Cadáveres, ratas y suciedad: así es la "pesadilla de Llucmajor", la mayor granja de gallinas de Mallorca

Entre cadáveres de aves, ratas, suciedad y sin ver el sol. Así viven las gallinas en la mayor explotación ganadera de Mallorca, formada por siete naves con 136.000 aves y un estercolero de 5.000 metros cuadrados, ubicada en la localidad mallorquina de Llucmajor. La situación no solo es grave para los animales, sino también para los vecinos de la zona, que sufren migrañas y vómitos provocados por el mal olor, así como plagas de moscas. Las entidades de protección animal y medioambiental ARDE y Satya Animal han denunciado la granja ante la Fiscalía de Medioambiente de Balears por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.

"Nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras. Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola", declaró el informante anónimo que avisó a Satya Animal y esta a su vez a la Fundación ARDE, según explica a Púbico Julia Elizalde, portavoz de la segunda organización. Ambas iniciaron una investigación el pasado mes de abril, registraron la denuncia ante la Fiscalía el pasado miércoles, y revelan el caso este martes.

Este diario ha contactado con la Fiscalía de les Illes Balears, pero al cierre de la información no ha obtenido respuesta. La granja es propiedad de Avícolas Son Perot S.A., perteneciente a la empresa Avícola Ballester, una de las mayores productoras avícolas en la isla. El director general de la sociedad, Gorka Moreno, declara a Público que todavía no ha recibido notificación oficial de la denuncia, pero que sus explotaciones cuentan con sellos de Bienestar Animal y que reciben "numerosas inspecciones", lo cual "acredita que nosotros cumplimos con todos los parámetros requeridos".

El informe veterinario, realizado por un profesional colegiado, concluye que las imágenes obtenidas en el marco de la investigación de las asociaciones animalistas muestran "riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores". El documento menciona la "presencia de otros animales en las instalaciones", así como aves y roedores con "signos de enfermedad". Elizalde recuerda que las explotaciones ganaderas deben mantener una rigurosa vigilancia para evitar la convivencia con especies del exterior, ya que "al haber estado en otro entorno, al aire libre, pueden tener cualquier tipo de enfermedad y transmitirla".

El veterinario también identifica en su estudio "cadáveres en diferentes estados de descomposición tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas". Dichas condiciones suponen "una fuente importante de contaminación". Además, alude a "defectos de higiene de las instalaciones", por ejemplo, con un "almacenaje de los huevos en un lugar abierto donde pueden acceder roedores y contaminar los productos".

El informe determina "una falta de control, tanto por parte de los trabajadores como por el propietario de la explotación, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación". Y advierte: "Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos".

El director general de Avícolas Son Perot insiste en que "la respuesta más clara que hemos podido dar es la de quienes nos auditan continuamente", en referencia a "los órganos que nos certifican y las administraciones que nos inspeccionan". Todas las granjas de la sociedad cuentan con el sello Welfair de Bienestar Animal. Consultados por Público, desde el certificado han rechazado ofrecer declaraciones por el momento hasta realizar sus propias pesquisas.

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Posible delito de estafa

Las condiciones que describe el veterinario podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública. La portavoz de la Fundación ARDE añade en declaraciones a Público que "se observa una dejadez absoluta con los animales, una carencia de supervisión veterinaria y por lo tanto se podría estar incurriendo en delitos de abandono animal". Pero esta no es la única irregularidad a la que podría enfrentarse la explotación. Las organizaciones también han denunciado ante la Fiscalía un posible delito de estafa.

Según ha explicado Elizalde, la investigación ha documentado que "las gallinas camperas, al menos parte de ellas, no salen al exterior" durante seis días. El Reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea estipula que las gallinas camperas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre. De acuerdo con la OCU, un huevo campero cuesta de media un 35% más que un huevo de gallinas criadas en suelo. "Cuando una persona paga significativamente más por consumir unos huevos que en teoría disponen de mayor bienestar animal, pero en la práctica eso no se cumple, pensamos que puede haber una búsqueda de enriquecimiento, de aumentar sus márgenes de beneficio, sin que el bienestar animal se vea incrementado de ninguna forma", indica la animalista.

