El centro de menores de la Casa de Campo de la Comunidad de Madrid es un edificio donde residen alrededor de 66 jóvenes. Todos son migrantes y, aunque el lugar está pensado para estancias cortas y un máximo de tres meses, hay quienes por la saturación del sistema llegan a pasar todo un año entre esas paredes. Antiguamente, era un albergue donde un excursionista podía hacer noche, pero desde hace unos años se ha reconvertido en este centro de primera acogida. 

Público ha tenido acceso a imágenes que revelan el estado del edificio: humedades, grietas en las puertas, detectores de humo averiados, calefacción defectuosa, ventanas rotas y falta de limpieza en las zonas del comedor. A esto se suman imágenes que muestran que la ropa que reciben los menores durante su ingreso está rota y roída, que el acondicionamiento del antiguo albergue consiste en apenas un sofá y unas sillas, y que la temperatura de las zonas comunes en muchos momentos ronda los cero grados.

El centro era gestionado hasta enero de 2025 por la Fundación Antonio Moreno, y tanto las imágenes como los relatos de los trabajadores a los que ha tenido acceso este periódico corresponden a este periodo. Desde la fecha apuntada, el pliego de contrataciones cambió y el centro de menores de Casa de Campo quedó en manos de la empresa Diagrama. 

A las fotografías se añade además que los empleados denuncian un sistema motivacional "arbitrario" y "perjudicial" para los menores que consiste en dar y quitar puntos según su actitud. También apuntan a falta de material, enfrentamientos entre la dirección y los menores, reuniones de equipo donde se habría propuesto como estrategia amenazar a los jóvenes para conseguir que se calmen, así como un incumplimiento continuado de las ratios de empleados mínimos a los que obligaba el pliego de contratación. En general, varias actitudes y formas que chocarían con Ley de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) y con legislación de la propia Comunidad de Madrid.

Empleados denuncian actitudes que chocan con ley de protección del menor y con legislación de la Comunidad de Madrid

Público ha contactado con las dos últimas directoras del centro, responsables del mismo cuando se tomaron estas fotos y fueron recogidos los testimonios. A través de una llamada telefónica, se les ha ofrecido dar su versión, pero han rechazado hacerlo. La Consejería de Familia, Juventud y Derechos Sociales de Ana Dávila no ha respondido a las preguntas formuladas, pero asegura que "está proyectada una reforma integral en el centro de más de cuatro millones de euros, con actuaciones previstas para este mismo año", aunque no han facilitado documentación que lo pruebe. 

Las denuncias de trabajadores

Los trabajadores hablan: "Hemos tenido que recordarles en varias ocasiones que se saltan la ley de protección del menor", reconoce un trabajador del centro sobre la gestión de la dirección. Esta persona prefiere, así como otros tres empleados con los que ha contactado este periódico, salvaguardar su identidad para no sufrir represalias laborales. 

"Una de las vulneraciones más graves contra los menores es la del derecho a la intimidad", explica otro de los trabajadores. "Por órdenes del equipo técnico, todos los días deben realizarse registros en las habitaciones de los menores y se llegan a hacer dos al día, cuando esta práctica solo debería reconocerse en casos excepcionales. A veces el ambiente recuerda a una cárcel", relatan. 

"Todos los días deben realizarse registros en las habitaciones", relatan los trabajadores

Cuando los trabajadores piden que la orden de registro de habitaciones se les entregue por escrito, la dirección no llega a dar el paso. La forma de realizar el registro de habitaciones en Casa de Campo incumple lo establecido en la Ley de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), que en su artículo 30 recoge cómo deben hacerse este tipo de prácticas. "Esto está restringido a centros para menores con problemas de conducta, no siendo este el caso del de Casa de Campo", asegura otra trabajadora.

La baja temperatura es algo frecuente en este centro de menores. "Los chicos duermen con abrigo", relata otra fuente. Durante los meses de invierno la calefacción solo se pone durante ocho horas y las imágenes con termómetro a las que ha tenido acceso este periódico demuestran que no siempre se alcanzan los 20 grados mínimos que marca la Orden 612/1990 de la Consejería de Integración Social relativo al Régimen de Autorización de Servicios y Centros de Acción Social y Servicios Sociales. 

"Tienen tan poca ropa que si sudan con ella puesta mientras duermen, es la que tiene que llevar el día siguiente", relatan los trabajadores. Las condiciones de las prendas que se entregan a los jóvenes también es objeto de crítica. "No recuerdo la última vez que vi unas zapatillas", dice una de las empleadas. Una de las imágenes a las que ha tenido acceso Público revela que la ropa que se da a estos menores está, en muchas ocasiones, sucia y rota.

El estado y calidad de la comida también también es objeto de críticas. "La mayoría de días comen arroz y pollo. El único pescado que he visto durante este tiempo es una merluza rebozada, de esas que no alimenta ni a los gatos, todo ultraprocesado", aseguran las personas consultadas.

Denuncias de malas prácticas

Pero los relatos sobre este centro de menores también ponen el foco en algunas prácticas habituales. Una de las trabajadoras atestigua haber visto cómo supuestamente "un coordinador tiró de la cama a un chaval", acción que "casi le abre la cabeza". Además, estos empleados aseguran haber formado parte de reuniones de equipo donde se aconsejaría "amenazar con quitarles los papeles" a los menores para que su actitud sea la adecuada. 

En las reuniones de equipo se aconseja, según las denuncias, "amenazar con quitarles los papeles" a los menores para que la actitud sea adecuada

Algunos de los menores, de creencia musulmana, han tenido complicaciones para seguir con su fe: "No les dejan ayunar", aseguran estos trabajadores, que dicen haber presenciado cómo había menores que se quedaban sin comer por haber llegado unos minutos tarde a la hora citada para el turno de comidas. 

Ratios incumplidas

Las ratios de personal establecidas en el pliego exigen por las mañanas 0,16 trabajadores por menor, 0,2 por las tardes y 0,12 por las noches. En números totales adaptados al centro de Casa de Campo, al menos diez trabajadores por las mañanas, 13 por las tardes y ocho (7,92) por las noches. 

Los trabajadores denuncian que han llegado a ser "cinco profesionales en turno de fin de semana, que abarca desde las 9 de la mañana hasta las 22.30 de la noche". Estas faltas suponen "un déficit en la atención que se presta a los menores", reconocen estos empleados.

Pero el sistema motivacional que se implantaba también forma parte de las críticas de estos empleados. "Resulta, no solo ineficaz, sino incluso perjudicial para el desarrollo y el progreso de los menores", aseguran los trabajadores del centro. Básicamente, el sistema se basa en seis niveles en los que van adquiriendo beneficios según se asciende. Cada día se ganaban puntos, pero también se podían perder, si por ejemplo, se protestaba.

En función de sus puntos, los menores tienen más o menos permisos para salir del centro de forma autónoma y autorizada. Pero el Art. 21.6 de ley de protección jurídica del menor dice que estas limitaciones deben darse "en casos graves de perturbación de la convivencia" y que deberán ejercerse "de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores".