Residencias de ancianosLa Marea de Residencias no olvida y pedirá una ley estatal para regular las condiciones de los centros sociosanitarios

"El coronavirus lo único que ha hecho es evidenciar lo que llevamos denunciando desde hace años, una falta de personal en las residencias que redunda en el trato hacia los ancianos". Ese es el análisis que realiza Mariví Nieto, cuya madre se encuentra interna en un centro sociosanitario de la capital, de lo sucedido en los peores meses de la pandemia. La falta de equipos de protección individual para los trabajadores al principio de la crisis sanitaria se sumaba a la falta de personal estructural que vienen denunciando las asociaciones de afectados. Reunidos en la Marea de Residencias, este sábado marcharán hasta el Ministerio de Sanidad para reivindicar una ley estatal que regule los ratios de personal.

Una de sus principales reivindicaciones está basada en la "mercantilización que algunos empresarios hacen de la vejez. Las residencias concertadas, gestionadas con dinero público, deberían dejar de existir, queremos que sean públicas. No podemos mantener con el dinero de todos negocios en los que unas personas se benefician mientras no prestan el debido cuidado a nuestros residentes", en palabras de una trabajadora de la residencia pública de Vista Alegre, en el barrio madrileño de Carabanchel. Ella misma demanda a la Administración un control más riguroso en los centros concertados, "donde, en muchas ocasiones, no se contrata a personal cualificado que no tienen el grado sanitario necesario para realizar las tareas".

En un ejercicio de memoria, esta trabajadora que prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias, describe como "inhumano" lo vivido desde el mes de marzo. "Aunque ahora sí disponemos del material de protección, tenemos miedo porque si el virus entra fuerte en esta segunda ola no sabemos si la Administración nos va a proteger, porque ya nos dejaron desamparados hace unos meses. No queremos tener que volver a vivir de las donaciones", declara la trabajadora. En su residencia en concreto, el balance de fallecidos en los peores momentos del coronavirus llegaron a fallecer en torno a 18 residentes de 145 en total, "aunque no se puede saber si fueron por covid-19 porque al principio no se realizaban las pruebas", agrega.

Miedo a volver a la situación de antes

Peor resultado fue el cosechado por la residencia pública de Alcorcón, donde fallecieron en torno a 75 residentes y hasta un centenar de trabajadores estuvieron de baja a causa de los contagios. María (nombre inventado también por miedo a represalias) es una de las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE): "Ahora no está del todo mal la situación porque seguimos con el refuerzo de plantilla que se hizo en su momento, pero en cuanto termine septiembre los compañeros se van a marchar. A su vez, se producirán nuevos ingresos por todas las habitaciones que se han quedado libres, así que volveremos a la misma situación".

Dado que el virus golpeó con bastante fuerza en su centro, la seroprevalencia de los residentes es muy alta, al igual que la de los trabajadores, entre los que se incluye. "Hay un problema de raíz y es que mucha gente sigue pensando que una residencia es como una casa. Eso pasaba hace 40 años, cuando entraba poca gente y en mejor estado. Ahora las personas viven muchos más años pero con una pésima calidad de vida, así que necesitan que les demos la asistencia que necesitan aunque no tengamos los medios adecuados", explica María.

Estragos psicológicos en los profesionales

Desde su punto de vista, medicalizar los centros sociosanitarios evitaría muchos de los problemas a los que se enfrentan en estos momentos: "Aquí hay gente que necesita sueros y medicamentos, y sobre todo oxígeno. Si estamos en estas condiciones en la pública, no quiero ni pensar cómo estarán en una concertada o privada", reflexiona la TCAE. Preguntada por los estragos psicológicos de la presión a la que se vio sometida desde marzo, María afirma que acudió a un psicólogo. "Iba muy nerviosa a trabajar porque no paraba de pensar en que si me contagiaba yo podía contagiar también a mi familia, o a mi madre incluso. Además, aunque somos profesionales y sabemos diferenciar, hemos visto cómo se han ido algunas personas con las que pasábamos muchas horas a lo largo del día, y eso también te da mucha lástima. Realmente, lo que más pena da es la forma indigna en la que han fallecido porque se podían haber ido con menos agonía", narra la trabajadora de Alcorcón.

