Colectivos denuncian la instrumentalización del padrón como herramienta de control migratorio

No poder pedir cita en un hospital, no estar escolarizado, ni poder alquilar una habitación. En definitiva, no existir a ojos del Estado. 

En España, estar sin padrón es vivir sin derechos y fuera del radar de las administraciones públicas. Una ausencia en los registros locales que distorsiona las cifras oficiales, infradimensiona la población real y empuja a miles de personas, en su mayoría migrantes, a una vida relegada a los márgenes. Esa es la fotografía que traza el informe El derecho a tener derechos: cuando el empadronamiento se vuelve trinchera, presentado este viernes por la Coordinadora estatal Padrón por Derecho, que documenta cómo la falta de empadronamiento se ha convertido en una forma estructural de exclusión. 

Según recoge el informe, en los últimos tres años más de 28.700 personas fueron atendidas por Médicos del Mundo tras encontrar obstáculos para recibir atención sanitaria o acceder a tratamientos esenciales. La mayoría eran personas migrantes en situación irregular, atrapadas por la exigencia de acreditar tres meses de residencia para acceder a la sanidad pública. "Al no estar empadronadas, muchas personas solo pueden acceder a urgencias, y aun así se les emiten facturas con costes inasumibles, incluso teniendo enfermedades crónicas, problemas de salud mental o necesidades de seguimiento continuado", explica Jhonny Vallés, coordinador de la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes y participante del movimiento Regularización Ya.

Sin padrón, un menor tampoco puede ser matriculado con normalidad en un centro educativo. Desde la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes han acompañado a familias cuyos hijos han pasado meses sin escolarizar. "Hemos visto menores perder prácticamente el curso entero por no tener padrón. Son niños y niñas que acaban de llegar, que ya están atravesando un duelo migratorio, y se encuentran con que no pueden ir al colegio. La exclusión empieza desde la infancia", señalan. La fractura se prolonga en etapas posteriores, con obstáculos para acceder a la universidad, homologar títulos o acreditar estudios previos.

 Hemos visto menores perder prácticamente el curso entero por no tener padrón  

Algo similar ocurre en el acceso a la vivienda, ya que no pueden acreditar un domicilio legal, las personas excluidas del padrón quedan fuera del mercado de alquiler y de las ayudas públicas, lo que las empuja, en muchas ocasiones,  a vivir en condiciones de hacinamiento o en infraviviendas. "En Valéncia hemos visto cómo solicitar un empadronamiento especial puede acabar en un desahucio inmediato. Por ejemplo, en casos de subarriendo, puede llegar a acudir la Policía local, eso genera miedo y provoca que muchas personas pierdan su alojamiento de un día para otro. Por eso existe tanto temor a pedir el padrón", explica Vallés.

El informe también alerta de la venta ilegal de padrones y contratos ficticios por cantidades que oscilan entre los 150 y los 300 euros, así como de casos de explotación laboral ligados a la economía sumergida. "El empadronamiento es la única vía que permite demostrar el tiempo de permanencia en España. Cuando se cierra esa puerta, se empuja a las personas a la irregularidad y al abuso", mantienen desde la Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes.

La ley española obliga a empadronar a todas las personas

Esto ocurre a pesar de que la ley española reconoce en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales la obligación de empadronar a todas las personas que residen en un municipio, incluso cuando no disponen de domicilio fijo. Además, la Resolución de 17 de febrero de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local refuerza esta disposición, ya que apunta que el empadronamiento debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino, incluyendo infraviviendas o la ausencia total de techo y que, en casos de personas sin domicilio, se puede recurrir a fórmulas como el "domicilio ficticio" asignado por los servicios sociales.

A pesar de ello, el informe asegura que este derecho no se está cumpliendo. El Defensor del Pueblo ha denunciado de manera reiterada diferentes irregularidades en distintos puntos del país: desde denegaciones sistemáticas del padrón hasta exigencias de documentos que la ley no contempla o trabas para empadronar a personas sin vivienda estable. 

La consecuencia es una vulneración directa de derechos, incluyendo a la Ley de Extranjería, donde se apunta que se garantiza el acceso de todas las personas extranjeras a los servicios sociales básicos con independencia de su situación administrativa, un derecho que resulta imposible de ejercer sin empadronamiento. 

Así, los colectivos denuncian que con la denegación de este derecho se refleja la idea de residentes de primera -con derechos garantizados- y residentes de segunda -invisibles para el sistema-. En territorios como Murcia, Almería o Huelva, esta desigualdad adopta la forma de lo que las organizaciones definen como un "apartheid suave", donde la economía depende del trabajo de personas migrantes a las que se les niega reconocimiento jurídico.

Herramienta de control migratorio

La plataforma denuncia, además, la instrumentalización del padrón como herramienta de control migratorio. En los últimos años, han detectado un aumento de municipios que endurecen los requisitos de empadronamiento al calor de discursos políticos que vinculan migración con inseguridad. El informe sostiene que el padrón se convierte así en un "campo de batalla ideológico" en el que algunas autoridades locales buscan enviar mensajes de "mano dura", aun a costa de vulnerar la ley. "Cuando las instituciones usan el padrón para excluir, fuerzan a las personas a la clandestinidad; esa clandestinidad alimenta mercados ilegales y dificulta la gobernanza", señala el documento.

Un ejemplo reciente es la propuesta presentada en junio de 2024 por Vox en el Ayuntamiento de Burgos, que planteaba controles policiales domiciliarios, un buzón de denuncias anónimas y la negativa a empadronar en viviendas consideradas ilegales o sobreocupadas. La iniciativa provocó el rechazo de organizaciones sociales y juristas, que advirtieron de su carácter discriminatorio y de su ilegalidad, y acabó siendo rechazada por la propia alcaldía al considerar que podía vulnerar derechos constitucionales y que no era de competencia municipal.

Vox en Burgos planteaba controles policiales domiciliarios y un buzón de denuncias anónimas 

Los colectivos señalan que con "voluntad política" de las administraciones municipales se puede cumplir este derecho. Un ejemplo es el municipio de Areatza (Vizcaya), que ha aprobado una regulación para realizar una alta de oficio en el padrón para amparar a aquellas personas que, teniendo un domicilio fijo, no pueden llevar a cabo el empadronamiento porque no cuentan con la autorización de la persona propietaria o arrendataria.

Ante este escenario, las organizaciones reclaman medidas concretas: la creación de un observatorio estatal que supervise el cumplimiento efectivo del derecho al empadronamiento; la emisión de instrucciones claras, vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de la administración central; así como la adopción de protocolos y criterios unificados, procedimientos accesibles y la puesta en marcha de unidades especializadas para personas en situación de sinhogarismo o que residen en asentamientos informales.