Galicia tiene 1.500 kilómetros de litoral y más de 700 playas catalogadas, pero su Manga del Mar Menor está en la única provincia que no tiene costa. El embalse de As Conchas, ubicado en los municipios ourensanos de Bande, Lobeira y Muíños, también es un lugar idílico por su riqueza natural y paisajística. Pero si recurrimos a la manida comparación es sólo porque As Conchas también lleva decenios padeciendo episodios tan graves de contaminación que están amenazando seriamente al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la zona.

El pasado 8 de agosto, la Consellería de Sanidade de la Xunta volvió a decretar el nivel 3 de contaminación -el máximo- en As Conchas y cerró las playas fluviales de Poto Quintela, O Corgo y A Rola, tras detectar niveles exagerados de nitratos y cianobacterias en las aguas del pantano. No hubo mortandad de peces ni fotos de montones de pescado muerto en las orillas, porque, al contrario que en la Manga, en As Conchas ya prácticamente no hay fauna desde hace años.

La contaminación proviene de los purines y heces que producen las macrogranjas de cerdos de las comarcas de A Limia y A Baixa Limia, que llevan décadas vertiendo esos peligrosos residuos sin apenas control en los campos, de forma que se filtran en los acuíferos que acaban desaguando en el río que les da nombre, y sobre el que se ubica el pantano. En su inmensa mayoría, esas explotaciones de carácter industrial son propiedad o están adscritas a Coren, el gigante alimentario de Galicia, que también auspicia en la zona centenares de explotaciones intensivas de aves.

"En una escala del uno al diez que mida el riesgo para la salud humana en A Limia, ahora mismo podríamos estar en el ocho", asegura Eduardo Costas, catedrático de Genética en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Albiotox. Lleva años investigando lo que sucede con la contaminación derivada de la ganadería porcina industrial de la zona y advierte de que la situación es "muy, muy grave".

Las cianobacterias son las responsables de esa "sopa verde" que ha inundado la Manga este verano y que también tiñe periódicamente de ese color el pantano de As Conchas. Según Eduardo Costas, las cianobacterias producen neurotoxinas y microcisitinas, toxinas cuyo uso está prohibido por las convenciones contra la guerra química y bacteriológica y que pueden causar la muerte por hemorragia o por fallo hepático en exposiciones a altas dosis. En dosis bajas pero continuadas, se las relaciona con enfermedades del hígado y con algunos cánceres.

Bañarse en las playas de As Conchas es un verdadero peligro cuando aparecen las toxinas, pero, aunque ni siquiera las mascotas deberían acercarse al agua, apenas hay carteles que lo adviertan. "No sólo bañarse es un riesgo evidente. También practicar deportes como el remo, o pasera por la orilla. Las toxinas también pueden absorberse por inhalación", recuerda Costas, quien explica que si en La Manga el problema son las explotaciones agrícolas, en A Limia lo es la ganadería intensiva industrial.

La concentración de la industria cárnica

Según el Instituto Galego de Estatística, en Galicia hay 267.000 unidades de ganado porcino en instalaciones de carácter industrial. Las unidades de ganado son una unidad de medida estadística que no equivale a un animal. De hecho el propio IGE calcula que en Galicia hay más de 1,4 millones de cabezas de ganado porcino. Pero la unidad sirve de referencia para medir su impacto a nivel local, para el que no existen datos desagregados de las cabezas reales por municipio. Sólo en las dos comarcas hay más de 66.000 unidades de porcino en explotaciones industriales. Si se añaden las de las dos comarcas limítrofes -Celanova y Allariz- suman 120.000. Es decir, que el 45% de los cerdos que se crían en granjas industriales en Galicia están en un territorio que apenas representa el 7,5% de la superficie total de la comunidad. Y los residuos orgánicos que producen – alrededor de un millón de toneladas cada año- acaban en un pantano de 645 hectáreas. El 0,02% de la superficie de Galicia. Tres veces menos que la Casa de Campo de Madrid.

