Empresas, fondos y terratenientes acaparan más de un millón de fincas agrarias en una década y exprimen al pequeño agricultor

El precio de la tierra se ha disparado: una finca de regadío de 80.000 metros cuadrados en los alrededores de Zaragoza sale a casi 52.000 euros por hectárea, las doce de otra en Garrapinillos se venden a casi 22.000, las 250 de un olivar en Écija cotizan a 36.000, un nivel similar al de otra de 375 en Sevilla, donde la tasación va de los 10.000 a los 40.000 en un nivel similar al que se da en Valladolid.

La tierra sigue siendo, aunque quizás no tanto como hace medo siglo, el principal de los cuatro factores productivos en una agricultura en la que capital y tecnología ganan presencia a costa del trabajo y dentro de un proceso de transformación del negocio que cada vez requiere mayores inversiones: si la explotación media abarca 40 hectáreas, adquirirla cuesta entre 400.000 euros y dos millones, equipamiento y gastos al margen.

Y eso está teniendo consecuencias excluyentes para el agricultor profesional, el de la explotación familiar, una figura que tiende a desaparecer a base de acaparamiento de fincas y de industrialización de la actividad y que estos días expresa en forma de tractoradas su malestar ante el devenir de un escenario en el que su capacidad de influencia mengua por momentos arrasada por la globalización de los mercados alimentarios.

Dos datos resultan despiadadamente indiciarios de ese proceso de achique de la agricultura familiar en beneficio de la industrial. Uno es la pérdida de más de 100.000 agricultores profesionales en quince años que recoge la EPA, que certifica una merma de casi un tercio, a 7.000 por año, solo en ese periodo. Eran 1,35 millones, seis veces más, cuando España entró en la UE, entonces llamada Mercado Común, en enero de 1986.

El otro es el vertiginoso proceso de acaparamiento de tierras y de desaparición de pequeñas explotaciones que revelan los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Ministerio de Agricultura sobre transmisiones de fincas y sobre la demografía del sector.

En diez años han cambiado de manos 1,37 millones de fincas rústicas en España, y lo han hecho mayoritariamente en una dirección: del patrimonio de familias a la propiedad de terratenientes, hoy bajo la denominación del family office, de empresas de la agroindustria y de fondos de inversión.

Un 6% de terratenientes y empresas posee el 57% de la tierra cultivable

¿Eso es mucho o poco? Apenas hay datos oficiales que permitan llegar a una conclusión de ese tipo, aunque los pocos disponibles apuntan a que esas transacciones están provocando cambios estructurales en el sector agrario español.

En los once años transcurridos entre los censos agrarios de 2009 y 2020, y ya con esos procesos de acaparamiento de tierras activados, la superficie agraria útil crecía en 161.000 hectáreas (0,7%) mientras desaparecían algo más de 53.000 explotaciones.

Sin embargo, el número de terratenientes y empresas propietarios de fincas de más de cien hectáreas aumentaba en casi 4.600 (+9%) y sus posesiones incorporaban algo más de un 3% de la superficie agraria útil al añadir 739.686 hectáreas a los 13,08 millones que ya tenían: 55.783 explotaciones, el 6,09% del total, acaparan casi tres quintas partes (57,8%) de la tierra cultivable en España.

Del grueso de las desaparecidas, 45.000 sumaban menos de veinte hectáreas de tierra y otras 8.000 estaban entre esa extensión y las cien y, en ambos casos, eran propiedad de personas físicas.

El número de propietarios particulares solo aumentó entre los de más de cien, que eran 7.000 más al final del periodo, lo que ilustra esos procesos de concentración: la desaparición de un 7,5% de los minifundistas (menos de 50 hectáreas) y de un 5,7% de los mediofundistas (50 a 100) corrió en paralelo a un aumento de casi en 20% en el número de latifundistas (más de cien).

La presencia de empresas o personas jurídicas creció en ese periodo en todos los tramos de superficie, con un incremento de 6.500 entre las explotaciones de hasta treinta hectáreas y leves retrocesos de un centenar en las de treinta a cien (-0,8%) y otro de menos de 500 (-4,5%) en las de mayor extensión que parecen haberse revertido tras la pandemia.

