MarruecosSiete años sin Emin y Pisly: "Marruecos mata, España calla"

Sin multitudes. Este 27 de octubre Driss Mohamed Amar y Abdeslam Ahmed Maanan, los padres de Emin y Pisly, conmemoran el asesinato de sus hijos abatidos presuntamente por la Marina Real marroquí hace siete años. Lo hacen en una jornada marcada por las restricciones impuestas por el nuevo estado de alarma que impide concentraciones y encuentros de más de seis personas para evitar la propagación del coronavirus. Por ello, este mediodía guardan cinco minutos de silencio desde sus casas en lugar de hacerlo frente al ayuntamiento de la ciudad autónoma.

"Primero es la salud de los demás y no queremos correr riesgos con esta pandemia, pero sí que nos hubiera gustado reunirnos como venimos haciendo cada día 27 de cada mes desde 2013 ante el Palacio de la Asamblea de Melilla para reclamar justicia por el asesinato de nuestros hijos", explica a este diario Abdeslam Ahmed, padre de Pisly, apodo cariñoso de su hijo Abdeslam Ahmed Alí que murió con 24 años acribillado a balazos junto a su amigo Amin Mohamed Driss, conocido como Emin, de 20 años, el 27 de octubre de 2013 mientras navegaban en su zodiac en aguas marroquíes frente al cabo Punta Negri, a 35 kilómetros de la ciudad española de Melilla.

En este triste aniversario visitarán las tumbas de sus hijos en el cementerio musulmán de Melilla, y soltarán al cielo siete globos, uno por cada año de ausencia y por cada año sin respuestas por parte de las autoridades españolas y marroquíes. En estos siete años de lucha, las evasivas de ambos gobiernos han sido constantes, pero tanto Abdeslam Ahmed como Driss Mohamed tienen claro que moverán cielo y tierra hasta conseguir justicia para sus hijos.

Lucha contra el carpetazo

El pasado 23 de septiembre, la Audiencia Nacional emitió una orden de busca y captura internacional e ingreso en prisión para los tres militares de la Marina Real marroquí acusados como presuntos autores del tiroteo que causó la muerte de los dos jóvenes melillenses. Esta noticia llegó a las familias de la mano de su defensa, el despacho de abogados ILOCAD, que dirige el ex juez Baltasar Garzón y que decidió representarlos pro bono dado el interés público del caso. El abogado de este bufete al frente de la causa, Pedro Javier Díaz Carreño, define esta orden como "un logro en aras de un juicio justo porque es evidente que no hay proporcionalidad".

"Esta noticia nos ayuda a seguir adelante. Nunca perdimos la esperanza, pero nos ha recargado de energía para mantener la lucha y saber qué pasó con nuestros hijos", afirma el padre de Emin, Driss Mohamed Amar, sentado en una de las sillas de El Trébol, la cafetería que regenta. A su lado, Abdeslam Ahmed Maanan remarca: "Seguiremos luchando hasta conocer la verdad. Los implicados llevan haciendo vida normal todo este tiempo, pero la nuestra se detuvo aquel 27 de octubre".

El auto del juez reclama la extradición de tres militares porque ve indicios de criminalidad contra los investigados como tripulantes

La decisión de la Audiencia Nacional choca de bruces con la petición de la Fiscalía, que solicitó el archivo de la causa tras considerar que no existían elementos suficientes que permitieran dirigir el procedimiento contra persona alguna, omitiendo la responsabilidad de los tripulantes de la embarcación desde la que se efectuaron los disparos. Para el abogado Díaz Carreño esta petición del Ministerio Fiscal "no tiene sentido" porque "la identidad de los implicados estaba suficientemente acreditada con los documentos aportados en el informe de la Gendarmería marroquí".

El auto del juez José Luis Calama, magistrado que dirige el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, reclama la extradición del comandante Mounir Tisman y de los sargentos Aziz el Mals y Mouhen Brioul porque ve indicios de criminalidad contra los investigados como tripulantes de la patrullera desde la que se realizaron 41 disparos contra los dos jóvenes que navegaban en su embarcación con bandera y matrícula española. El magistrado ordenó también la comparecencia judicial en las 72 horas siguientes tras ser puestos a disposición de un juez.

