Las olas de calor disparan la contaminación por ozono en España a los niveles más altos de la década

Más de doce millones de españoles -uno de cada cuatro- respiraron aire contaminado por ozono por encima de los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea (UE) entre 2023 y 2025, según Ecologistas en Acción. De acuerdo con los límites actuales -que la ONG considera "obsoletos- la población que habría respirado aire con más ozono del permitido en el trienio 2023-2025 desciende hasta ocho millones de personas, es decir, un 17% de la total.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "más estricto que el objetivo legal y más acorde con una adecuada protección de la salud", la organización avisa de que el aire contaminado por ozono ha afectado en 2025 a 47 millones de personas en el Estado español, el 97% de su población. Estas son las conclusiones del Informe estatal de calidad del aire 2025 presentado este martes.

Con esta investigación, la ONG denuncia que siete comunidades autónomas carecen aún de planes autonómicos para reducir este contaminante y demanda que el Gobierno apruebe de forma "urgente" el Plan Nacional de Ozono.

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En líneas generales, la organización ha detallado que los niveles de ozono en 2025 han sido los más altos de la última década como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros. De hecho, la frecuencia de las superaciones del valor objetivo legal ha recuperado la de los años previos a la pandemia de la covid-19, con un aumento del 5% en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado.

Por zonas, la Comunidad de Madrid ha sido la que ha registrado una mayor contaminación por ozono de todo el territorio español: casi todas sus estaciones de medición se han situado por encima del nuevo objetivo legal. De hecho, Madrid ciudad ha vuelto a batir su récord histórico de este contaminante, que también ha repuntado en Andalucía, el litoral mediterráneo (Balears, Catalunya, Región de Murcia, Melilla), Castilla y León y Extremadura.

En este marco, un total de 26 áreas de Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han incumplido el vigente objetivo legal en el trienio 2023-2025 y lo han excedido al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior. Este número aumenta hasta la treintena de zonas si la medición se basas en el nuevo objetivo legal aprobado para 2030. En paralelo, se ha reducido en el Valle del Ebro, la cornisa cantábrica, Castilla-La Mancha, País Valencià y Canarias.

 Un problema de salud "de primer orden"  

Al margen de ello, Ecologistas en Acción ha avisado de que 2025 ha sido además el año con más superaciones del umbral de información a la población desde 2015, con 320 registradas a 30 de septiembre, concentradas en la Comunidad de Madrid y Catalunya.

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Por esta parte, la organización incide en que los gobiernos de Aragón, Asturias, Extremadura y Euskadi no han advertido en 2025 a la población sobre los niveles de ozono tal y como "es preceptivo". Asimismo, las demás comunidades autónomas afectadas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una difusión eficaz de la información. "La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema", ha denunciado la ONG.

Más allá de ello, Ecologistas en Acción ha vuelto a recalcar que la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario "de primer orden". En este sentido, las principales vías de actuación para reducirla son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste y penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación, así como compostar los biorresiduos y una moratoria para las nuevas macrogranjas que reduzcan las emisiones de metano, "responsable de los elevados niveles de ozono de fondo en Europa y España".