La Xunta sigue sin ejecutar el fallo que la condenó por permitir que las macrogranjas contaminaran toda una comarca

La Xunta de Galicia aún no ha adoptado medida alguna para cumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la condenó en julio del año pasado a impedir con carácter inmediato la polución de los acuíferos de la comarca de A Baixa Limia, en Ourense, contaminados desde hace décadas por vertidos ilegales de purines y nitratos procedentes de las macrogranjas de cerdos y aves de la zona. Con unos 6.000 habitantes, A Baixa Limia es uno de los territorios del Estado con mayor presión de explotaciones ganaderas intensivas, cuyos residuos han llegado a poner en riesgo el abastecimiento de agua potable y la salud de la población.

El caso afecta sobre todo a Bande, Lobeira y Muíños, tres municipios aledaños al embalse de As Conchas, que se alimenta del río Limia y que padece episodios recurrentes de proliferación de cianobacterias y hasta de emanaciones de ácido sulfhídrico, un gas inflamable, extremadamente tóxico y hasta mortal por inhalación. Se produce por la putrefacción de esas microalgas, que a su vez se alimentan de los nitratos. Cuando se acumulan en exceso por la abundancia de esos contaminantes, las que están a mayor profundidad reciben cada vez menos luz y, especialmente con la sequía y el calor del verano, también menos agua. Mueren, se descomponen y dan lugar al sulfhídrico, que se eleva hasta la superficie e intoxica el aire con una peste tan venenosa como perceptible incluso a kilómetros de distancia.

Tras décadas de denuncias, ocho vecinos presentaron una demanda conjunta y consiguieron en julio del año pasado que el TSXG condenara a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) por no hacer nada contra los vertidos. Fue una sentencia pionera para la jurisprudencia medioambiental, ya que los jueces consideraron que la pasividad de ambas administraciones vulneraba el derecho fundamental de los demandantes "a la vida, a la integridad física, a la interdicción de tratos inhumanos o degradantes, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad y al agua", tal y como figura, literalmente, en el texto de la resolución. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG consideró que la Xunta y la CHMS, "pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello", no le habían puesto remedio.

Hasta 30.000 euros por afectado

El pasado 11 de febrero, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de ambas administraciones y dio plena firmeza al fallo, que incluía indemnizaciones de hasta 30.000 euros para cada uno de los denunciantes. La Asociación de Veciños de As Conchas asegura sin embargo que hasta la fecha no sólo no se ha hecho nada para ejecutar esa decisión, sino que los vertidos continúan y siguen agravando los riesgos sanitarios con los que conviven. El Ejecutivo de Alfonso Rueda responsabiliza al Gobierno, que a su vez alega que aunque ha instado por carta a la Xunta a coordinar la ejecución del fallo, no ha obtenido respuesta.

"Se siguen produciendo encharcamientos de campos con purín, con total permisividad de las administraciones condenadas", alerta Pablo Álvarez Veloso, portavoz de la asociación, que aporta como pruebas imágenes de varias parcelas anegadas de aguas fecales durante el pasado otoño, justo cuando las lluvias favorecen la filtración de los vertidos al Limia y a los arroyos y aguas subterráneas que desaguan en el río y en el pantano. También muestra fotos de cisternas, que vincula al esparcido ilegal de estiércol líquido, circulando por la zona. "No se está actuando con la diligencia exigida por la sentencia", advierte.

A esa inacción y falta de diligencia que denuncia se añade, tal y como desveló en su día Público, que varias administraciones del PP –el Gobierno de Mariano Rajoy, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, la Deputación de Ourense de José Manuel Baltar y varios ayuntamientos con alcaldes de su mismo partido– habían destinado más de un millón de euros fondos de la UE, que Bruselas había presupuestado para recuperar el embalse, a construir un complejo acuático con piscinas e instalaciones de aguas termales. Buena parte de ese gasto se aprobó y empezó a ejecutarse poco antes de las elecciones municipales de 2015.

