La ola de renuncias de bandas en festivales de KKR abre la vía legal para pedir la devolución de entradas

Medio centenar de artistas han cancelado su participación en el festival Sónar de Barcelona, arrastrando con ellos una corriente de descontento que sacude los grandes festivales del país. Bajo la sombra del fondo KKR -gigante financiero estadounidense vinculado a inversiones en territorios palestinos ocupados-, la escena musical española se enfrenta a una crisis inédita: la retirada en cadena de artistas y la creciente demanda de devoluciones por parte de los asistentes que, además de no querer colaborar con un fondo proisraelí, ya no reconocen el cartel por el que pagaron.

La promotora Superstruct, participada mayoritariamente por KKR, gestiona festivales como el Sónar, Arenal Sound, Resurrection Fest, O Son do Camiño o FIB Benicàssim. En las últimas semanas, numerosos grupos y artistas han decidido cancelar sus actuaciones en protesta por el vínculo con el fondo, al que acusan de financiar, directa o indirectamente, el despojo de suelo palestino a través de operaciones inmobiliarias.

Las últimas cancelaciones que se han dado han sido en el Resurrection Fest, donde dos bandas españolas Gigatron y Crossed anunciaron públicamente su retirada del festival. También en el FIB y el Arenal Sound, los grupos La Fúmiga y La Élite se han desmarcado de cartel.

El festival Sónar de Barcelona, que se celebra del 12 al 14 de junio, ha sido uno de los más afectados. Más de 50 artistas y colectivos han cancelado su participación en solidaridad con Palestina, entre ellos nombres relevantes del panorama electrónico y experimental como ABADIR, Akyute & Alice Sparkly Kat, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, Dania + Mau Morgó, Juliana Huxtable o KEBRA.

Tras las duras críticas y protestas del público, la organización del festival catalán está abierta a estudiar la posibilidad de ofrecer reembolsos a quienes ya no deseen asistir por motivos éticos, una medida poco habitual en este tipo de eventos. La mayoría de los festivales mantienen por el momento sus condiciones estándar de cancelación, que no contemplan devoluciones por motivos ideológicos o políticos.

De hecho, miles de asistentes de los diferentes festivales implicados en la polémica reclaman el reembolso de sus entradas al no querer que su dinero acabe en manos del fondo proisraelí. Hasta ahora, muchos se habían topado con la negativa de las promotoras, que se basaban en la inexistencia de una normativa que amparase la devolución en este tipo de situaciones. Ante ese bloqueo, la presión social y el boicot se habían convertido en las únicas herramientas de protesta. No obstante, la reciente cancelación de numerosos artistas podría abrir una vía legal para las reclamaciones.

Vía legal por modificación sustancial del cartel

La legislación española ampara a los consumidores cuando se produce una modificación sustancial en las condiciones del evento, como puede ser la cancelación de artistas destacados o un cambio notable en la programación. "Los grupos que van al festival son un elemento básico del contrato y, si cambian, podría conllevar la solicitud de devolución de los importes", señalan desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Según el artículo 1124 del Código Civil, también cubriría los daños y perjuicios, como podría ser el coste de los billetes de avión en el caso de asistentes que vengan desde el extranjero, indican desde la federación.

Aunque habría que mirar cada caso concreto, en general desde CECU consideran que el festival no podría denegar la devolución "aludiendo a la publicidad o alguna letra pequeña de las condiciones generales", dado que sería una cláusula abusiva -según los artículos 85.2 o 86.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios-. Esto abre la puerta a posibles reclamaciones colectivas o denuncias ante organismos de consumo si los organizadores se niegan a ofrecer soluciones.

"El festival debería atender estas peticiones de los consumidores, independientemente de que, si lo considera, reclame después a los grupos los gastos en que ha tenido que incurrir", añaden.

Los festivales más afectados por las cancelaciones

El Sonar, junto con el Viña Rock, que ya ha tenido lugar el pasado mayo, ha sido uno de los festivales más afectados por las cancelaciones de artistas. Las organizadoras temen al boicot, sobre todo de cara a próximas ediciones.

El festival catalán ha aclarado que permitirá al público portar símbolos de apoyo al pueblo palestino "siempre y cuando estén dentro del marco legal vigente". En su página web, la organización reitera su solidaridad con los habitantes de Gaza y su condena al "genocidio sobre el pueblo palestino". Subraya que "no han enviado ni un solo euro a KKR" y añade que "después de sufragar todos los costes del propio festival (salarios, artistas, producción, comunicación, gastos de estructura, etc.), todos los beneficios se reinvierten íntegramente en futuras ediciones de Sónar".

Como gesto de apertura al debate, el Sónar ha anunciado que el escenario Stage+D, un espacio de charlas y actuaciones audiovisuales, acogerá un foro sobre la relación entre cultura y fondos de inversión, con preguntas como: ¿Puede existir una cultura fuera de las dinámicas capitalistas? ¿Qué papel deben asumir los actores culturales ante injusticias como el genocidio en Gaza? ¿Cómo generar prácticas éticas en sostenibilidad y patrocinios?

Asimismo, el Viña Rock sufrió este año la baja de una docena de artistas. Pero el impacto no se limita a la edición actual, el festival deberá ahora reconstruir su cartel de cara a futuras convocatorias sin algunos de sus nombres más emblemáticos. Bandas consolidadas como Reincidentes, Porretas, Sons of Aguirre, Dakidarría, Kaos Urbano o Los de Marras han anunciado que no volverán a participar mientras el festival continúe en manos del fondo israelí, alegando razones éticas y de coherencia con su trayectoria.

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La organización emitió un último comunicado hace un par de semanas en el que ha insistido en "su condena a la masacre que está sufriendo el pueblo palestino" y asegura que el "Viña Rock no financia ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente". Además, niegan que KKR tenga "ninguna capacidad de decisión sobre la programación, valores o gestión del festival".