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Las multas por desobediencia a policías se multiplican por veinte en el año de la pandemia

Las multas por la Ley Mordaza aumentan un 53% en 2020, la mayoría por desacato a la autoridad, que desbancan a las impuestas por consumo de drogas en la vía pública, que bajan un 46%.

Un vehículo de la Guardia Civil pasa junto a un control de la Policía Nacional en Pamplona, durante el estado de alarma. E.P./Eduardo Sanz
Un vehículo de la Guardia Civil pasa junto a un control de la Policía Nacional en Pamplona, durante el estado de alarma. Eduardo Sanz / EUROPA PRESS

Lejos aún de su derogación, cuando no falta mucho para llegar al ecuador de la legislatura que tiene en el poder a un gobierno de coalición progresista, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy, más conocida como Ley Mordaza, ha incrementado sus números en el balance anual de sanciones y, por tanto, de recaudación.

Según la estadística del Ministerio de Interior de 2020 que acaba de ser publicada, el año pasado creció un 53% el número de multas por incumplimiento de esta polémica normativa, lo que incrementó en 105,6 millones de euros las cantidades percibidas con respecto a 2019, un 72% más, hasta alcanzar una cifra de ingresos de casi 252 millones y medio.

El motivo fundamental de este notable aumento de las multas por la Ley Mordaza está relacionado con las restricciones de movilidad impuestas con el estado de alarma a causa de la pandemia de la covid-19. Cerca del 70% de las 375.930 sanciones aplicadas en 2020 se debieron a la vulneración del artículo 36.6 de la norma de seguridad, que considera infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos, para lo que prevé multas de 601 a 30.000 euros. Hasta 2019, el consumo de drogas en la vía pública siempre había sido la causa mayoritaria de las sanciones, tanto que hasta entonces fue el origen del 70% de todas las que se habían registrado desde la entrada en vigor de la ley.

La estadística de Interior, que no incluye los datos de los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, refleja que en el año principal de la pandemia se contabilizaron 243.001 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad, una cantidad que casi multiplicó por veinte la registrada el año anterior por ese motivo (12.645) y con una cuantía total que superó los 174,13 millones de euros.

Y fue precisamente en los meses más críticos de la pandemia, marzo, abril y mayo, durante el confinamiento domiciliario decretado con el estado de alarma, cuando se impuso el mayor número de sanciones por incumplimiento de la Ley Mordaza, el 69% de las anotadas en todo el año.

Algunas delegaciones del Gobierno y también alguna fiscalía provincial mostraron sus dudas durante el confinamiento en relación a la aplicación de la Ley Mordaza a quienes incumplían las prohibiciones de movilidad decretadas por el Gobierno en el estado de alarma, y llegaron a solicitar un informe a la Abogacía del Estado para clarificar la proporcionalidad de la labor sancionadora de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esos casos.

Las dudas y las quejas también llegaron al Defensor del Pueblo, que en abril de 2020 formuló hasta tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior: una para que informara a la ciudadanía de los límites y restricciones existentes en los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma, otra para que elaborara instrucciones internas a las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil en las que se clarificase los supuestos en los que no se podían sancionar determinadas actividades ciudadanas referidas a la libre circulación de las personas, y una tercera para que se instara a las entidades locales a eliminar cualquier tipo de bando o comunicado en el que se incluyesen mayores restricciones que las contempladas en el real decreto del estado de alarma (). De todas ellas, según figura en la página del Defensor, sólo fue aceptada esta última; las dos anteriores fueron rechazadas.

En su Informe Anual de 2020, presentado el pasado mes de abril, la Defensoría afirma que "la declaración del estado de alarma supuso un fuerte impacto sobre las libertades de los ciudadanos", a lo que "hay que sumar que la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes infringiesen las prohibiciones podía suponer el pago de multas exorbitantes". El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recalcó en ese momento su "posición crítica sobre la idoneidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para situaciones como un estado de alarma" y reiteró que "es necesario reformar algunos aspectos de esta norma para conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad".

La memoria anual refleja que esta Institución tramitó quejas referidas a las restricciones sobre la libertad de circulación, a la disconformidad con las denuncias recibidas y otras que mostraban una discrepancia general con los efectos y limitaciones impuestas a los derechos ciudadanos durante el estado de alarma.

