El venezolano Antonio Durán tiene una estrategia. Cuando llega al centro de salud del opulento barrio Salamanca, en el norte de Madrid, piensa aprovechar la oportunidad que le ofrece la acumulación de pacientes propia de la hora pico para que su madre, Jacinta, de 70 años, llegada a España en el 2013 para estar con su hijo, reciba la vacuna contra el coronavirus. No le queda más remedio: dado que ha llegado a España por reagrupación familiar y carece de acceso a la Seguridad Social, el sistema sanitario de la capital le niega la vacuna contra la covid.

"Le pedí a la enfermera que la pinchara primero y que después hacíamos el registro y así podíamos ir agilizando los trámites, y ella aceptó", cuenta. Su plan fue un éxito. La vacunaron y, para cuando acudieron al registro, los sanitarios se dieron cuenta de que no aparecía en el sistema. Demasiado tarde para ellos y justo a tiempo para la madre de Durán, para quien aquel pinchazo fue el primer paso para lograr defensas ante una enfermedad que, a su edad, son esenciales para superarla sin complicaciones en caso de contagio.

Durán era consciente de que a su madre no le iban a poner la vacuna contra el coronavirus porque forma parte del Colectivo de Afectados por la Seguridad Social (INSS), una asociación cuyos integrantes, excluidos del sistema sanitario por razones de todo tipo, comparten inquietudes en un grupo de WhatsApp. Antes de verse obligado a mentir, Durán lo intentó todo para que el sistema vacunara a Jacinta, que prefiere no dar su apellido por temor a represalias.

Antes, en su centro de salud le dijeron que no había esperanza para ella. El colectivo de personas mayores migrantes reagrupadas, del que forma parte Jacinta, no aparece en los listados sanitarios de las diferentes comunidades autónomas porque la ley establece que tienen que venir a España tras contratar un seguro privado. A ojos del sistema público de salud, no existen.

Y cuando estas personas no son invisibles, a veces preferirían serlo. Nacho Revuelta, Médico de Familia en Madrid, cuenta que ha sido testigo de escenas en las que se ha despachado a personas migrantes en situación irregular con una sola frase: "No te vas a vacunar hasta que estén vacunados todos los españoles".

Lejos de resolverse a medida que pasan los meses y el porcentaje de población vacunada aumenta en España, la situación va cada vez a peor. En esto tiene mucho que ver el hecho de que cada vez se vacune en menos los flexibles y próximos centros de salud para favorecer la vacunación masiva en lugares como el Wizink Center o el Hospital Zendal, donde la carga de trabajo que sufre el personal sanitario hace casi imposible que los migrantes sin papeles puedan explicar su caso a algún profesional.

"La Comunidad de Madrid ha ignorado el problema y no ha buscado ayudar a las personas con tarjeta de residencia por ser familiares reagrupados con seguro privado. Lo hemos denunciado cientos de veces, pero les da igual", afirma Revuelta.

En la Comunidad de Madrid, no hay una instrucción pública precisa sobre cómo proceder en estos casos. El único amago que ha hecho el Gobierno madrileño de tratar de poner orden en la cuestión es un correo electrónico interno enviado a las direcciones de los centros de salud. Este, cuenta Revuelta, indica que estas personas deben ser inmunizadas, pero no aporta indicaciones claras sobre el procedimiento que deben seguir.

"El email sostiene que una persona en situación irregular o sin tarjeta sanitaria debe ser vacunada tras identificarla y comprobar que entra en rango de edad y que va a permanecer el tiempo suficiente en la región para administrar las dos dosis. El problema es que, al no tratarse de una circular oficial, no todos los centros de vacunación saben que esto se debe hacer", cuenta Revuelta. La Comunidad de Madrid no ha respondido a la petición de información de este diario.

Desde Médicos del Mundo han ayudado desde marzo a casi un centenar de personas con dificultades para acceder a una vacuna. La posición oficial del Ministerio de Sanidad, reflejada en el documento que fija la estrategia de vacunación para todo el país, es que "todas las personas residentes en España serán vacunadas, y si por cualquier cuestión no han sido contactadas, basta con que se dirijan a su comunidad autónoma". Sin embargo, en regiones como Madrid esto no se está cumpliendo, revela Cristina Hernández, técnica de Salud y Migración de Médicos del Mundo Madrid.

