejor Ley de Salud Mental sería la Ley de Presupuestos", añade a este medio.

En el debate del Congreso han sido varios los partidos que han sacado estas cuestiones como Josune Gorospe, del PNV, que ha reconocido que es un tema muy importante pero que una ley propia no es la vía reconocida en la legislación para abordarlo. "Sería estigmatizante, ¿por qué una ley de salud mental y no de otras patologías? ¿aportamos en positivo con esto?", reflexionó desde la tribuna del Congreso.

Claves de la Ley de Salud Mental

Pese a este contexto, hay medidas de la ley que son bien recibidas. Solo el hecho de hablar de salud mental es algo que celebran los expertos, pero también que se analicen las deficiencias del sistema público y se intenten buscar soluciones como se plantea al proponer ratios mínimos. La duda vuelve a ser si es el sitio adecuado porque podría llevarse a la Estrategia de Salud Mental, pero González cree que igualmente es positivo. 

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también hizo referencia a la propuesta de fijar ratios mínimos durante su intervención señalando que el déficit de profesionales es "el meollo de la cuestión" y que por esto es tan importante que se alcancen las ratios medias europeas en cuatro años. España tiene una ratio de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes y en los países de nuestro entorno la ratio es de 18 por cada 100.000 habitantes.

Mientras que Munárriz también destaca como positivo que se proponga la creación de la Defensoría de la persona con problemas de salud mental para "arbitrar" de alguna manera la vulneración de los derechos de las personas así como intentar reducir los ingresos forzosos. En el texto de la ley se indica que "no procederá el internamiento u hospitalización en contra de la voluntad del o la paciente, salvo los supuestos restringidos y tasados en que lo determine una ley orgánica y siempre previa autorización judicial". También se indica que las comunidades deberían crear registros centralizados para ingresos forzosos que serían elevados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Además, hay otras claves esenciales en el documento como la creación de la línea telefónica gratuita de atención y seguimiento a las personas que han tenido tentativa suicida o programas específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental en los centros de Atención Primaria, educativos y servicios sociales.

Qué falta en la ley

Hay aspectos de la norma que no se acaban de concretar como la propuesta de que sea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que aborde los criterios para un tiempo máximo de acceso a las prestaciones y servicios de salud mental, atribuir a los empresarios "la protección de la salud mental" de su plantilla o la falta de prohibición de las coerciones que tienen que ver con la salud mental como los ingresos involuntarios o las medidas de contención.

El presidente de Salud Mental cree que la ley no es demasiado "tajante" con este tema y que debería abordarse de una forma más importante porque son violaciones de los derechos de las personas. La confederación lleva años lanzando campañas para que se prohíban coerciones como los ingresos involuntarios o las medidas de contención pero, como mínimo, González reclama que se deben garantizar más medios y recursos económicos para reducir las coerciones a lo mínimo. 

Por otro lado, Munárriz comenta que falta que se tenga en cuenta que la salud mental no solo la atienden psicólogos, psiquiatras y enfermeros ya que "hacen falta auxiliares o trabajadores sociales", además de que habría que buscar fórmulas para reforzar el "apoyo mutuo" entre las personas con problemas de salud mental.

Proceso participativo

El presidente de la AEN espera que durante el trámite parlamentario la ley "cambie" y mejore", pero que se haga con un proceso participativo en el que "todas las voces se tengan en cuenta". Celebra que Unidas Podemos ha consultado a las asociaciones hasta ahora y que incluso antes de la pandemia se celebró un acto en el Congreso sobre salud mental en el que salieron muchas propuestas, pero ahora comienza un "proceso para mejorar" en el que hay que escuchar también a los afectados. "Y tenemos que buscar si se pueden conseguir los mismos objetivos con menos envoltorio legal y más acciones concretas", concluye.