Sin embargo, para hacer efectiva esta orden de la Audiencia Nacional sería necesario que Marruecos aceptara la extradición de los tres militares a España, algo que no ha hecho en estos siete años. "Marruecos no tiene intención de colaborar. Archivó el caso tan pronto como pudo alegando que la investigación realizada por un juzgado militar marroquí determinó la no culpabilidad de los tres investigados por considerar que actuaron según requirieron las circunstancias", comenta el letrado del despacho ILOCAD.

Este viernes, 30 de octubre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se reunirá para resolver el recurso que interpuso la Fiscalía el pasado mes contra la orden de busca y captura internacional. "Desde la Defensa esperamos que el procedimiento siga adelante y no se detenga aquí", indica el abogado Pedro Javier Díaz Carreño.

Persecución y tiroteo

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2013. Ese mediodía ambos jóvenes habían quedado para navegar en su embarcación neumática, cargados con sus equipos de pesca, aprovechando un día soleado de otoño. Según el atestado de la Gendarmería, el suceso tuvo lugar entre las siete o las ocho de la tarde, cuando ya había oscurecido. "Emin y Pisly debieron ver algo que dejaba en una situación comprometida a la Marina Real marroquí, que optó por quitárselos de en medio", apunta Abdeslam Ahmed.

Estas sospechas surgen tras las contradicciones detectadas en las declaraciones de los militares del país vecino y la autopsia que los familiares consideran manipulada. La Marina Real manifestó en un primer momento que interceptó a los jóvenes y les dio el alto por considerarlos sospechosos de narcotráfico. Según su versión, recogida por la agencia de noticias marroquí MAP, los melillenses se dieron a la fuga e ignoraron los cinco disparos de fogueo que lanzaron al aire y tras los cuales abrieron fuego con una ráfaga de 41 disparos, tres de ellos alcanzaron a los chicos, el resto agujerearon la zodiac.

A esta declaración añadieron que la persecución se dio después de que los muchachos trataran de embestir con su lancha neumática a la patrullera de costa número 116 de la base naval número 5 en Alcazarseguir. "¿De verdad esperan que nos creamos que unos chicos, con toda la documentación en regla, navegando en una lancha hinchable, trataran de embestir a una patrullera? ¿Se han parado a medir y comparar ambas embarcaciones?", cuestiona el padre de Pisly.

Autopsia manipulada

Los familiares de Emin y Pisly no creen esta versión de la misma forma que rechazan las conclusiones de la autopsia realizada en el hospital Hassani de la localidad marroquí de Nador, a 16 kilómetros de Melilla, donde fueron trasladados los cuerpos de ambos jóvenes, después de que la Gendarmería Real de Marruecos se presentara en el lugar de los hechos cuando los militares de la Marina Real arrojaron al mar los cadáveres de los melillenses. "Si no llega a aparecer la Gendarmería, la Marina hubiera hecho desaparecer los cuerpos y no los enterramos", reflexiona Abdeslam Ahmed. "No serían los primeros", añade Driss Mohamed.

Las autoridades marroquíes nunca entregaron el informe forense a las familias españolas, que se enteraron de escasos detalles a través de las informaciones publicadas por la agencia de noticias MAP, que describía de forma sintética los resultados del estudio forense que avalaba que los disparos se corresponderían con los efectuados durante una persecución. Esta versión oficial de la Marina Real, que justificó en todo momento los disparos a una distancia superior al metro y medio. Sin embargo, los padres sospechan que el escueto análisis fue manipulado. "¿Cómo van a encontrar pólvora si lanzaron los cuerpos al mar y lavaron sus ropas?", pregunta el padre de Pisly.