Coren fue fundada a finales de los años cincuenta del siglo pasado por Eulogio Gómez Franqueira, un galleguista moderado bien relacionado con las élites del franquismo. La empresa, dirigida ahora por su hijo Manuel, factura más de mil millones de euros al año y da empleo a cerca de 5.000 personas entre trabajadores, socios de las cooperativas que lidera y ganaderos integrados en su cadena productiva. Cada año pone en el mercado más de un millón de toneladas de carne, principalmente de pollo y de cerdo. Es la principal empresa de Ourense, y su actividad vertebra buena parte del Producto Interior Bruto de la Provincia.

Una de las personas que más ha combatido la contaminación de Coren en A Limia es Manuel García, un pequeño productor de agricultura ecológica de Rairiz de Veiga, un pequeño municipio de 1.200 habitantes en el extremo norte de la comarca. "Vierten por todas partes. No hay un centro de gestión de residuos, y aunque a los ganaderos les cobran un canon por retirar los purines, los camiones cisterna lo tiran clandestinamente donde les da la gana", asegura. "Ellos dicen que lo usan o lo venden como abono agrícola, pero es mentira. Nadie quiere los purines de cerdo. Los agricultores saben que lo queman todo", asegura.

Inacción de las instituciones

Manuel, que forma parte del Movemento Ecoloxista da Limia (MEL), asegura que ni la Xunta ni el Gobierno han hecho nada para resolver el problema. Feijóo prometió hace años que construiría plantas de tratamiento, pero hasta ahora, nada. Y los gobiernos de Rajoy paralizaron la puesta en marcha de la declaración de zona de aguas afectadas por nitratos que le ha exigido la Comisión Europea tras una denuncia de MEL, y que es la condición imprescindible para que la Xunta declare A Limia como zona vulnerable por contaminación, lo que acarrearía medidas drásticas a los productores de Coren.

El Ministerio de Transición Ecológica tampoco ha hecho nada hasta ahora, y Manuel García advierte de que el problema ya no sólo afecta a los cultivos y a las aguas del embalse de As Conchas, sino a los pozos de agua potable del que se nutren miles de personas en las zonas rurales de A Limia, y que sólo en los últimos tres años han aumentado un 30% los niveles de nitratos. "La gente no se atreve a denunciarlo, porque muchos de los pozos se han hecho sin autorización y no es la primera vez que el Servicio de Protección de la Naturaleza denuncia a los afectados por abrir pozos ilegales en vez de tomar medidas contra quienes contaminan las aguas subterráneas", expone.

Manuel se ha pasado años denunciando la situación, y Coren la ha emprendido contra él. Hace dos años apareció en el programa España Directo de TVE mostrando cómo un camión de Coren regaba con purines una pradera de A Limia. La empresa respondió denunciándole por daños y perjuicios y reclamándole un millón de euros de indemnización.

Esa práctica, la de amedrentar a quienes osan desvelar las prácticas ilegales de las grandes empresas, se conoce como slapp. Slap es bofetada en inglés, pero slapp significa también strategic lawsuit against public participation o demanda estratégica contra la participación pública. Según Greenpeace, que hace nueve meses publicó una investigación titulada Coren contra Manuel, las slapp son "demandas presentadas por actores poderosos, generalmente grandes empresas o despachos, para acosar y silenciar a quienes denuncian alguna irregularidad en relación a asuntos públicos".

"Estas demandas mordaza son una forma de intimidación legal y acoso judicial, ya que utilizan sus poderosos medios para asfixiar a estas personas o a sus organizaciones a través complejos y costosos procesos judiciales, de tal manera que en ocasiones se ven obligados a abandonar su labor para centrarse durante años en la defensa de un proceso que les podría arruinar", afirma la organización ecologista.

Con independencia de la valoración moral que merezca la actuación de Coren, Greenpeace ha seguido muy de cerca el caso de A Limia, que, según su responsable de Agricultura, Luis Ferreirim, ha inspirado la campaña "Sin agua no hay pueblos".

"Los datos que hemos recabado indican que la situación de A Limia es muy preocupante. No cabe ni un animal más y hay que plantearse la reducción de la cabaña ganadera, que está muy por encima de la capacidad del territorio para absorber los residuos que genera", alerta. "Coren ha mostrado en los últimos tiempos algo de intención en ese sentido, pero no para dar el gran paso que hay que dar, y que es el cambio de modelo productivo", concluye.

