Denuncia pionera de un pueblo a la Xunta por la contaminación: "Vivimos en una fosa séptica"
Los vecinos de As Conchas inician un litigio que responsabiliza al Ejecutivo autonómico de su desprotección frente al interés de las macrogranjas que han polucionado su embalse.
Madrid--Actualizado a
Hace 20 años, la alameda de As Conchas, en la comarca ourensana de A Limia, era un enclave idílico que atraía a numerosos visitantes, pero la contaminación del embalse ha conllevado que la situación actual sea insoportable. Sus vecinos y vecinas se organizan desde 2011 para restaurar la zona. Este martes han dado un paso al frente: han presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una demanda pionera contra la Xunta por vulnerar sus derechos fundamentales.
"Vivimos dentro de una fosa séptica", lamenta en declaraciones a Público Mercedes Álvarez de León, empresaria local y demandante en el caso. "Ahora si te acercas al embalse, ni se te ocurre meterte en el agua", lamenta la vecina del pueblo, en comparación con los recuerdos que mantiene de un tiempo pasado.
Aunque ya en 2009 comenzó el embalse a adoptar colores verdosos, Álvarez de León afirma que 2011 fue el peor año: "Cuando llegó el calor, el olor se hizo insoportable". Esto le ha provocado fuertes dolores de cabeza, pero el problema no es solo el hedor que desprende el embalse, sino el peligro para la salud que supone la contaminación que ha provocado las actuales condiciones de vida.
La población teme beber agua de los pozos y en algunos casos el suministro municipal también ha llegado a estar contaminado a causa de las macrogranjas y la ganadería industrial. Los vecinos de As Conchas han movido tierra, mar y aire durante años para poner fin a esta situación, pero jamás han logrado que los actores implicados en la polución rindan cuentas. Lejos de rendirse, dan un salto en su estrategia y ahora a apuntan a la Xunta como responsables por desproteger a la ciudadanía frente a los intereses empresariales.
Blanca Ruibal (Amigas de la Tierra): "Es responsabilidad de la Xunta garantizar los derechos fundamentales"
En la demanda se personan los vecinos del pueblo, pero también reciben el respaldo de Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Se trata de un litigio estratégico porque "apunta a las autoridades, no a los ganaderos", explica a este medio Blanca Ruibal, representante de Amigas de la Tierra. "Es responsabilidad de la Xunta garantizar los derechos fundamentales", algo que habría desatendido "al permitir que se instalen en esta comarca centenares de macrogranjas".
Un alto riesgo para la salud
Ruibal indica que el embalse sufre una contaminación por nitratos, que proviene de manera directa de la ganadería industrial. La presencia de esta sustancia "supone un factor de riesgo de distintos tipos de cáncer, entre los que se incluyen el cáncer de tiroides, mama, ovarios, estómago, páncreas y vejiga", advierte en un comunicado Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso.
De acuerdo con el comunicado que difunden las tres organizaciones que apoyan el litigio, los estudios realizados en el embalse también revelan la presencia de superbacterias, las cuales se caracterizan por su resistencia a los antibióticos. Esta clase de sustancias son una de las diez principales amenazas para la humanidad, según la OMS.
Mercedes, vecina afectada de As Conchas: "Estamos respirando veneno todos los días"
En cuanto al hedor, la demanda lo atribuye a unas finas partículas en el aire. Estas procederían de las explotaciones intensivas y pueden causar problemas respiratorios y asma, sobre todo en personas vulnerables, infancias y mayores. "Estamos respirando veneno todos los días", remarca Álvarez de León.
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Los intereses privados frente al bienestar ciudadano
Los vecinos y las organizaciones critican que la población vea su salud mermada por los intereses económicos del sector privado. "Tiene que prevalecer la gente por encima del dinero", defiende la demandante. En la misma línea, Ruibal expresa que "el capitalismo está muriendo matando" y señala a las empresas como las principales causantes del deterioro de la salud y los desastres ambientales. "Sin embargo, quien tiene la obligación de legislar, quien da los permisos y quien puede poner freno a la contaminación son los gobiernos", aclara.
Mercedes, vecina de As Conchas: "Tiene que prevalecer la gente por encima del dinero"
"Las empresas solo van a mirar por su propio beneficio", añade la de Amigas de la Tierra. "No se van a preocupar de reducir sus emisiones o la contaminación de las aguas, a no ser que una ley o un gobierno les obligue". Por su parte, la abogada de ClientEarth Nieves Noval destaca en el comunicado: "Tanto la Constitución española como la legislación europea son inequívocas en su mandato: las autoridades tienen la obligación legal de proteger a la ciudadanía".
Y esto es en concreto lo que los vecinos denuncian este miércoles ante el TSXG. Demandan a la Xunta por vulnerar su derecho a la vida, a la vida privada y la prohibición de la tortura y del trato inhumano o degradante. Todos ellos son artículos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, la causa también señala el incumplimiento de numerosos reglamentos y directivas en materia de nitratos, agua potable o emisiones industriales, entre otros.
Estrategias judiciales frente a la represión ambiental
Este caso marca un precedente en Europa porque un tribunal evaluará por primera vez el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde una perspectiva de derechos fundamentales. A su vez, esta estrategia encuentra antecedentes en otros litigios climáticos que han cristalizado una nueva manera de abordar la crisis climática, especialmente en un momento en el que el movimiento ecologista sufre una importante ofensiva para silenciarlo.
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En abril de 2024 una sentencia histórica del Tribunal de Estrasburgo falló a favor de las Klimaseniorinnen (apodadas "Abuelas por el clima"), que habían denunciado a Suiza por no protegerlas ante el creciente calor derivado de la emergencia ambiental. En junio del mismo año, varias organizaciones ecologistas elevaron al Constitucional una demanda contra España por su falta de ambición en política climática.
Blanca Ruibal: "Las empresas tienen mil mecanismos para acallar la protesta"
Esta clase de litigios estratégicos "tienen un papel destacado en la lucha contra la crisis climática", valora Ruibal. La activista pone de relieve esta herramienta a disposición de la ciudadanía en comparación con las empresas, las cuales "tienen mil mecanismos para acallar la protesta".
Ruibal alude de este modo a la demanda millonaria impuesta contra Greenpeace en EEUU por parte de la petrolera y gasista Energy Transfer. Este tipo de pleitos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) buscan desarticular el potencial de protesta de los movimientos sociales. "Es un claro caso de criminalización", advierte la de Amigas de la Tierra. Aún con todo, concluye en clave positiva y reivindica el papel de los vecinos de As Conchas en el juicio que inician frente a la Justicia gallega: "Estos sirve para mostrar que no nos rendimos".
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