"La transmisión por herencia genera transmisión por venta"

Esos perfiles predominantes de compradores de tierras "quieren consolidar su negocio, y para hacerlo rentable necesitan más superficie" con la que ampliar unas explotaciones que gestionan con sistemas progresivamente mecanizados y que requieren menos mano de obra, explica Regino Coca, responsable de Cocampo, una inmobiliaria especializada en fincas rústicas, que llama la atención sobre otr factor clave en este proceso.

"En tiempo corre y el drama de la ausencia de relevo generacional se intensifica", explica. "El 41,3% de los propietarios de fincas rústicas tiene más de 65 años", y el 93% de los dueños de parcelas agrarias son pequeños propietarios, señala, mientras que "el perfil del comprador es el de la empresa y el family office".

"Hemos dejado envejecer el campo", anota. Y eso ha acabado por añadir un factor biológico a los vectores de cambio de la propiedad en el campo: "El número de herencias está aumentando, y de hecho es el tipo de transmisión de tierras más frecuente y el que más crece. Y eso aumenta las compraventas, porque por lo general quien hereda no tiene conexión con la tierra".

En la última década, la media de transmisiones por herencia, en crecimiento en los tres últimos años de manera similar a lo que ocurrió con la vivienda tras la pandemia, fue de 158.410, claramente superior (+15%) a las 137.657 compraventas. "Hay una parte de círculo vicioso: la transmisión por herencia genera transmisión por compraventa", explica el CEO de Cocampo.

A esos factores se les unen otros dos. Uno es la irrupción de los promotores de parques de energías renovables, fundamentales para que el arriendo haya alcanzado ya el 41% de la superficie agraria, con mayor frecuencia entre minifundistas que entre latifundistas en otro dato que ilustra el achique de las figuras del agricultor profesional y la explotación familiar.

El otro es el interés de familias de posición económica acomodada por las fincas rústicas como segunda residencia. "Se buscan fincas de recreo. Antes de la pandemia se compraban segundas residencias en zonas de playa y ahora se buscan pequeñas fincas cercanas a la ciudad para pasar los fines de semana cuyas tierras se arriendan o no se explotan", anota Coca.

Un negocio al alza impulsado por la inversión en patentes y programas

Esos procesos de cambio en la estructura de propiedad de la tierra y de industrialización de su explotación se están desarrollando de manera simultánea a otros similares en la ganadería, relacionados a su vez con otros como la globalización y la uberización, con especializaciones productivas por países que generan simultáneamente vínculos externos de dependencia y tendencias internas al monocultivo, como la que supone dedicar dos tercios de la tierra a producir alimento para ganado  predestinado a la exportación en lugar de para abastecer a las personas del país, en un cóctel aderezado con la componente rentista de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y su medio millón de "labradores de sofá" que capturan subvenciones sin pisar los campos.

Sin embargo, los resultados económicos del campo, como ocurre con los de la industria y la cadena de distribución que operan a partir de él, resultan ser cada vez mayores: la aportación al PIB del sector primario ha aumentado un 30% en diez años, en los que ha pasado de los 26.757 millones de euros de 2013 a los 34.809 de 2023.

"La explotación agraria típica aún se caracteriza por su pequeño tamaño, una modesta dimensión económica, y por estar al mando un jefe de explotación que, mayoritariamente, será un hombre y de edad avanzada, con un escaso relevo generacional, uno de los mayores hándicaps a los que se enfrenta el sector", señala un estudio de CaixaBank Research, describe "una gradual concentración de estas explotaciones, que cada vez son más grandes y productivas".

Esa evolución va de la mano de dos tipos de inversiones: las de bienes de equipo y maquinaria, que en veinte años, de 2002 a 2022, aumentaron más de un 50% (de 51.296 a 77.489 millones de euros anuales) con un importante peso de las relacionadas con las nuevas tecnologías (9.597), y las relativas a productos de propiedad intelectual como programas informáticos de riego y de cultivo y, también, a las patentes de uso de determinadas semillas y variedades de planta, que se llevan más del 60% de esa partida principal de inversión con 47.511.