"La nueva normalidad después de la pandemia será más desigual en materia social, económica y en derechos. ¿Qué es volver a la normalidad? ¿Que los subsaharianos no puedan acceder a los puestos fronterizos y se vean obligados a saltar la valla de Melilla? ¿A entrar en dobles fondos en coches? ¿A pagar una patera hacia Chafarinas?", pregunta el letrado especializado en protección internacional y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME) Antonio Zapata. Para él, "volver a la normalidad implica volver a la vulneración de los DDHH de los migrantes, una situación anormal para estas personas".

"Adaptarse a una nueva normalidad da la oportunidad de corregir las desviaciones de la anormalidad previa a la pandemia. Se deben corregir situaciones que vulneren el sistema de Derecho", insiste Zapata, abogado crítico con el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos porque "no ha sancionado a España por las devoluciones en caliente, eso es anormal, y lamentablemente se convierte en norma".

Prueba de esta vulneración de derechos son las diferentes situaciones que padece la población migrante en la frontera sur de Europa. La ciudad autónoma de Melilla es el escenario en el que menores extranjeros no acompañados, refugiados y solicitantes de asilo acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), trabajadoras transfronterizas y porteadoras viven constantemente violaciones de sus derechos sin poder contar realmente con las garantías establecidas en la ley.

Centros de detención temporal

Hace prácticamente un año que Abdellah llegó al CETI de Melilla, con el confinamiento su vida sigue paralizada y cuestiona que cambie con el regreso a la normalidad. "Estos dos meses encerrados en el CETI se han hecho eternos, pero se hace mucho más tedioso no poder salir de esta ciudad vallada y ver cómo las ilusiones de futuro se van perdiendo en trámites que se alargan hasta el infinito", relata este joven palestino.

"Estos dos meses encerrados en el CETI se han hecho eternos"

Aunque su solicitud de protección internacional fue admitida a trámite, desconoce cuándo será trasladado a la península, ya que tras cortar conexiones aéreas y marítimas al inicio de la pandemia solo salió un grupo de 50 personas migrantes, a pesar del hacinamiento en el que se encuentran cerca de 1.700 personas en unas instalaciones para 732.

"El CETI parece más un centro de retención o incluso de detención. Existen muchas siglas: CIE, que ojalá se cierren; CAR para refugiados; CATE, también temporales; CAE para las emergencias..., pero a estas personas realmente les falta una casa, un centro de acogida en el que solicitantes de protección internacional y refugiados vean sus derechos respetados y garantizados", señala el letrado del ICAME. En este sentido, Zapata hace referencia a la falta de personal para atender las solicitudes en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), hecho que ralentiza la aplicación de cualquier medida de protección a los demandantes.

A todo ello suma la ausencia de una defensa real por parte de los abogados que les atienden: "El último informe del Defensor del Pueblo lo dice bien claro. La asistencia letrada se ha sustituido por la presencia letrada", es decir, en lugar de atender y defender se limitan a estar presentes en la entrevista de solicitud de protección internacional. "Además, en ocasiones no se cuenta con la presencia de un intérprete que permita al demandante de asilo expresarse en su lengua materna con todas las garantías. Esto también tiene que cambiar".

Menores desprotegidos

Este abogado también se muestra muy crítico con la atención que reciben los menores tutelados por la Ciudad: "La política de menores muchas veces es contraria a la Convención de los Derechos del Niño". A modo de ejemplo, señala que patrullas de la Policía Local trasladan a adolescentes que se encuentran en la calle hasta comisaría para una entrevista que se realiza sin asistencia jurídica.

No es una novedad el hacinamiento de los centros de menores, especialmente el de La Purísima, que prácticamente triplica su capacidad con 900 menores, a pesar de que algunos han sido trasladados al fuerte de Rostrogordo para "descongestionar" las instalaciones durante la pandemia. "Los menores con 16 y 17 años no ven perspectivas de futuro. Se les ofrecen escasas oportunidades formativas y prácticamente nulas posibilidades de incorporarse al mercado laboral por no hablar ya de la situación documental", critica Zapata.

