Trece estudiantes, miembros del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, se enfrentan a ocho años y medio de cárcel acusados de haber perpetrado actos vandálicos y destrozos en sucursales bancarias durante una manifestación en 2017 convocada en Barcelona contra la subida de las tasas universitarias en el juicio que ha comenzado a celebrarse este jueves en la Audiencia de Barcelona.

La clave del juicio es la identificación de los jóvenes, imputados por desórdenes públicos y daños. En su mayoría, los jóvenes fueron localizados a través de las redes sociales y acusados gracias a imágenes grabadas e protestas anteriores en las que habían participado. 

Así lo han explicado los agentes de los Mossos d'Esquadra que han declarado como testigos en esta primera sesión, en la que han señalado que ninguno de los procesados fue identificado in situ, sino que tuvieron que recurrir a las imágenes tomadas durante la manifestación y otras anteriores contrastarlas con la información que recabaron en las redes sociales.

Uno de los agentes que han declarado en esta primera sesión es si la Policía catalana dispone de un archivo de imágenes de protestas que en este caso les sirvió para detener a los acusados. 

Al inicio de la sesión, los abogados de las defensas han solicitado la impugnación de los vídeos al considerar que estos han sido "editados", un extremo que el instructor de los atestados ha rechazado de plano y que ha llevado al fiscal a denunciar esta "sospecha infundada".

Los Mossos han explicado que el color de las uñas, la forma de las zapatillas o las gafas de sol que llevaban algunos de los acusados fueron clave para poder distinguirlos entre el casi millar y medio de personas que participaron en la manifestación.

La controversia es importante. La forma natural de establecer si un acusado participó en un altercado es seguirle e identificarle, para después compararlo con las imágenes del momento de los disturbios. Pero lo que ya no lo es tanto es que se almacenen, queden en un archivo policial y después se puedan volver a consultar y utilizar para identificar a activistas a quienes atribuyan algún delito.

La Fiscalía, que los acusa de "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana" y solicita también una multa de 5.400 euros para cada uno de ellos, sostiene además que iban con material pirotécnico, aunque los mossos solo han detallado que encontraron un carrito de supermercado abandonado con extintores, martillos y una bolsa de petardos dentro, pero sin que se sepa a quién pertenecía.

Los hechos sucedieron el 2 de marzo de 2017, cuando el SEPC convocó, a través de las redes sociales y sin comunicarlo a las autoridades, una manifestación en la plaza de Universidad de Barcelona en contra de la subida de las tasas universitarias y para reclamar una rebaja del 30%.

Según la Fiscalía, acudieron a dicha protesta unos 1.500 estudiantes, la mayoría en actitud pacífica, pero un grupo integrado por unas 125 personas protagonizó varios actos para "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana".

Los alborotadores, sostiene el fiscal, iban encapuchados y provocaron desperfectos en entidades financieras y comerciales, así como en el mobiliario urbano, con lo que pusieron "en grave peligro el desarrollo cotidiano de la vida ciudadana", sobre todo al cruzar y encender un contenedor en la calle.