Más de 62 millones en multas por consumo de drogas

Después de la resistencia o desobediencia a la autoridad, el consumo de drogas en la vía pública ocupa el segundo lugar en número de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley Mordaza. En total, el año pasado se registraron 94.765 multas relacionadas con el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes, lo que supone un descenso del 46% con respecto a las contabilizadas en 2019. Tan notable bajada se halla relacionada también con la pandemia y las restricciones de movilidad durante el estado de alarma, que, en consecuencia, redujeron mucho las posibilidades de los usos de los espacios públicos, entre ellos el consumo de drogas.

Sin embargo, estas multas han supuesto un desembolso total de 62,5 millones de euros realizado por ciudadanos que han debido hacer frente a sanciones de un mínimo de 601 euros, decretadas, entre otras razones, por el mero hecho de estar en posesión o hacer uso en un espacio público de una sustancia ilícita, sea cannabis o cualquiera otra. Y la multa llega en muchos casos a los 10.000 euros porque se aprecia una reincidencia.

En tercera posición, por número de sanciones, se encuentran las referidas a un uso o tenencia fraudulenta de armas y explosivos, con 15.168 multas, y tras ellas las referidas al artículo 37.4 de la Ley Mordaza, con 14.892 personas multadas por falta de respeto o consideración a un integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El aumento de las sanciones que se produjo en 2020 contrasta, además, con el descenso que se había registrado en 2019, el primer año completo de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno en coalición con Unidas Podemos, cuando bajaron un 2% las multas por la Ley Mordaza. Ese había sido también el primer año en el que se produjo una disminución después de una continua subida de las multas en los ejercicios anteriores, tal como reflejan las estadísticas anuales del Ministerio de Interior.

Por comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la estadística de Interior no recoge los datos de los cuerpos autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, la que registró un mayor número de sanciones el pasado año volvió a ser Andalucía, con 111.443, seguida de Canarias (46.556), Castilla y León (39.590) Comunitat Valenciana (37.485) Castilla-La Mancha (31.884), Galicia (23.112), Aragón (12.919) y Madrid, con 11.952, sólo 2.392 más que Murcia, con muchos menos habitantes.

Más de 1,3 millones de sanciones desde la aprobación de la ley

Desde que se aprobó la Ley Mordaza en 2015 hasta el pasado 31 de diciembre, se han impuesto un total de 1.385.659 sanciones, con una cuantía total que supera los 815,7 millones de euros recaudados por su incumplimiento. En 2020, el año más castigado por la pandemia de la covid-19, se registró una media de 1.030 multas al día con una cuantía diaria global que rebasa los 691.000 euros.

Tanto PSOE como Unidas Podemos se comprometieron en la campaña electoral a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy, pero todavía no han presentado una propuesta de reforma, pese a que al final de la anterior legislatura ya se había avanzado bastante en una ponencia para modificar parte de su articulado con el acuerdo de fuerzas de izquierda y nacionalistas. Uno de los aspectos que puede estar retrasando el consenso entre las dos formaciones del gobierno de coalición es el que atañe a las llamadas devoluciones en caliente, es decir, la expulsión inmediata de migrantes indocumentados tras ser interceptados en una frontera, un asunto que Interior quiere mantener y sus socios de ejecutivo, eliminar.

De momento, siguen las negociaciones teniendo en cuenta la base de la propuesta de reforma legislativa que presentó ya hace un año el grupo del PNV y que fue aprobada en el Congreso con el rechazo de PP y Vox. La supresión de sanciones por grabar imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado o acotar el término seguridad ciudadana para evitar dar pie a ambigüedades son algunos de los puntos principales de la propuesta de ley, ya que la mayoría de las formaciones entienden que la indefinición del articulado es uno de los principales defectos de la ley.

En noviembre de 2020, sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló () la casi totalidad de la Ley Mordaza, entre ellas las devoluciones en caliente, las infracciones graves por protestas ciudadanas ante las cámaras legislativas y los cacheos con desnudo integral. De esa forma y cinco años después, el Constitucional resolvió el recurso que habían presentado diputados de PSOE, IU, Compromís, Coalición Canaria y UPyD por la supuesta vulneración de varios artículos de la Constitución española, principalmente los referidos a la tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

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