Otro de los principales problemas a los que se enfrentan los menores tutelados es la falta de fiabilidad de las pruebas para determinar su edad. De acuerdo con este jurista del ICAME, "muchas pruebas son erróneas o se limitan al criterio del funcionario que se basa en el grado de desarrollo del menor. Por ello, se requiere una reforma legal en la declaración de edad del menor que le permita defenderse y crear un sistema de recursos que garantice al menor la revisión de los resultados sin demorarse".

Trabajadoras transfronterizas, sin empleo ni paro

Chirifa es una mujer marroquí que perdió su trabajo como empleada del hogar con el cierre de frontera el pasado 13 de marzo. A diferencia de muchas mujeres que trabajaban en negro porque sus empleadores no quieren hacerles contrato, Chirifa sí estaba dada de alta en la Seguridad Social. Ella es una de las 1.656 mujeres que forman parte del Régimen Especial del Empleo del Hogar en Melilla, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ni Chirifa ni las demás trabajadoras tienen derecho a prestación por desempleo a pesar de haber cotizado para ello. "No estoy cobrando nada. Llevo dos meses encerrada en casa con mi marido, esperando a que esto pase y abran la frontera, así no podemos seguir", relata.

El asesor jurídico de la asociación Melilla Acoge, Antonio Borrego, lamenta que la normalidad de estas trabajadoras transfronterizas sea la vulneración de sus derechos laborales porque, aunque realizan el mismo trabajo que las empleadas nacionales, "no pueden acceder a las prestaciones por desempleo, el subsidio o un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece la obligación de ser residente en la ciudad como requisito".

Desde CCOO Melilla llevan años reclamando las mismas condiciones para estas trabajadoras, de momento, sin éxito. Su secretario general, Paco López, recalca que la reducción de la vigencia del permiso de trabajo de cinco a un año incumple el artículo 15.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece que tras dos años de contrato con el mismo empleador, el trabajador pasa a tener contrato indefinido. "Las empleadas del hogar transfronterizas no tienen derecho a ello, ya que la renovación anual de sus contratos lo impide, por lo que cada año pierden la antigüedad y vuelven a empezar de cero".

El principio del fin de las porteadoras

El cierre de fronteras afectó también a las porteadoras, otro perfil de trabajadora transfronteriza. "Realizan un trabajo esclavo cargando bultos del doble de su peso, por un salario de subsistencia, unos 10 euros el paquete de hasta 80 Kilos sobre su espalda", comenta el abogado y portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDHM), José Alonso. Estas mujeres, que transportan mercancía de un lado al otro de la frontera, "no pueden recibir ninguna prestación por cese de actividad al no tener contrato ni estar dadas de alta en la Seguridad Social".

Alonso critica que la Administración nunca haya tratado de regularizar la situación de estas trabajadoras porque "quienes se dedican a este sector económico tienen influencia política y no les interesa". De hecho, el principal motivo para ello es el ahorro que supone en materia de impuestos: "Incalculable. Estas mujeres pasan mercancía a través de la frontera como si fuera equipaje de mano y los empresarios se ahorran las tasas de aduana. Es un chollo a costa de la vida de las personas que han muerto de infarto por sobreesfuerzo o asfixiadas en estampidas en los pasos fronterizos".

La falta de intención política y empresarial a ambos lados de la frontera ha mantenido vigente esta actividad alegal que con el cierre de frontera y la construcción de una fábrica en Nador podría tener los días contados. "Desde luego, volver a la normalidad de las porteadoras es regresar a la esclavitud", sentencia Alonso. Para Mariam, una porteadora que dio su testimonio a Público antes del cierre de fronteras, "volver a la normalidad es la única forma de subsistencia que tengo, ojalá tuviera otra cosa, pero que no me falte esto si no tengo nada".