El Gobierno responde a Iberdrola que la investigación del apagón fue completamente legal

El Gobierno defiende que la investigación sobre las circunstancias que concurrieron en torno al apagón del pasado 28 de abril cuenta con todo el respaldo legal, según declaran a Público fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Su respuesta tiene lugar después de que este periódico desvelara que Iberdrola presentó el pasado 30 de mayo un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la creación del comité de análisis.

Fuentes ministeriales se remiten al propio informe del Gobierno, hecho público el pasado 17 de junio. Este indica que el comité fue creado por mandato del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y mediante orden comunicada por la  vicepresidenta tercera y ministra del MITECO, Sara Aagesen, el 30 de abril. "El respaldo jurídico es, por tanto, suficiente", remarcan desde el Ministerio.

En el escrito del recurso, liderado por la firma internacional Clifford Chance, Iberdrola sostiene que la creación del comité "carece de presupuesto habilitante" y de "la más elemental cobertura jurídica". Argumenta que el CSN formó este grupo para la gestión de una crisis "sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional por el Presidente del Gobierno".

Falta de transparencia de las empresas

En el mismo recurso, Iberdrola acusa al Ejecutivo de "deslealtad" por "crear una apariencia de coactividad sin sustento legal" con el objetivo de recabar información de las empresas sobre el apagón. La compañía considera que este planteamiento "es sencillamente absurdo" porque "incluso admitiendo que la colaboración sea voluntaria, supone producir efectos jurídicos frente a terceros".

Desde el MITECO remarcan en que el comité llevó a cabo su trabajo "sobre la base de colaboración voluntaria y sus actuaciones se rigieron por la premisa de la confidencialidad de los datos facilitados", a menos que los agentes dieran su consentimiento expreso para su difusión. Insisten en que la investigación tuvo un "espíritu de colaboración" y "ánimo de facilitar la máxima transparencia".

Bajo estas premisas, el comité envió una carta el 4 de junio a los agentes implicados en el informe, en la cual solicitaba "su autorización expresa para difundir los aspectos específicos de la información remitida" y "rogándoles la máxima transparencia para que pudiera ser comunicada a la ciudadanía con el mayor nivel de detalle". El MITECO reitera que esta solicitud tuvo lugar "siempre dentro del marco de colaboración y voluntariedad". 

"De los 67 agentes consultados, seis trasladaron su voluntad expresa de que la información fuera confidencial; tres expusieron la necesidad de autorizar previamente el contenido para su difusión; otros 57 no mandaron autorización expresa, y solo uno, Red Eléctrica, permitió la difusión de los datos de su propiedad", declaran desde el Ministerio a este diario.

La vicepresidenta Sara Aagesen invitó a Iberdrola, así como al resto de los agentes implicados, a hacer pública su propia información el pasado 24 de junio, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En una carta remitida al consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, también expresó que "en esta nueva fase -en la que la investigación ha concluido-, Iberdrola podría hacer dichos datos públicos de manera particular por el procedimiento que considere oportuno".