Las ZBE en las ciudades catalanas: restricciones laxas, muchas excepciones y moratorias

Desde el 1 de enero del 2026, 38 municipios catalanes -todos de entre 20.000 y 50.000 habitantes- tienen la obligación de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así lo indica el decreto catalán sobre calidad del aire, que exige a las administraciones locales tener sus ordenanzas aprobadas y en marcha, aunque ha sido la amenaza de perder las ayudas estatales al transporte público lo que ha acelerado la puesta en funcionamiento de esta política para reducir la contaminación.

No obstante, podríamos decir que son unas ZBE "de mínimos" al ser una medida bastante impopular entre la ciudadanía. Las moratorias para los residentes, excepciones muy amplias, restricciones laxas o incluso la crisis ferroviaria de las últimas semanas, que muchos ayuntamientos han aprovechado para desactivar sine die las ZBE, hacen que su puesta en marcha haya pasado bastante desapercibida. "Se están aplicando con una prudencia excesiva, cargadas de moratorias y excepciones que reducen su eficacia práctica", lamenta el miembro de Ecologistes en Acció Dídac Navarro.

Cabe recordar que el Govern excluyó de tener ZBE hasta 24 municipios gracias a la mejora de la calidad de su aire. El Govern aprobó un decreto que establecía que la Generalitat debía hacer una revisión anual del cumplimiento de los valores de ozono, además de los límites de dióxido de nitrógeno que establece la ley española de cambio climático. Es el caso de Barberà del Vallès, Cambrils (Baix Camp), Esparreguera (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Salou (Tarragonès) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), entre otros.

Un repaso de las zonas de bajas emisiones en Catalunya

La principal zona de bajas emisiones de Catalunya es la ZBE Rondas Barcelona, que incluye casi toda la capital catalana, pero también el Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs así como parte de Cornellà y de Esplugues. Entró en vigor el 1 de enero de 2020, pero no se terminó de desplegar del todo hasta julio de 2022 debido a la pandemia de la Covid-19. El impacto de la medida ha sido bastante evidente en cuanto a la mejora de la calidad del aire en Barcelona. El 2025 se cerró con los mejores datos desde que se tienen registros, siguiendo la tendencia de los últimos años.

Ciudades como Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa y Sabadell han ido desplegando sus propios modelos de ZBE en los últimos meses, con calendarios dilatados que posponen la entrada en vigor efectiva de las sanciones. En algunos casos, los primeros meses —o incluso años— funcionan solo como periodos informativos. En Reus, por ejemplo, el calendario de aplicación se extiende con cuatro fases que permiten una adaptación lenta, mientras que en otros municipios las restricciones iniciales afectan únicamente a los vehículos más antiguos y contaminantes. En el caso de Girona podrán seguir entrando en la ZBE los vecinos que tengan coches sin etiqueta matriculados hasta el año pasado.

Las entidades ecologistas critican que determinados municipios limitan las sanciones sólo a los vehículos no residentes o que excluyen de facto buena parte de los coches registrados en el propio municipio. Otros han delimitado como ZBE áreas que ya estaban parcialmente pacificadas o con circulación muy reducida, lo que minimiza el impacto real sobre las emisiones globales.

Un caso que preocupa especialmente es el de Badalona. El gobierno municipal del PP de Xavier Garcia Albiol paró la ZBE aprobada por el socialista Rubén Guijarro. Albiol ha planteado una ZBE limitada prácticamente a un eje ya pacificado, hecho que ha sido interpretado por entidades ambientales como una aplicación "simbólica". En Manresa, la oposición de parte de la ciudadanía provocó que se retirara una propuesta de ZBE que afectaba al 50% de la trama urbana y se pasara a una afectación mínima del 2,7%, que equivale a la zona pacificada del centro. Hay una moratoria hasta el 2028.

En Barcelona, la progresiva ampliación de las restricciones a categorías de vehículos con distintivo ambiental más permisivo se ha calendarizado a largo plazo. Esta lentitud, según los ecologistas, contrasta con la emergencia climática y con los nuevos límites europeos de contaminación, que reducen casi a la mitad los valores legales actuales para 2030. Con los datos actuales, apuntan, "muchos municipios catalanes difícilmente cumplirán estos estándares si no endurecen las medidas".

Reforzar el transporte público

Navarro también señala que no se están destinando recursos suficientes para reforzar el transporte público con la calidad, la frecuencia y la cobertura necesarias para que la ciudadanía abandone el vehículo privado. Subraya que en el área metropolitana de Barcelona la red permite alternativas reales, especialmente para la gente joven, pero recuerda que hay flujos cotidianos, como los desplazamientos desde Tarragona hacia Barcelona, que dependen de un servicio ferroviario "saturado o ineficiente". En estos casos, señala, "la restricción del coche sin una mejora parcial del transporte público puede generar malestar y sensación de injusticia".

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Para Ecologistes en Acció, o se endurecen las restricciones y se refuerza el transporte público, o las ZBE corren el riesgo de quedarse en una herramienta insuficiente, demasiado blanda para afrontar los objetivos ambientales que Catalunya deberá cumplir en los próximos años para cumplir la normativa europea.