Dos activistas de la asociación ecologista Futuro Vegetal declaran este martes ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, a las que se investiga junto a otras 23 integrantes por conformar una posible "estructura criminal", según un atestado policial. Tanto las ambientalistas como expertas en Derechos Humanos advierten de que este movimiento judicial supone un retroceso en las libertades de la ciudadanía y, en concreto, en el derecho a la protesta.

"Marlaska me quiere presa", critica en un vídeo difundido por Futuro Vegetal Luna Lagos, miembro del colectivo y citada a declarar este martes junto a Bilbo Bassaterra. Las activistas convocaron este lunes una concentración frente al Ministerio del Interior para apoyar a las personas encausadas y defender el derecho a la protesta, del que dicen que "está en juego".

Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando la Policía Nacional detuvo a dos docenas de activistas a los que acusó de "conformar una estructura criminal" con cargos por desorden público y contra la seguridad vial en al menos 65 hechos delictivos, desde arrojar pintura a fachadas de sedes de bancos hasta cortes en las carreteras madrileñas y pintadas en edificios de los ministerios de Justicia y de Transición Ecológica.

La Policía elaboró un atestado y el Ministerio Público inició el procedimiento de instrucción para investigar al grupo ecologista. La experta en Derechos Humanos y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III (UC3M), María Eugenia Palop, advierte en declaraciones a Público de que dicho atestado "califica acciones de una forma que genera, cuanto menos, sospecha".

Eugenia Palop: "Los atestados policiales se realizan al amparo de darle a la Policía una credibilidad incuestionable"

La especialista considera que "son atestados poco confiables que se realizan al amparo de darle a la Policía una credibilidad incuestionable y que ya marca de algún modo la acción de la Fiscalía". Coincide con ella Luna Lagos: "En el atestado policial lo que se narra son protestas no violentas que califica como constitutivo de delitos de un grupo criminal", declara a este diario. Su compañero, Bilbo Bassaterra, añade que dicho documento es "un despropósito" realizado con capturas de pantalla de su página web y "sin justificación ninguna".  

Hasta ocho años de cárcel para los ecologistas

El abogado de Futuro Vegetal, Enrique Flores, recuerda a este medio que la causa se encuentra en fase de instrucción, de manera que todavía no existe una acusación en firme contra los integrantes de la asociación. De acuerdo con el Código Penal, los ecologistas podrían enfrentarse a hasta ocho años de cárcel si la jueza del caso, María Cristina Díaz Márquez, decidiera continuar adelante con el procedimiento por pertenencia a organización criminal.

Las activistas afectadas afirman encontrarse nerviosas y preocupadas por la citación de este martes. Lagos admite tener "el corazón a mil" y "un poco de ansiedad". Por su parte, Bassaterra indica que "todo esto consume mucha energía tanto a nivel físico como emocional". Las ecologistas se preparan para declarar ante la magistrada, con quien esperan poder disipar las dudas y aclarar que Futuro Vegetal es una organización que defiende la protección del planeta mediante la acción directa no violenta.

Palop critica que las acciones del colectivo ambientalista se hayan canalizado a través de la vía penal. En concreto, la jurista menciona la ocasión en que Futuro Vegetal arrojó zumo de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados. Al igual que Flores, insiste en que se trata de un material fácilmente lavable a base de agua. Por este motivo, al no necesitar reparación –como sucede en los delitos de daños–, Palop señala que dicha actividad debería haberse canalizado a través de la vía administrativa como un presunto "delito de deslucimiento".

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La Audiencia Provincial de Bizkaia avaló el uso de pintura lavable en el contexto de una protesta

De hecho, tal y como recuerda la asociación, todas las sentencias condenatorias han sido recurridas y la única sentencia firme que existe por el momento les absuelve de los cargos presentados. Concretamente, la Audiencia Provincial de Bizkaia absolvió a Lagos y Bassaterra por lanzar pintura roja lavable sobre la entrada del Museo Guggenheim de Bilbao. La decisión del tribunal sentó un precedente a favor del derecho de manifestación al avalar el uso de esta clase de materiales en el contexto de una protesta.

El derecho a la protesta, en retroceso

El escenario al que se enfrentan Lagos y Bassaterra este martes ante los juzgados de Plaza de Castilla es diametralmente opuesto al de la Justicia vasca. Según explica Flores, "se intentan enjuiciar las acciones realizadas de 2022 a 2023", las cuales constituyen "una protesta democrática en el marco que el ordenamiento legal nos permite".