Algo parecido es lo que cuenta la TCAE de Carabanchel: "Al principio de mis vacaciones me costó mucho desconectar, así que he tenido que juntar días libres que tenía con el periodo de descanso para poder llegar a la normalidad. Estábamos exhaustos y seguimos con miedo ante lo que se avecina, porque no tendremos más fuerzas para una nueva ola. No tenemos problemas en asimilar lo que tenga que venir, pero no podremos hacerlo si la Administración nos desampara como ocurrió, tenemos que sentirnos protegidos para afrontarlo".

La otra cara de la moneda la ponen los familiares, que han visto cómo sus seres queridos eran atendidos en unas condiciones que han llegado a denunciar ante la justicia. Mariví Nieto tiene a su madre en la residencia de Alcorcón y describe la situación como "deprimente". "Mi madre es una gran dependiente, no se puede comunicar, no habla y todos los días tiene los ojos cerrados. Yo creo que debe pasar las 24 horas somnolienta. Respondía si sentía algún estímulo, pero ahora que no se la puede tocar o abrazar es inviable. A dos metros de distancia, por mucho que le digas cosas, no presta ninguna atención", añade.

Hablan los familiares

"Los familiares estamos abatidos al ver que esta situación se prolonga en el tiempo. Vemos cómo nuestros seres queridos cada vez se deterioran más cognitivamente; llevan meses deprimidos. Una facultad que antes tardaba en perderse un año ahora la han perdido en tres meses", agrega Nieto. Asimismo, esta afectada también se queja de la opacidad a la que se enfrentan por parte de las gerencias: "No tenemos datos oficiales de cuántas personas han perdido la vida en la residencia de mi madre. El trato que han dado a los familiares ha sido nefasto", reivindica Nieto.

Carmen López perdió a su madre a causa del coronavirus el 1 de mayo. Residía en el centro de Leganés Parque de los Frailes, público de gestión privada. Es concisa: "Ha habido casos de familiares que me han llegado a decir 'no sé nada de mi madre desde hace diez días y me acaban de llamar porque ha fallecido'", corroborando así la opacidad en cuanto a la información ofrecida a los familiares. La situación ha sido "horrorosa", tal y como ella misma la relata. "La vigilancia de los familiares es esencial para que den un buen trato a los mayores. En este tiempo que no hemos podido ir les han tenido confinados en sus habitaciones y sin levantarles de la cama porque no había personal suficiente para ello".

Un gran golpe fue darse cuenta de la orden emitida sobre la no derivación de los infectados en las residencias a los hospitales. "Se les negó el auxilio hospitalario cuando eran los más vulnerables, se les dejó morir solos", apuntilla. Aunque pudiera parecer que de puertas para fuera la maltrecha nueva normalidad era una realidad, dentro de los centros sociosanitarios la situación no había cambiado demasiado: "Nosotros hemos podido respirar, viajar, tomar algo con nuestra gente, pero ellos no, siguen sin poder salir de la residencia ni tocar a sus familias. Muchos de ellos, con capacidades cognitivas deterioradas, apenas entendían que quien tenían en frente era su hijo porque no eran capaces de reconocerlos tras meses sin verlos", explica.

Una ley podría regular el sector

López, que también es la presidenta de la Asociación por los derechos de los mayores y familiares (Ademaf) de la Comunidad de Madrid, afirma que han denunciado a varias residencias de la región por lo que consideran una actuación negligente. "Necesitamos que la gente sea consciente de que esto es algo que hay que solucionar entre todos, y que si no salimos a la calle a reclamarlo ellos seguirán haciendo lo mismo que hasta ahora, que es encerrarlos y prohibir las visitas a sus familias en lugar de dignificar el servicio que reciben con la contratación de terapeutas, fisios, psicólogos…", aduce. En este sentido, Nieto se muestra clarividente: "Desde la Marea entendemos que los trabajadores están teniendo el mismo maltrato que los residentes porque trabajan en unas condiciones de precariedad absoluta y en ningún momento les han dotado de medios para poder realizar su trabajo de manera digna".

Por ello, la Marea de Residencias ha convocado una manifestación el sábado 26 de septiembre que partirá a las 12.00 desde la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad. "Ojalá que quede conciencia de que las residencias no deberían ser un negocio, sino un medio para que el final de la vida de las personas fuera digno, y que los profesionales estemos reconocidos como tales", expresa María. Así pues, exigirán una Ley de Residencias común a todo el país para que después cada comunidad autónoma, en donde recaen las competencias, la adopte, "pero con unos mínimos dignos porque no se puede permitir el estado en el que nos encontramos ahora", subraya López.