Madrid atiende con solo 65 plazas una demanda de casi 1.000 personas LGTBIQ+ sin hogar
Solo tres entidades ofrecen el recurso específico de alojamiento para un colectivo cuya tasa de exclusión residencial duplica a la del resto de la sociedad.
La principal causa del sinhogarismo entre la población LGTBIQ+ es la expulsión de su hogar de referencia por discriminación debido a su orientación sexual o expresión de género.

Madrid-
"Me llamo Natalia y tengo 25 años. Entré en la fundación cuando tenía 19 y estuve un año allí, que era lo que duraba el recurso". Así comienza a relatar su historia a Público una joven que logró encontrar refugio en una casa de acogida después de ser expulsada de su hogar familiar por anunciar su orientación sexual. Su testimonio da cuenta de una experiencia lamentablemente compartida por muchas personas LGTBIQ+.
La exclusión comenzó, en su caso, en el propio comedor de casa. Cuando Natalia le contó a su madre que le "gustaban las chicas", fue rechazada. "Me invitó a irme", afirma. Lo siguiente fue una depresión, la imposibilidad de sostenerse económicamente sola. Un tiempo después, tuvo la suerte de que una conocida la pusiera en contacto con una fundación que pudo ofrecerle alojamiento y asistencia. Desde un pueblo de la sierra de Madrid a la capital, Natalia emprendió el camino que la llevó a conocer a la única red que entonces pudo acuerparla.
En la casa compartió espacio con jóvenes LGTBIQ+ "sin papeles", personas perseguidas en sus países por su expresión de género, mujeres trans obligadas a ejercer la prostitución como única forma de subsistencia. Entre todas, lograron ir tejiendo poco a poco una red de apoyo que ella misma resume como "la familia que yo elegí". Ahora, "gracias a la fundación", apunta, ha conseguido incluso tener "una muy buena relación" con sus padres.
El caso de Natalia, sin embargo, no es eventual ni aislado. Forma parte de la situación de sinhogarismo que viven muchas personas de las comunidades LGTBIQ+. Una problemática que, aunque durante muchos años ha sido invisibilizada y desatendida, lucha por escapar de esa indiferencia. Según la encuesta Estado LGTBIQ+ 2023, un 2,25% de las personas LGTBIQ+ tiene que dormir en la calle a lo largo de su vida, en comparación con el 0,086% de la población general, según el INE. El Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar impulsado por investigadoras de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2019 pudo, asimismo, constatar que la principal causa del sinhogarismo entre la población LGTBIQ+ es la expulsión de su hogar de referencia por discriminación, ya que sus miembros no asumen su orientación sexual o expresión de género. Mientras que en la Comunidad de Madrid el 55% de las personas en situación de calle se identifican como LGTBIQ+.
El Informe 2024 de MAPER refleja un aumento del 40,3% en las solicitudes de alojamiento LGTBIQ+ respecto al año anterior
Una serie de cifras alarmantes y, por otra parte, perfectamente coherentes con lo recogido en el Informe 2024 de la Mesa Técnica de Atención a Personas LGTBIAQ+ en riesgo de exclusión residencial de MAPER, que expone un aumento del 40,3% en las solicitudes de alojamiento respecto al año anterior. El estudio, que se presenta este lunes 28 de abril a las 10.00 horas en el Congreso y al que ha tenido acceso Público, pone de relieve por tercer año consecutivo la "grave situación" que sufre esta comunidad.
Más demanda, mismos recursos
Durante 2024, las entidades participantes en MAPER recibieron 1.065 solicitudes de alojamiento de personas LGTBIQ+. Eliminando duplicidades, la cifra se reduce a 979 personas diferentes, lo que igualmente supone un incremento importante frente a las 727 personas registradas en 2023. Pese a ese aumento en la demanda, los recursos disponibles siguen siendo escasos: solo 65 plazas residenciales específicas estuvieron disponibles en toda la Comunidad de Madrid a lo largo del año pasado, lo que significa que apenas un 6,6% de quienes solicitaron plaza pudo acceder a ella. De hecho, el número total de atenciones residenciales descendió respecto a 2023, pasando de 120 a 93 personas.
Jóvenes, migrantes y en situación irregular
El perfil mayoritario de quienes solicitaron ayuda está bastante definido: personas jóvenes, migrantes y en situación administrativa irregular. La edad media fue de 32 años, siendo las personas de entre 18 y 30 años el grupo más representado (50,6%), seguido de los de 31 a 50 años (44,1%). En cuanto al lugar de procedencia, un 85,5% eran personas extracomunitarias, frente a solo un 12,7% con nacionalidad española. Los países de procedencia que se registraron con más frecuencia fueron Colombia (17,6%), Venezuela (13,3%), Perú (5,4%) y Rusia (3,4%).
Más preocupante aún es su situación legal: un 58,5% de las personas migradas se encontraban en situación administrativa irregular, lo que les impide acceder a un empleo o vivienda estable, y agrava su condición de exclusión. Apenas un 24% eran solicitantes de protección internacional y solo un 17,5% disponían de algún tipo de permiso de residencia (TIE).
Clara Castillo: "Estamos atendiendo a más personas que nunca, pero con menos recursos que nunca"
"Estamos atendiendo a más personas que nunca, pero con menos recursos que nunca", expresa a Público Clara Castillo, trabajadora social de Apoyo Positivo e integrante de la mesa técnica MAPER. Lo más grave, a su juicio, es que no disponen de "ni una sola plaza de emergencia". Eso significa que, cuando alguien llega sin saber dónde va a dormir esa noche, la única opción posible es incluirle en una lista de espera. "Desde que una persona llega hasta que accede a un recurso pueden pasar meses", advierte.