Eugenia Palop: "Estamos frente a un abuso lamentable de la Policía,  la Fiscalía y de la actuación judicial"

La citación judicial de ambos activistas por la "estructura criminal" del colectivo es "una hipérbole completamente fuera de lugar incluso para nuestro marco normativo, que ya de por sí es represivo", remarca Rodríguez Palop. La especialista en Derechos Humanos lamenta que "tanto las últimas reformas del Código Penal como la ley mordaza le hayan dado a la Policía unas competencias que nunca debió tener". La instrucción actual supone "un abuso absolutamente lamentable de la actuación policial, seguramente de la Fiscalía y, por supuesto, de la actuación judicial", señala la jurista.

Luna Lagos (Futuro Vegetal): "Lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho legítimo a la protesta"

"Siendo un movimiento no violento, que se consideren nuestras protestas como parte de la actividad criminal, puede sentar un precedente que coarte la libertad de expresión de todos los movimientos sociales en todo el Estado español, ya no solo del ecologismo", declara Lagos. La activista explica que estos mecanismos son "una estrategia de intimidación" que obstaculiza las movilizaciones: "Nos tratan como criminales, nos ponen ese estigma, nos dan esa visión en medios de comunicación y frente al público, y hacen que nuestra vida se vea determinada. Y en realidad, lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho legítimo a la protesta; en concreto, protestar por defender un planeta habitable para todo el mundo".

Eugenia Palop: "Las últimas reformas del Código Penal y la ley mordaza han dado a la Policía unas competencias que nunca debió tener"

No es la primera vez que los activistas de Futuro Vegetal son señalados de esta manera. En la memoria anual de 2022 de la Fiscalía General del Estado se les incluía, junto al colectivo Extinction Rebellion, dentro del apartado de "terrorismo" y se les catalogaba como "ecologismo radical". Una decisión que fue rectificada después de las protestas de múltiples organizaciones ambientalistas. A este respecto, Palop considera que el concepto de "ecoterrorismo", como también se ha calificado a estos grupos, es "una idea absolutamente peregrina".

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Por su parte, Flores identifica que "la doctrina judicial y política se encuentra en una encrucijada respecto a los límites que hay en el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y de esa manera resolver este tipo de situaciones donde se judicializa a los activistas". En este sentido, Palop teme que este modus operandi nos encamine hacia "ejecuciones administrativas y penales impropias de un Estado de Derecho".

No solo pasa en España

De hecho, esta persecución a las acciones del ecologismo no tiene lugar solo en España. El 27 de septiembre de 2024, dos activistas climáticas de 23 y 22 años pertenecientes al grupo de protesta Just Stop Oil, fueron condenadas a dos años y a 20 meses de prisión, respectivamente. El motivo fue que arrojaron sopa sobre la pintura Los Girasoles de Vincent Van Gogh, en la National Gallery de Londres, durante una protesta sobre los combustibles fósiles.

La profesora de la UC3M afirma que "cada dos días muere un activista climático y ya se cuentan por miles los activistas torturados y asesinados, además de desplazados". Palop se refiere de este modo al informe que Global Witness –una ONG internacional que investiga abusos ambientales y de derechos humanos– publicó en 2023 y que alertaba de este mismo hecho. Dicho estudio contabilizó 177 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo durante el año 2022. Sus datos más recientes, publicados el pasado mes de septiembre, registran 196 homicidios en el 2023. Desde 2012 hasta la fecha, 2.106 ecologistas han sido asesinados, la mayoría en América Latina.

Este estudio de Global Witness también advierte de la criminalización de la protesta en el norte global: "Gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para suprimir el derecho a protestar. Las libertades cívicas están amenazadas, por ejemplo, en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, donde cada vez son más las empresas y Gobiernos que interponen demandas contra activistas por su participación en protestas pacíficas".

En este contexto de persecución de las movilizaciones sociales y, en particular, del ecologismo, los activistas esperan poder aclarar la naturaleza pacífica de sus acciones ante la jueza. "Creo que va a ser decisivo para determinar si el tribunal sigue adelante con la acusación o no", expresa Lagos. El deseo de ambos, así como el de su abogado, es que la letrada archive la causa y no continúe con las diligencias. Sin embargo, proceden con cautela ante las vicisitudes que la creciente criminalización de la protesta pueda desencadenar.