Varias comunidades autónomas presionan al Ministerio de Sanidad para afrontar los confinamientos domiciliarios. Autoridades sanitarias de gobiernos regionales ya pusieron sobre la mesa este último recurso para abordar la pandemia la semana pasada, pero ahora se habla públicamente de esto tras la petición oficial de la comunidad de Asturias y de las ciudades de Ceuta y Melilla. El Gobierno central aún no quiere llegar a este punto, pero será una de las reclamaciones principales que habrá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.

El socialista Adrián Barbón ha sido el primer dirigente de un Gobierno autonómico en dar el paso. Este martes Asturias pidió oficialmente al Ministerio de Sanidad que les permitiera cerrar la comunidad. La respuesta fue la misma que a las ciudades autónomas: esperar hasta el 9 de noviembre para comprobar si el estado de alarma y las nuevas medidas que se han ido tomando tienen efecto. El Gobierno quiere evitar el confinamiento domiciliario, pero hay expertos y más comunidades que creen que ya no se puede esperar más.

Los datos en España no mejoran y en las comunidades que se encuentran en riesgo extremo, con más de un 15% de camas totales y un 25% de camas de UCI ocupadas por covid, hay un gran riesgo de colapso sanitario. Provincias como Huesca o Granada tienen incluso más hospitalizados ahora que en marzo. Y, esta semana, tenemos aún mas comunidades en riesgo extremo o alto que la pasada.

El confinamiento domiciliario, sin embargo, no tiene que ser como el de marzo. En primer lugar, no sería necesario que se decretara en todo el país. "No se dan las circunstancias para un confinamiento domiciliario en toda España. Se podrían excluir a los territorios que estén por debajo de una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitante", valora José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 y actual profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.

Esto opción seguiría la estela de Portugal. Este fin de semana decidieron confinar a los municipios con más de 240 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que alcanza a 121 localidades, entre ellas Lisboa y Oporto. En España, de primeras, podrían no verse afectadas por los confinamientos domiciliaros todos los territorios que estén en las fases de riesgo bajo, medio e incluso alto, según la guía que aprobaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el último Consejo Interterritorial de Salud. 

Por otro lado, como ha decretado Portugal y otros países como Francia o Reino Unido, tampoco tendrían que cerrarse los centros educativos, podría permitirse el salir a la calle para realizar ejercicio físico o paseos y hacer visitas a las residencias de mayores. Son cambios respecto al primer confinamiento de la primera ola y que serían menos dañinos para la salud general de la población pero casi igual de efectivos para frenar la expansión del virus. Excepciones de otros países que se pueden tomar como ejemplo para proteger a los más vulnerables y fomentar actividades que no tienen mucho riesgo como son las actividades entre convivientes al aire libre.

De hecho, fuentes sanitarias regionales reconocen que en conversaciones informales ya se ha hablado sobre este modelo de confinamiento con el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades reclaman un nuevo estado de alarma 

La mayoría de las comunidades autónomas reconocen ya que puede que sea necesario el confinamiento domiciliario para evitar el colapso sanitario y llegar en una mejor situación epidemiológica a Navidad. Lo primero que se necesitaría es un nuevo estado de alarma porque el publicado el pasado 25 de octubre no da cobertura jurídica para este tipo de restricciones. 

Hay comunidades que no descartan el confinamiento domiciliario pero que optan primero por el cierre de determinada actividad económica. Es el caso de Catalunya, La Rioja o Navarra que ya anunciaron la semana pasada el cierre de toda la actividad no esencial, Castilla y León que ha ordenado este martes el cierre de la hostelería o Andalucía que no lo ha descartado. 

Mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como la comunidad de Asturias han sido mucho más claras al pedir ya el confinamiento domiciliario. Mientras que el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, también ha admitido que el confinamiento domiciliario "está encima de la mesa" del Gobierno regional y Castilla y León pide tener la capacidad de ordenarlo. En este sentido, otras comunidades como La Rioja, Navarra o Euskadi también aseguran a este medio que apoyarían un cambio para tener esta posibilidad si llegan a necesitarlo. 

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha mantenido el discurso del ministro Salvador Illa en rueda de prensa al pedir más tiempo a las comunidades: "No se descarta ninguna medida pero hay que ver las que tienen más sentido aplicar. Tenemos un estado de alarma que se implementó hace nueve o diez días. Las comunidades todavía tienen un margen de actuación que todavía no está implementado y hay que ver el efecto de las medidas. No tenemos seguridad de que sea el momento adecuado".

Debate en el Consejo Interterritorial de Salud

Varias comunidades autónomas, de distinto signo político, llevarán la demanda de poder ordenar confinamientos domiciliarios en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este miércoles. Aunque no será el único debate porque el Ministerio de Sanidad también pondrá sobre la mesa la necesidad de decidir  confinamientos perimetrales mediante los mismos criterios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retó al Gobierno central al querer cerrar solo por días pese a que el decreto del estado de alarma no contemplaba esta opción. Castilla-La Mancha y Castilla y León criticaron esta decisión que conocieron por sorpresa en rueda de prensa tras haberse reunido con la propia Ayuso. Sanidad autorizó al Gobierno de Ayuso a cerrar por días el pasado puentes, pero fuentes del equipo de Salvador Illa explican que en el Consejo Interterritorial se "establecerán los criterios de aplicación relativos a la eficacia de la medidas que adopten las comunidades autónomas, como por ejemplo la temporalidad de las medidas a 7 días".

Además, varias comunidades volverán a poner sobre la mesa la necesidad de tener una guía de obligado cumplimiento para cada nivel de riesgo. El plan de Sanidad estableció unos umbrales comunes y unas fases según estos indicadores, pero las medidas no son más que recomendaciones. Expertos y autoridades regionales insisten en la necesidad de tener un plan común que garantice que se toman decisiones y medidas a tiempo.