La alternativa para muchas de esas personas, explica Castillo, es volver a los recursos generalistas, donde el entorno no siempre es seguro: "Si has huido de tu país por sufrir homofobia o transfobia, y te meten en un albergue con compatriotas que comparten los mismos prejuicios, lo más probable es que vuelvas al armario". Para quienes ya han pasado por rechazos familiares o violencia institucional, eso supone una nueva capa de sufrimiento.
Una diversidad excluida
El informe también aporta datos concretos sobre la expresión de género y orientación sexual de las personas atendidas. En 2024, el 62,9% de solicitantes eran hombres cis, seguidos de un 14,6% de mujeres cis, un 5,5% de hombres trans, un 9,9% de mujeres trans y un 4,3% de personas no binarias. Un 19,7 % de las personas que pidieron ayuda no se identificaban con el binarismo cisnormativo.
En términos de orientación sexual, el 62% se identificaron como gais, un 13,6% como heterosexuales, un 10,7% como bisexuales y un 8,7% como lesbianas. La baja representación de mujeres lesbianas refleja una problemática ya señalada por MAPER y que tiene que ver, inciden, con que muchas viven situaciones de sinhogarismo "encubierto", recurriendo a redes informales de apoyo o incluso manteniéndose en relaciones de abuso para evitar la calle. "No es que no estén en situación de sinhogarismo, es que su sinhogarismo se camufla en casas donde son maltratadas o en redes informales donde no tienen un espacio propio. Eso también es exclusión", subraya Castillo.
Clara Castillo: "No es que no haya mujeres en situación de sinhogarismo, es que su sinhogarismo se camufla en casas donde son maltratadas o en redes informales"
Este año, por primera vez, además, MAPER fue recogiendo el nivel formativo de las personas atendidas. De lo cual se sabe que el 36,7% tenía estudios secundarios, el 31,2% estudios superiores, y un 19,1% formación profesional. Sin embargo, las trabas para homologar títulos, la irregularidad documental o la discriminación hacen que muchas de estas personas terminen en empleos muy precarios, si es que acceden a alguno.
'Sexilio' y violencia intragénero
La elaboración del informe anual de MAPER fue una respuesta urgente que emergió desde el propio tejido asociativo. "Nos dimos cuenta de que en Madrid no existía ninguna red coordinada que atendiera de forma conjunta el sinhogarismo dentro del colectivo LGTBIQ+", explica a Público Juan Daniel Ugalde, trabajador social en la Fundación Eddy e integrante de la mesa técnica MAPER. Las entidades que disponían de alojamientos comenzaron a coordinarse con otras organizaciones como COGAM o Arcópoli, que, sin ofrecer plazas, atendían a personas del colectivo en situación de vulnerabilidad. De ahí surgió la necesidad de recoger datos sistemáticos para hacer presión política: "Nos dimos cuenta de que si no íbamos con números, no nos iban a escuchar", señala. Y, desde 2022, el informe ha ido "ganando profesionalización y profundidad".
A nivel estatal, la situación es igualmente preocupante. Según detalla Ugalde, solo tres entidades (Fundación Eddy, Fundación San Martín de Porres y Apoyo Positivo) ofrecen alojamiento específico LGTBI en Madrid. En otras comunidades apenas existen iniciativas similares. De hecho, "solo hay recursos en Arcos de la Frontera y en Barcelona", señala el experto. Debido a la escasez de plazas se termina generando un fenómeno de concentración en las grandes ciudades. "Nos llegan peticiones de toda España porque no hay recursos en otras provincias. Eso tensiona aún más la red de atención en Madrid", advierte.
A este respecto, tiene una gran influencia el llamado sexilio. Personas jóvenes de las comunidades LGTBIQ+, expulsadas y repudiadas de sus entornos cercanos de los pequeños municipios, terminan migrando a Madrid en busca de la promesa de un espacio más seguro. Pero lo que encuentran a menudo es precariedad, falta de alternativas habitacionales y largas listas de espera para acceder a los pocos recursos disponibles. "A nuestra fundación nos llegan a diario seis o siete solicitudes. Solo tenemos 12 plazas, y el año pasado recibimos más de 320 peticiones", afirma. "Las alternativas son desde dormir en saunas hasta intercambiar sexo por alojamiento. Hemos tenido que rescatar a personas de situaciones completamente insostenibles", lamenta.
Juan Daniel Ugalde: "Muchas personas LGTBIQ+ permanecen en relaciones de pareja donde son maltratadas porque la alternativa es la calle"
Este trabajador social también pone el foco en una variable muy específica de su área de intervención que se relaciona con otras violencias estructurales apenas reconocidas, como la violencia intragénero. "Muchas personas LGTBIQ+ permanecen en relaciones de pareja donde son maltratadas porque la alternativa es la calle", denuncia. A menudo, por falta de recursos específicos o por prejuicios institucionales, estas personas no encuentran salida: "Hemos visto cómo incluso ante la Policía, un hombre que denuncia a su pareja puede recibir respuestas como: Pues defiéndete, que también eres un tío. Esa invisibilización es brutal". Ante todo esto, Ugalde insiste en la necesidad de políticas públicas "que entiendan la diversidad dentro del sinhogarismo. No basta con sumar cifras. Hay que intervenir con perspectiva", concluye.

Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.