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Operación Chamartín La Operación Chamartín vuelve a los tribunales

Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) reclaman la nulidad del proyecto urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite su recurso.

Reproducción de la Operación Chamartín
Reproducción de la Operación Chamartín

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la Operación Chamartín, también conocida como Madrid Nuevo Norte. De esta forma, se abre un proceso de alegaciones entre las partes implicadas en el polémico macroproyecto urbanístico.

El objetivo de este recurso, según explican desde ambas organizaciones, es lograr que la Justicia declare la nulidad del proyecto en los términos en los que se aprobó, ya que "contiene una edificación sobredimensionada", que no mejora la carencia "en dotaciones de los barrios vecinales", "contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos" y "elimina dos vías pecuarias". Además, ecologistas y asociaciones vecinales, recalcan que todo el proyecto está planteado para "beneficiar el interés privado".

El historial de la Operación Chamartín con la Justicia

Los ecologistas recuerdan que no es la primera vez que esta polémica actuación urbanística se ve ante la Justicia. En 2017, el Tribunal Supremo anuló la Operación Chamartín -aprobada en 2011 siendo alcalde Alberto Ruíz-Gallardón- y que previamente había sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en 2015.

Tras aquella anulación, el Ayuntamiento de la capital volvió a tramitar un nuevo proyecto que se prolongó durante tres legislaturas. Siendo alcaldesa Ana Botella el Consistorio estuvo a punto de aprobar el plan parcial presentado por Distrito Castellana Norte. Cuando asumió la alcaldía Manuela Carmena, se paralizó la tramitación del plan parcial y se inició una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el PGOUM.

Finalmente, ha sido el Gobierno municipal actual de José Luis Martínez Almeida el que, el pasado 29 de mayo, aprobó provisionalmente la Modificación Puntual del PGOUM en los ámbitos de planeamiento APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” y APE 05.27 “Colonia Campamento” para la definición de las determinaciones y parámetros de ordenación de la operación urbanística “Madrid Nuevo Norte”.

Y el pasado 22 de julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, lo aprobó definitivamente. Ocho días después de esta aprobación, la FRAVM y Ecologistas en Acción interpusieron un recurso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva ante el TSJM, un recurso que ahora ha sido admitido a trámite, con fecha de 3 de septiembre. 

¿Qué se va a construir?

Los ecologistas señalan que "Madrid Nuevo Norte supone la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo al norte de la ciudad de Madrid, una superficie que equivale a tres veces el parque de El Retiro". Este ámbito, añaden, está atravesado de norte a sur por la red ferroviaria. "Aunque el 80 % del suelo es de titularidad pública (Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II y Empresa Municipal de Transportes), el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José", indican en su nota.

Sobre este ámbito está prevista la construcción, entre el Nudo Norte y la estación de Chamartín, de 22 torres de similares dimensiones a las cuatro existentes en la Plaza de Castilla. Todas para uso de oficinas y comercial. Al norte de la M-30 se localizan la mayoría de las 10.700 viviendas previstas. Los denunciantes critican que "aunque parezca mentira, la operación contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección (VPPL y VPPB) por debajo del mínimo contemplado, tanto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como en la Ley de Suelo estatal. El proyecto destina a este tipo de vivienda el 20 % de la edificabilidad residencial, mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30 % en suelos urbanizables".

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