"Además de actuar por separado dentro de sus competencias", advierten los vecinos, "la sentencia contempla que la Xunta y la CHMS deben coordinarse para realizar análisis de calidad del agua y adoptar medidas correctivas ante situaciones de contaminación". "Pero esa coordinación no sustituye el resto de obligaciones sino que se añade a ellas", explican.

Cruce de cartas

En ese sentido, la CHMS asegura que envió dos correos a la delegación de la Xunta en Ourense el 16 de febrero y el 3 de marzo pasados instándola a acordar las medidas de vigilancia y recuperación de la zona, y que, ante la falta de respuesta, se dirigió por carta a Alfonso Rueda el 17 de marzo y de nuevo el 15 de abril. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático afirma por contra que la Xunta sí contestó: el 23 de marzo, con otra carta en la que trasladaba al presidente de la CHMS que está a la espera de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remate un estudio de presiones agrarias que afectan a las aguas de esta zona".  "Son competencia de la CHMS", subraya.

Cuando disponga de ese estudio, justifica la Xunta, "será en el momento más idóneo y productivo" para convocar a las distintas administraciones y coordinarlas "en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidad". Por su parte, los portavoces de la CHMS sostienen que el fallo judicial "no pone el foco en quien contamina", es decir las macrogranjas, sino en "quien autoriza la actividad que genera la contaminación, que es la Administración autonómica".

"Los organismos de cuenca estamos obligados a vigilar el dominio público hidráulico y a comunicarlo a las administraciones competentes, que son los ayuntamientos y Sanidad, lo que llevamos realizando desde el año 2011 con analíticas cada 15 días", indican. "No estamos parados pero hay determinadas obligaciones que debemos cumplir coordinadas las dos administraciones", matizan.

Subrayan que se ha intensificado la vigilancia de vertidos y que, aunque la CHMS no tiene competencias en materia de abastecimiento de agua, desde abril del año pasado se vienen realizando estudios sobre los niveles de nitratos en pozos anexos al embalse que muestran que los caudales subterráneos están "en buen estado", con valores inferiores al límite legal de 50 miligramos por litro. Los análisis mensuales en puntos de captación de agua y en fuentes públicas también arrojaron resultados que no superan ese tope y que en su mayoría se sitúan hasta diez veces por debajo de él.

Predecir los episodios de acumulación de algas tóxicas

La Confederación añade que ha puesto en marcha el proyecto AquaOurense, financiado de nuevo con fondos europeos, para desarrollar modelos que permitan predecir los episodios de acumulación de cianobacterias y del sulfhídrico derivado de su putrefacción. En cuanto a las indemnizaciones, explican que han planteado una consulta al TSXG para "proceder al pago que corresponde", y sobre las costas judiciales por el recurso inadmitido ante el Supremo, que se abonarán "en el momento y en la forma que indique" el Tribunal.

Mientras tanto, se aproxima el verano y la previsible disminución del caudal del Limia y del nivel del pantano que, junto a la acumulación de microalgas tóxicas alimentadas por los vertidos durante décadas y el aumento de la temperatura del agua por el calor –el año pasado se registraron en la comarca máximas de hasta 42 grados, según la Axencia Galega de Meteoroloxía– deriva cada año en su recurrente descomposición y en la aparición de gas sulfhídrico.

Los vecinos reclaman que las soluciones inmediatas que ha dictado la Justicia y que las administraciones que tienen la obligación de protegerles se coordinen para llevarlas a cabo. Pero también exigen que no estén en manos de quienes hasta ahora han tolerado que su salud esté permanentemente en peligro, porque eso resulta "incompatible con la gravedad de los hechos" que los tribunales han dado por probados.

Por ello, reclaman la dimisión de la conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez; de la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; y del presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga. A su juicio, esa es la única forma de garantizar "que se actúe de forma inmediata, coordinada y verificable para frenar la contaminación y proteger a la población afectada".