Las autoridades marroquíes nunca entregaron el informe forense a las familias españolas

La segunda autopsia, realizada ya en España, duró cuatro veces más que la practicada en el país vecino y dedicó siete horas a cada uno de los jóvenes. Este nuevo examen forense se vio determinado por la manipulación que sufrieron los cuerpos en Marruecos, ya que al lavarlos no se pudo detectar presencia microscópica de pólvora, según el informe del Instituto de Toxicología de Madrid, pero aportó datos que la necropsia marroquí omitió: Emin tenía heridas "excoriativas", caracterizadas por la ausencia de piel, en la "región frontal, cigomática, maxilar inferior y mejilla derecha".

Esta descripción reafirmó las sospechas de los padres: "Los chicos fueron maltratados antes de ser abatidos con disparos a bocajarro", afirma Abdeslam Ahmed, quien asegura que "tenían hematomas en el tórax y golpes en la frente que pueden corresponderse con el golpe de la culata de un arma". De hecho, supo por un médico marroquí que durante la primera autopsia había sacado unas veinte postas que destruyeron parte del hígado y del estómago de Pisly. "Esto indica que los disparos no se efectuaron con el arma reglamentaria y que además los dispararon a muy poca distancia", recalca.

España, rehén de Marruecos

En siete años de lucha por esclarecer los hechos y reclamar justicia para Emin y Pisly, el Gobierno de España prácticamente no ha movido ni un solo dedo para defender a estas familias españolas y meter entre rejas a los culpables del asesinato de estos jóvenes melillenses. Asesinato que movilizó a centenares de melillenses de las cuatro culturas de la ciudad autónoma –musulmana, cristiana, hebrea e hindú– y que recorrieron el centro de Melilla dos meses después de los hechos con el lema Marruecos mata, España calla y cánticos como Emin y Pisly eran españoles; no marroquíes.

El periodista Ignacio Cembrero ha hecho un seguimiento exhaustivo de este caso desde el inicio hasta la actualidad en diferentes medios de comunicación nacionales e incluyó un capítulo sobre este suceso en su libro La España de Alá (2016). "Marruecos se ríe de España. Las autoridades marroquíes han rehusado cooperar con la investigación desde el principio y el país vecino nunca extradita a sus súbditos", señala Cembrero.

En siete años de lucha por esclarecer los hechos y reclamar justicia para Emin y Pisly, el Gobierno de España prácticamente no se ha movilizado

A ello suma el silencio y la inacción cómplice del Gobierno de España: "Las autoridades españolas también han dado la espalda a las familias". En este punto hace referencia a las promesas incumplidas de los ministros de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el de Interior Jorge Fernández Díaz para esclarecer el caso. El periodista recuerda que "en diciembre de 2013, el portavoz del Ejecutivo marroquí, Mustafa el Khalfi, anunció que entregaría un informe al Gobierno de España y a día de hoy todavía no ha llegado a pesar de que Margallo dijo que el ‘incidente’ se aclararía con rapidez gracias al buen clima de colaboración entre ambos países".

Cembrero remarca la falta de interés de los sucesivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE para hacer algún tipo de presión sobre el país alauí para que colabore en el caso después de que Rabat no respondiera a las comisiones rogatorias. "Es humillante el trato que han recibido estas familias por parte del Gobierno", dice tajantemente. Prueba de esta humillación continuada en el tiempo es la negativa de los altos cargos españoles que visitaron la ciudad autónoma a recibir a las familias y no fue hasta pasados dos años del asesinato, en 2015, cuando García-Margallo y Fernández Díaz los recibieron por compromiso, pero sin intención de seguir adelante como demostró posteriormente la ausencia de acciones realizadas.

Sin embargo, el momento más "bochornoso" se dio en 2014, cuando el secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, suplicó al encargado de Negocios de Marruecos en Madrid, Badreddine Abdelmoumni, que "se conformaría con cualquier informe para zanjar el asunto", documento que nunca llegó. Cembrero tiene claro que las autoridades españolas se habrían implicado en el caso si los españoles asesinados tuvieran apellidos cristianos en lugar de musulmanes. A ello añade los intereses que España tiene sobre Marruecos como país al frente de la externalización de fronteras y garante de la vigilancia antiterrorista y contra la inmigración irregular y cuyos desencuentros pueden afectar a su gestión.