Elizalde descarta que el cierre de las puertas pueda deberse a que un trabajador haya olvidado abrirlas porque son automáticas. "Parece que es algo sistemático porque les convendrá más por cualquier motivo logístico, pero por supuesto la legislación no permite vender esos huevos como camperos en dichas condiciones", subraya, recordando que deberían publicitarse como huevos de suelo.

Años de lucha vecinal por el cierre de la explotación

Esta granja es objeto de polémicas desde hace años. Más de 9.000 vecinos de Llucmajor iniciaron en 2019 un proceso contra la explotación por provocar problemas de salud, como afecciones respiratorias, migrañas y vómitos. Estas dolencias se deben al fuerte olor que desprende la explotación y que llega hasta las viviendas de la localidad. "Te produce malestar anímico, te limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa. En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado", expresa Natalia García, una vecina de Llucmajor, en declaraciones a la Fundación ARDE.

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El proceso que iniciaron las asociaciones vecinales consiguió que agentes ambientales se personaran en el año 2023. El Govern de les Illes Balears confirmó que la granja no dispone de Autorización Ambiental y la Comisión de Medio Ambiente le multó con 150.000 euros. Avícola Son Perot interpuso un recurso que se desestimó en enero de 2024, por lo que la sanción es firme. Moreno confirma a este medio que la granja todavía no cuenta con dicha autorización y que se encuentra "en proceso de certificación". "Es un procedimiento bastante largo que lleva aproximadamente dos años y nos toca una elaboración medioambiental hacia finales de año, así que en ello estamos", agrega.

Las asociaciones vecinales y las entidades de protección medioambiental y animal exigen el cierre inmediato de la explotación avícola. Argumentan que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Esta normativa señala la imposibilidad de otorgar el permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. "La empresa debería cesar su actividad, desmantelar la instalación para restaurar el entorno original y comenzar de nuevo los trámites", remarcan fuentes de la Fundación ARDE.

El director general de la sociedad empresarial asegura que "nosotros lo que aspiramos es a certificar la granja como la granja de Manacor y, con esa certificación, que es bastante exigente, entiendo que todo el mundo se verá tranquilo". Moreno reitera que "siempre puede haber alguna opinión subjetiva, pero en principio, es que no hay más mejores prácticas disponibles que las que puede pedir esa autorización ambiental".

La empresa avícola volvió a ser objeto de críticas en verano de 2024, cuando propuso construir la mayor granja de España en la isla de Mallorca, con una capacidad de 739.000 gallinas. Los ayuntamientos involucrados se opusieron junto a entidades de la sociedad civil. El debate se dio por concluido en enero de 2025, cuando el Govern balear aprobó el Decreto 1/2025, que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 animales en el archipiélago.

Por otro lado, las asociaciones vecinales documentaron en 2024 un vertido de centenares de gallinas en una zanja presuntamente cavada por la granja, actividad que incumpliría con la normativa en materia de gestión de residuos con riesgos biológicos. Todo ello forma parte de las labores que realizan los habitantes de la zona para que la explotación cierre cuanto antes. "Cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas. No hemos podido invitar a ningún amigo a casa", declara Xisco Amaya, otro de los vecinos afectados, a la Fundación ARDE. "No me quiero ir de aquí, quiero que se termine esta pesadilla", subraya.

Tanto ARDE como Satya Animal se unen a la demanda de los vecinos en cuanto al cierre de la explotación ganadera. "Estas imágenes inéditas confirman el escenario de los últimos años en el que esta explotación presenta una dejadez absoluta y es un riesgo para la salud, ya no solo de las personas, sino también de los animales", incide Elizalde. "La ley tiene que ser para todos y no puede haber impunidad para esta empresa en particular", concluye.