La Asociación de Ganaderos y Agricultores se defiende

Público ha intentado recabar la opinión de la empresa, pero fuentes de Coren señalaron la dificultad para encontrar a un portavoz de la compañía que pudiera ofrecer alguna valoración y se remitieron a la Asociación de Empresarios, Ganaderos y Agricultores de A Limia (Adegal), que agrupa a unos 900 productores y de la que son miembros buena parte de los socios y productores integrados de Coren.

La presidenta de Adegal es Maite Joga, una abogada de Xinzo cuya familia está vinculada da la producción agraria. "Vivimos de la esta tierra y somos los primeros interesados en protegerla", afirma. Joga asegura que los productores de Adegal cumplen estrictamente las normas y que llevan muchos años reclamando a las administraciones que les proporcionen no ya ayudas, sino medios para contribuir a resolver el problema. "Algo tan simple como un punto de recogida de residuos o una planta de tratamiento, una normativa más clara en la materia... Son reivindicaciones de hace ocho o diez años, pero nadie nos hace caso".

Joga advierte además que ante la saturación de A Limia, los camiones cisterna están empezando a trasladar los residuos a otras comarcas, en las que es probable que, con el tiempo, se reproduzca el mismo problema.

El Movemento Ecoloxista da Limia ha denunciado la situación ante la Xunta, la Fiscalía y la Valedora do Pobo -la defensora del pueblo a nivel autonómico-. Pero las respuestas hasta ahora siempre habían sido sido negativas. Sin embargo, tras dirigirse al Defensor del Pueblo, han obtenido una pequeña victoria. Les ha atendido y ha instado a la Xunta a pronunciarse. En su respuesta, la Xunta ha atendido a una de sus demandas, como la de instalar GPS en los camiones cisterna que transportan purines y establecer una moratoria a la apertura de nuevas granjas, algo que MEL llevaba años reclamando.

La Xunta, según el escrito del Defensor del Pueblo, se ha comprometido a "no conceder más licencias de apertura de explotaciones ganaderas mientras no seamos capaces de manejar el volumen de purín existente". El uso de la primera persona del plural - "mientras no seamos capaces"- hace sospechar a los ecologistas que detrás de la redacción del texto está la propia Coren, a quien en Galicia se atribuye desde hace tiempo la capacidad para influir en el nombramiento de conselleiros de Agricultura y Medio Rural de la Xunta y a altos cargos del Gobierno autonómico del PP relacionados con la ganadería y la alimentación, tanto en los Ejecutivos de Fraga como en los de Feijóo.

Por eso, reclaman que la moratoria se refiera no sólo a la apertura de nuevas granjas, sino a la ampliación de las ya existentes, una práctica que Coren ha generalizado en los últimos tiempos.

Por su parte, la Consellería de Medio Rural de la Xunta asegura que está impulsando diferentes medidas para mejorar "la gestión sostenible y eficiente de las deyecciones ganaderas", y que prepara un ley específica al respecto. Pero admite que entre las medidas que ha adoptado hasta la fecha figuran las subvenciones para la compra de cisternas" con aspersores de purines, cuya única y discutible ventaja es que aumentan la superficie de terrenos sobre la que se vierten. Esas ayudas, según los ecologistas, habrían incentivado los vertidos descontrolados.

La Xunta anuncia además que prepara "un sistema de gestión integral" de los purines excedentarios, que incluye las plantas gallegas de tratamiento, y que habrá "una instalación prioritaria de una de esas plantas en A Limia". E inversiones de 12 millones de euros para sufragar la limpieza de los canales de A Limia y de los caminos paralelos "con el fin de mejorar la gestión de los subproductos ganaderos de esas aguas".

De ejecutarse, todas esas medidas podrían ayudar. Pero el problema es el tiempo, porque, como recuerda el científico Eduardo Costas, la situación es demasiado grave y existe un riesgo cierto para la población. "As Conchas no puede ser un sumidero de basura. Y jugar con esto es peligroso, porque el único resultado es perder. Lo que hay que hacer es dejar de contaminar", concluye.