La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, más conocida como ley Mordaza, se acercado a los mil millones de euros de recaudación en sanciones, de los cuales más del 60% corresponde a multas por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos. La reforma de esta polémica norma sigue, a un año de que acabe la legislatura, a expensas de las negociaciones que mantienen los grupos parlamentarios, con notables discrepancias sobre algunos de sus aspectos. 

Según las estadísticas anuales de Ministerio del Interior, desde julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021 se impusieron 1.644.398 multas por infracciones de la ley Mordaza, con una cuantía total de 966,2 millones de euros. Probablemente, la cifra ya habrá superado con creces la barrera de los mil millones en este último trimestre de 2022, puesto que la media anual se sitúa por encima de los cien millones de recaudación e incluso ha llegado a rebasar los 252 millones, como ocurrió en 2020, el año de los confinamientos con la pandemia. Hay que tener en cuenta, además, que estas estadísticas no recogen los datos de las multas tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, País Vasco y Navarra.

El último informe de Interior, el de 2021, refleja una bajada del 31% en el número de sanciones, descenso motivado fundamentalmente por el fin de las medidas de restricción de la movilidad que habían sido decretadas durante la pandemia de la covid-19, cuyo incumplimiento motivó en 2020 un notable incremento de las multas por desobediencia o resistencia a la autoridad, por la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos. No en vano, el 70% de las sanciones aplicadas ese año se debieron a la vulneración del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana que recoge tales infracciones.

Se duplican las sanciones por falta de respeto a la Policía

El año pasado, el número de multas por incumplimiento de los artículos referidos estrictamente a la seguridad ciudadana se desplomaron, ya que pasaron de 265.997 a 64.711, y casi la mitad de ellas debidas a una infracción del mencionado 36.6. En cambio, las sanciones que aumentaron considerablemente dentro de este ámbito, hasta casi duplicarse (de 14.892 a 26.254), fueron por cometer una falta de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, reflejadas en el artículo 37.4 de la ley, uno de los que está causando más controversia en las negociaciones entre los grupos parlamentarios que promueven la reforma de la norma.

Pero las multas que más aumentaron en 2021 fueron las relacionadas con el consumo o tenencia de drogas, que crecieron un 78% y se situaron como el principal motivo de infracción, tal como sucedía año tras año hasta 2020, cuando la pandemia restringió el movimiento y, por tanto, la posibilidad de uso de los espacios públicos. El año pasado se impusieron 168.959 multas, fundamentalmente por vulneración del artículo 36.16 de la ley Mordaza, que sanciona "el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares". Con un número muy inferior -sólo 434 multas-, se sancionó también el cultivo de plantas en lugares visibles al público y la tolerancia del consumo en locales o establecimientos públicos.

La ley Mordaza cataloga como infracción grave esas prácticas, para las que establece multas desde un mínimo de 601 euros hasta un máximo de 30.000, cantidades que se determinan por el grado mínimo, medio o máximo que aplique la administración sancionadora en función de la denuncia interpuesta por las fuerzas y cuerpos de seguridad y teniendo en cuenta, principalmente, la reincidencia del infractor. El año pasado se impusieron sanciones relacionadas con el consumo o tenencia de drogas que alcanzaron los 108,7 millones de euros, es decir, el 70% de todo lo recaudado con esta cuestionada ley.

Más de un millón de multas por consumo de drogas

Desde que entró en vigor la ley y hasta el pasado 31 de diciembre, el consumo de drogas en espacios públicos motivó la imposición de un total de 968.328 sanciones en España, lo que hace presumir también que ya se haya superado la barrera del millón de multas este año por ese concepto. Y la cuantía de todas las sanciones relacionadas con el uso de drogas –no con el tráfico, que entra dentro del ámbito de lo penal- ya ha superado los 601,5 millones de euros desde que el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy aprobó la nueva norma de seguridad ciudadana.

Tal volumen de multas ha propiciado que España sea el país de Europa donde más se sanciona, y con diferencia, el uso del cannabis, según los datos del informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas, pese a ocupar el tercer puesto en consumo de esa sustancia. Tan es así que España acumula el 43% de todas las infracciones administrativas o penales -según sea la legislación del país- registradas en Europa por consumo o tenencia de marihuana.

La última estadística del Observatorio Europeo, que recoge datos de 2020 aportados por los gobiernos de cada país, refleja 258.379 intervenciones por uso o tenencia de cannabis en España, 69.926 más que en Alemania -el segundo país donde más se castigó este consumo-, cinco veces más que en Turquía y casi ocho más que en Bélgica, tercero y cuarto, respectivamente, en el escalafón.

Los grupos parlamentarios que negocian la reforma de la ley Mordaza (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts) alcanzaron en septiembre un acuerdo parcial para sustituir las sanciones vigentes relacionadas con la tenencia o consumo de droga por un tratamiento de rehabilitación o, incluso, una actividad de reeducación, si así lo solicitase la persona infractora.

En el último trimestre de 2021, los grupos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos (UP), ya habían presentado una serie de enmiendas para la reforma de la ley en los aspectos relacionados con el uso de las drogas en espacios públicos. Los socialistas propusieron rebajar de grave a leve la infracción por tenencia o consumo, lo que supondría reducir considerablemente la cuantía de las multas y dejarlas entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 600. Mientras que desde UP plantearon que la sanción se aplique únicamente a las drogas que causen un grave daño a la salud, lo que dejaría fuera a sustancias como el cannabis, y también que se supriman las multas por cultivar plantas que sean visibles desde el exterior de un domicilio, debido a que no se puede determinar ni su uso ni su composición.

Las organizaciones de usuarios de cannabis han criticado reiteradamente la vigencia de estas sanciones y han exigido su derogación. Entidades como la Confederación española de Federaciones Cannábicas, Confac, una de las más de cien organizaciones que forman parte de la plataforma No somos delito desde la que se exige la derogación de la ley Mordaza, consideran que las multas se han convertido en una especie de "impuesto encubierto" en un país donde se decidió no penalizar el consumo de la marihuana, pero, a cambio, se ha mantenido como una infracción administrativa sin haber regulado su uso.

Por comunidades autónomas, y a falta de los datos de las policías autonómicas de Catalunya, País Vasco y Navarra, la última estadística del Ministerio del Interior revela que Andalucía es la que más sanciones acumula por incumplimientos de la ley Mordaza, 94.206, seguida de la Comunitat Valenciana (36.151), Canarias (20.726), Castilla y León (18.994), Castilla-La Mancha (15.460), Madrid (14.099), Galicia (12.933), Aragón (9.985) y Extremadura (7.581).

Y por provincias, las que registran un mayor número de multas son Málaga, con 24.202 sanciones, Alicante (23.677), Sevilla (18.601), Almería (14.862), Las Palmas (13.652) y Cádiz (12.298).