Las derechas tratan de impulsar los toros entre los menores pese a las recomendaciones de la ONU
Solo Galicia restringe la entrada de menores a las corridas en España. En Balears, PP y Vox han levantado la prohibición del anterior Govern progresista. En Andalucía, una iniciativa parlamentaria reabre el debate.
Madrid-
La plaza de toros mallorquina de Inca celebró el pasado domingo de Ramos una corrida con presencia de niños. El anterior Govern balear, en manos de las formaciones progresistas, había prohibido la entrada de menores en esta clase de eventos para poner un dique de contención a la tauromaquia y proteger a las infancias de la crueldad inherente a los festejos taurinos. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo, bajo la dirección del PP y con el apoyo de Vox, ha levantado el veto, lo que supone un retroceso en materia de bienestar animal. Con este giro, la única comunidad autónoma que regula la entrada a las plazas en función de la edad es Galicia, además de Canarias, donde las corridas están prohibidas desde los noventa. La situación difiere del contexto andaluz, donde la coalición Por Andalucía presentó este martes una proposición de ley que justo busca impedir la asistencia de los más jóvenes a estos sangrientos espectáculos. El Partido Popular ostenta la mayoría absoluta en la Junta, por lo que el texto no prosperará, pero reabre el debate acerca de la tauromaquia y pone sobre la mesa una cuestión fundamental que, de hecho, recomienda la ONU: proteger a la infancia de los cruentos festejos taurinos evitando su entrada a los mismos.
El Govern balear que formaban el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), Podem y Més per Mallorca aprobó en julio de 2017 su ley de toros, la cual prohibía matar al toro, meter bebidas alcohólicas en las plazas y la entrada de infancias en las mismas. La primera medida fue anulada por el Tribunal Constitucional un año más tarde. La tercera fue eliminada el pasado 29 de octubre bajo el Ejecutivo del PP y con el voto favorable de Vox. "Aunque la ley incluye una enmienda que exige que los menores asistan acompañados de un adulto, consideramos que esta medida no es suficiente para proteger a los menores de la violencia inherente a los espectáculos taurinos", valoran fuentes de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA).
La presidenta de la Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA), Carmen Méndez, considera que la cuestión taurina se ha convertido en un signo de identidad política, de manera que la derecha "quiere la tauromaquia sea como sea". La animalista explica a este diario que la mejor forma de que las bancadas del PP y de Vox en parlamentos autonómicos y ayuntamientos promuevan su defensa es "formar a los niños desde muy pequeños, acostumbrarlos a la violencia contra un animal en un espectáculo público, como una plaza de toros".
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"Que se permita el acceso a menores pretende legitimar el espectáculo: de alguna manera pensamos que, si hay menores, lo que ocurre ahí dentro no será tan brutal ni tan gore", subraya en declaraciones a Público Mar González, coportavoz de Verdes Equo. "Dejarlo como un espectáculo para adultos lo expondría a lo que realmente es, un espectáculo donde se tortura a un animal de forma cruel e injustificada", añade.
Galicia es el único territorio que prohíbe por edad la entrada a las corridas de toros en España
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a España en un informe de 2018 que "prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia", con la intención de "prevenir los efectos nocivos" de la misma. Pese a ello, en la actualidad solo Galicia restringe la entrada a las corridas de toros en virtud de la edad. La comunidad autónoma impide desde 2017 la presencia de menores de 12 años en esta clase de actividades. Por otro lado, la normativa vasca, al igual que la actual legislación balear, especifica que los menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto.
Canarias prohibió en 1991 las corridas de toros porque nunca ha existido tradición taurina
La única excepción es Canarias, donde las corridas de toros están prohibidas desde 1991 a través de su ley de protección animal. La asesora jurídica de PACMA, Eva Ramos, explica a Público que el archipiélago nunca tuvo una tradición taurina. Por este motivo, las islas no vieron su legislación afectada cuando en el año 2013 el Senado declaró la tauromaquia Patrimonio Cultural de España. Sin embargo, esto sí afectó a Catalunya. La Generalitat había aprobado en 2010 la prohibición de las corridas tras la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La medida entró en vigor en 2012, pero en 2016 el Tribunal Constitucional la tumbó porque la prohibición infringía la competencia del Estado en materia de cultura.
