Miguel Ángel Acosta: "Las muertes de la valla fueron en jurisdicción española"

El problema de la valla de Melilla no está solo en su altura, en sus antiguas concertinas o en si son fáciles o difíciles de trepar para las personas migrantes. Habría que mirar antes a sus cimientos, ya que cuando se levantó en 1998 no siguió la demarcación territorial que recogían los antiguos tratados internacionales con Marruecos, del siglo XIX.

En otras palabras, hay suelo español más allá de las alambradas; en concreto, unos 160.000 metros cuadrados, según estima Miguel Ángel Acosta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz y autor del libro Las fronteras internacionales de España en África: Melilla (Editorial Reus, 2016).

Parece una anécdota histórica, pero ese trazado condicionado por la orografía no delimitaría con claridad jurídica si las decenas de muertes de los migrantes que intentaron cruzar la verja el pasado 24 de junio se produjeron en suelo español o marroquí.

Ese detalle podría marcar la diferencia entre que la Fiscalía archive su investigación sobre las muertes o no, según publicaba este miércoles el diario El País citando fuentes de la Fiscalía.

Ha sido uno de los argumentos esgrimidos por algunos diputados durante la comparecencia de Marlaska en el Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia. En concreto, Jon Iñarritu (EH Bildu) se interesaba por esta circunstancia hace varios días y así se lo ha expuesto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Según el Catastro y los mapas del Instituto Geográfico Nacional, el paso fronterizo del Barrio Chino, donde se produjeron las muertes, es territorio español, aunque esté al otro lado de la valla. Por paradójico que parezca, un partido independentista ha sido el que más ha insistido en extender varios metros la soberanía y territorialidad españolas.

Las 17 mugas

En declaraciones a Público, el profesor Acosta advierte de que el Catastro "no tendría excesivo valor jurídico", ya que solo registra pero "no verifica posteriormente el terreno registrado". No obstante, Acosta insiste en que los tratados internacionales del siglo XIX siguen siendo válidos, ya que para modificarlos tendría que haberse debatido y aprobado en las Cortes, "y nunca se hizo", sino que "fue una cesión de territorio de facto a Marruecos claramente inconstitucional", argumenta el jurista.

Así las cosas, las 17 mugas de piedra que demarcan el territorio, la jurisdicción y la soberanía en la ciudad autónoma "están conservadas en perfecto estado, pero ninguna dentro del lado español de las vallas", asegura el experto. Por tanto, legalmente, "la zona entre las vallas y, en algunos casos, hasta 25 metros después de la valla, es jurisdicción del Estado español, aunque no se haya considerado así en numerosas ocasiones a la hora de aplicar la política migratoria".

Un "disparate y una auténtica falsedad desde el punto de vista jurídico", asegura en conversación telefónica. De hecho, Acosta ya había advertido en varios artículos sobre la controversia que podría generar que una persona migrante muriera en esta tierra de nadie cuya ambigüedad ya han señalado algunos autos y sentencias judiciales por devoluciones en caliente.

Uno de esos puntos ambiguos, donde la construcción del vallado dejó terreno a Marruecos, es precisamente el paso del Barrio Chino, donde se produjeron las muertes y se tomaron las dantescas imágenes de los gendarmes marroquíes golpeando a migrantes aturdidos e inconscientes.

"Nunca se ha producido legalmente un cesión territorial a Marruecos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repasó este miércoles la cronología del trágico salto. Aseguró que los gendarmes marroquíes no fueron capaces de contener inicialmente al primer grupo de migrantes, que llegaron hasta el paso fronterizo del Barrio Chino y forzaron una de las puertas de acceso hacia la explanada del antiguo paso de las porteadoras, cerrado y en desuso desde 2020. Es ahí donde se forma un "embotellamiento" que el ministro ubica en "tierra de nadie", un territorio entre las dos vallas.

"La tierra de nadie no existe en derecho. Hasta las zonas de paso están bajo una jurisdicción. Y en este caso sería la española, aunque en la práctica sea Marruecos quien ejerza en ese territorio", explica el profesor Acosta. "Nunca se ha producido legalmente un cesión territorial a Marruecos. Pero una vez que se construyen las vallas la realidad es bien distinta, ya que Marruecos asume el terreno dejado como propio, e incluso se ha edificado en la zona", amplía el profesor. Sin embargo, en las actas del Congreso de aquellos debates parlamentarios "el Gobierno declara sin dudas que mas allá de las vallas hay suelo español", sostiene.

Marlaska ha sido tajante a la hora de ubicar los hechos. Ha hablado de "tragedia de Nador" y ha repetido por activa y por pasiva que "no hay dudas sobre la territorialidad marroquí" y que "los hechos ocurren en territorio nacional de un país soberano", solo "de manera muy tangencial en España".

El caso de la "Villa los Abuelos"

De hecho, ante la insistencia de algunos diputados, el ministro ha citado la sentencia de la Audiencia Nacional 4751/2008, un caso bastante mediático en su época protagonizado por el propietario de finca comprada durante el protectorado español en Marruecos llamada Villa los Abuelos. Sin previo aviso, se construyó valla que cruzaba ese predio donde había varias vivienda en la llamada "zona neutral". La familia tuvo problemas para acceder a sus tierra, a la que entraba por España y salía por Marruecos. La Audiencia Nacional reconoció al propietario de la finca una indemnización por daños y perjuicios, aunque el terreno nunca debió expropiarse. 

Para Acosta, esta sentencia "no sienta jurisprudencia", ya que solo puede hacerlos el Tribunal Supremo. Y va más allá al asegurar que el ministro "no puede presentar ninguna prueba documental sobre la territorialidad de Marruecos" en el paso del Barrio Chino, "sencillamente porque no existe. Ningún tribunal ha llegado al fondo del asunto". 

No obstante, Acosta es consciente de que es muy difícil que la Fiscalía argumente de este modo a la hora de investigar las muertes de la valla de Melilla. Y más difícil aún que el caso llegue ante un juez. "Si un tribunal reconociese como suelo español ese terreno habría de nuevo un grave problema diplomático", advierte.