La ONG ha acompañado a decenas de personas a poner una reclamación por escrito en centros de salud que niegan la vacunación, tal y como disponen las autoridades. Lo hacen con la esperanza que esto resulte en una cita para la vacuna.

Este fue el caso de Adriana González, de 46 años y su marido, Andrés Ordóñez. Los dos llegaron hace cinco años a España desde Colombia. Trabajan todos los días de cara al público y, cada mes, como a cualquier empleado, se les descuentan de su salario los impuestos correspondientes a la Seguridad Social.

Sin embargo, como sus papeles de residencia todavía están en trámite, no han podido vacunarse. "Cuando fui a pedir la vacuna, me dijeron que tenía que esperar el sms, pero yo sé que nunca me va a llegar porque no estoy en el sistema".

La respuesta que le dieron entonces en el centro de salud de Villaverde Bajo fue un clásico: "Si no te gusta esperar, vuelve a tu país, que lo queréis todo gratis". Desde Amnistía Internacional piden que haya un protocolo común en todas las comunidades autónomas para que se garantice la vacunación a toda la población. "No hay información sobre cómo está avanzando la vacunación en estos colectivos especialmente vulnerables. Lo que subyace es la falta de acceso universal a la sanidad, y seguimos esperando la aprobación de la ley por parte del Gobierno para el segundo trimestre del 2021", afirma la portavoz, Nuria Berro.

No existen cifras oficiales de cuántas personas migrantes viven en este momento en España en situación irregular. Se estima que a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000, según un informe de la Fundación Por Causa y La Universidad Carlos III de Madrid, que lograron dar con la cifra procesando la información obtenida de permisos de residencia y cruzándola con el padrón municipal, la EPA (Encuesta de Población Activa) y las tarjetas sanitarias. "Uno de cada cuatro extranjeros sin papeles entró por Barajas o El Prat con un pasaporte colombiano (que no necesita visado desde 2015) y se quedó a vivir", concluye el informe.

En comunidades autónomas como en Catalunya, por ejemplo, el Gobierno argumenta desde hace semanas que nadie queda fuera de la vacunación porque para pedir la tarjeta sanitaria no hace falta tarjeta de residencia, mientras que en comunidades como Asturias se han puesto ya manos a la obra a través de diversas directrices que establecen que si no figura en la mencionada base de datos, se preguntará si reside en la comunidad, y ante la respuesta afirmativa, se les dará de alta en SIPRES como ciudadano habitual, con el tipo de aseguramiento o situación que corresponda.

Las asociaciones vecinales buscan que todos tengan vacuna

Nines Cejudo, de la Red Solidaria de Acogida, trabaja mano a mano con Elahi Mohammed, de la Asociación Valiente Bangla, para ayudar a todas las personas migrantes con o sin papeles a conseguir una vacuna. "El problema es que muchas de las personas en situación irregular no saben que tienen derecho a la vacunación y les da miedo acercarse a un hospital. Si intentan pedir una cita online, no pueden acceder al sistema porque no tienen número CIPA", afirma Cejudo.

Cejudo reconoce que, si se prueba a pedir la cita telefónicamente, la concesión de la misma va a depender de lo comprensivo que sea el profesional que atienda la llamada. "Muchas veces, solo por hablar con su acento, ya lo tienen más difícil", confiesa.

La única forma en la que han podido ayudar a este colectivo vulnerable ha sido, cuenta, "por la parte de atrás y en lo oscuro, en algunos centros de salud municipales que han llamado cuando sobran vacunas". Mohammed ha acompañado a más de 1.200 personas de la Comunidad Bangla de Lavapiés a conseguir una cita para vacunarse. "Luchamos para que todas las personas, sin importar sus papeles o su color, puedan tener acceso a la sanidad", afirma.

Por ahora, denuncian distintas organizaciones, ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio de Sanidad han hecho una campaña de captación en donde todos los ciudadanos que viven en el territorio se sientan incluidos. Esta tarea ha recaído en las diferentes entidades y asociaciones vecinales que luchan todos los días para que las personas sin tarjeta sanitaria sean incluidas en la campaña de vacunación contra el coronavirus, una enfermedad que penetra el organismo sin detenerse a leer pasaportes, aunque haya quien no lo recuerde.