Los animalistas denuncian que la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural impide que las comunidades autónomas puedan tomar medidas contundentes que amparen el bienestar de estos animales. El principal obstáculo de la legislación vigente es que prohibir las corridas de toros es inconstitucional. La plataforma No es mi cultura presentó este mes en el Congreso su ILP para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural. Con 664.777 firmas validadas por la Oficina del Censo Electoral, la Mesa dispone de seis meses para valorar la iniciativa legislativa.
El impulso del Gobierno andaluz a las corridas de toros
De salir adelante, muchas comunidades se verían con la posibilidad de avanzar en materia de protección de los toros. En algunas, las corridas tienen un especial arraigo, como en el caso de, Andalucía. Por esta razón, la coalición Por Andalucía propuso este martes en el Parlamento regional modificar la norma autonómica de espectáculos públicos para que la presencia de menores de 18 años en las plazas de toros suponga una infracción muy grave.
La iniciativa se encontrará previsiblemente con la oposición de los populares andaluces, que realizan una defensa férrea de la tauromaquia. Este sábado, la concejala de Bienestar Animal de Benalmádena, Áurea Peralta, acudió a la corrida picassiana celebrada en Málaga. Por este motivo, PACMA ha solicitado su dimisión. "Es como un pediatra aplaudiendo una paliza a un niño. Inexplicable e inconcebible", ha denunciado Carmen Sánchez, coordinadora provincial de la formación. El partido también lamenta que Peralta se haya comprometido, junto al alcalde Juan Antonio Lara, a recuperar los "grandes festejos taurinos" para el municipio, adherido a la Red de Municipios Taurinos. "No se puede defender a los animales por la mañana y aplaudir su tortura por la tarde", añade Sánchez.
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Por otro lado, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, anunció el pasado 15 de abril que Canal Sur retransmitirá tres festejos taurinos de la Feria de Sevilla los días 1, 3 y 11 de mayo. El popular aseguró que la televisión autonómica "se ha convertido en una herramienta fundamental para la difusión de la tauromaquia". La difusión de estos eventos tendrá lugar durante el horario infantil, en sintonía con el uso político de estos eventos que identifica la presidenta de ADDA.
De hecho, la presencia de infancias en actividades taurinas bajo el Ejecutivo de Moreno Bonilla es bastante común. La Fundación Franz Weber denunció este mes de abril que la plaza de Pozoblanco, en Córdoba, propusiera el acceso gratuito a una corrida de toros para menores de seis años, así como un precio bonificado para los niños de entre siete y 15 años.
Uno de los eventos recientes que más críticas ha desatado ha sido la financiación por parte de la Junta de unas "jornadas juveniles de tauromaquia" entre los pasados meses de noviembre y diciembre. Estas actividades, en las que participaron jóvenes de entre 14 y 16 años, recibieron el dinero de la partida que el Ministerio de Igualdad destinó a Andalucía en el marco del Plan Corresponsables, un programa estatal dirigido a la conciliación familiar. Tras la polémica, la cartera que dirige Ana Redondo anunció la retirada de los fondos a la región.
Con la mayoría absoluta del Partido Popular en la junta, la iniciativa que ha registrado Por Andalucía difícilmente saldrá adelante. Sin embargo, "abre un debate e induce a la reflexión, con lo que se puede conseguir un posicionamiento", valora a este medio Carmen Méndez. Por su parte, González considera que la iniciativa es "una medida clave" y concluye que "están instrumentalizando a los menores para que la tortura parezca aceptable, incluso algo educativo, cuando en realidad es violencia cruel y deliberada pública normalizada en el espacio público".
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