El Orgullo se abre paso ante una ofensiva global contra los derechos LGTBIQ+ que ya está aquí
Mientras redes ultraconservadoras intentan ganar terreno con leyes, gobiernos y discursos de odio, las comunidades LGTBIQ+ intentan responder con más organización, presencia y memoria histórica.
Madrid-
En la madrugada del 28 de junio de 1969, en una esquina de Nueva York, un grupo de personas sin apenas derechos —es decir, con poco que perder— respondió a la violencia policial lanzando ladrillos y tacones contra quienes encarnaban un sistema que les asfixiaba. Aquella revuelta fue, en realidad, una advertencia al mundo de que las disidencias no solo existían, sino que estaban dispuestas a luchar. Algunos de aquellos ladrillos han logrado servir, medio siglo después, de blindaje de nuevos derechos bajo la forma de tratados y leyes. Si bien una parte importante de ellos simplemente han sido barnizados con arcoíris —capitalizados, en el mejor de los casos—. Nadie diría hace 20 años, cuando las bases y las militancias lograron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el matrimonio igualitario, que nuevas formas de represión encabezadas por fuerzas reorganizadas, bien financiadas y rearmadas podrían poner en peligro todo aquello que vidas enteras lucharon y ganaron.
Sin embargo, hoy, en plena era de la hipervisibilidad, el derecho a la vida y la libertad de las comunidades LGTBIQ+ vuelven a tambalearse por el éxito de discursos que recuerdan a diario cómo las regresiones de derechos tienen mucho que ver con inundar con mensajes incendiarios las redes sociales, el silencio o la invisibilización, disfrazados de legalidad, tradición y neutralidad institucional.
La relación entre el ascenso de gobiernos de extrema derecha y el aumento de medidas discriminatorias "es clara y evidente. Lo hemos visto en lugares como Polonia con la creación de zonas libres de personas LGTBIQ+, en Italia con el intento de limitar el derecho de filiación a mujeres lesbianas y bisexuales o durante el Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil que, entre otras muchas medidas que atacaron a las minorías, creó un Ministerio de la Mujer, Familia y los Derechos Humanos, bajo la dirección de una pastora evangelista", explica a Público Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+).
Apenas en el último año más de 60 Estados han sido escenario de iniciativas legales que suponen un retroceso deliberado. La Unión Europea exhibe en estos momentos un mapa dislocado en el que "varios Estados han aprobado o han pretendido sacar adelante legislación que choca frontalmente con los propios valores democráticos en los que se fundamenta. Hungría, Bulgaria y Eslovaquia son ejemplos de ausencia de reconocimiento de nuestras familias, ataques al derecho de la infancia a recibir una educación en diversidad o de un claro discurso de odio hacia las personas trans", valora Rodríguez.
En Estados Unidos, una gran cantidad de territorios han aprobado "leyes que amparan la censura de contenidos LGTBIQ+ o menoscaban los derechos de las personas trans", continúa Rodríguez. Mientras que "en la actualidad hay más de 200 leyes anti-trans en activo en todo el país", detalla. Una situación que "no ha hecho más que empeorar" desde la llegada de Donald Trump a la presidencia a principios de este año 2025. En América Latina la situación no es menos preocupante. "La llegada al poder de Javier Milei en Argentina ha supuesto una normalización de los discursos de odio, no solo hacia la comunidad LGTBIQ+, sino hacia otros colectivos como las personas con discapacidad. Sus políticas han supuesto un desmantelamiento del débil sistema de bienestar del país", expresa el vocal de la FELGTBI+. Otra figura política del continente, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está empleando los mismos "discursos populistas contra el colectivo que denuncia detenciones arbitrarias y represión".
Un diagnóstico compartido desde Amnistía Internacional, donde vienen denunciando cómo "en los últimos años cada vez más países de Europa siguen los pasos restrictivos de Rusia". Desde la organización destacan también Hungría, "país que en el año 2021 aprobó la ley de propaganda que supuso una gran cantidad de retrocesos de los derechos LGTBIQ+". Ello de facto implica que, desde entonces, "se prohíben la publicación de libros con contenidos LGTBIQ+ en librerías que estén cerca de espacios infantiles. Con espacios infantiles nos referimos a parques, a plazas, a colegios, a institutos. Además, tienen que tener un sello que ponga que son libros para adultos", lamenta Bea Martos, responsable del trabajo sobre derechos LGBTIQ+ en Amnistía Internacional España.
"Esto en la práctica ha significado que numerosas librerías dejen de vender estos libros, que numerosas editoriales dejen de comercializar también estos libros y que, por tanto, autores y autoras dejen de escribir estos libros. Tampoco hay ningún tipo de contenido LGTBIQ+ en medios de comunicación en horario infantil que dura hasta las 21.00 horas", ejemplifica Martos. Además de que "en el currículum educativo no haya ningún contenido referente a información y sensibilización en el respeto hacia las personas LGTBIQ+ o en educación sexual integral", insiste la portavoz. Por si fuera poco, el país se ha convertido, también bajo el mando de Viktor Orbán, en un laboratorio de legislación transfóbica desde que en 2020 prohibiera el cambio legal de género, fijando el "sexo al nacer" como categoría inmutable.
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Otro ejemplo sería lo que sucede en Osetia, territorio de Georgia ocupado por Rusia donde se han aprobado leyes de propaganda LGTBIQ+ como la que hizo entrar en vigor Vladímir Putin en 2013. "En la propia Georgia hubo varios intentos por parte del Parlamento el pasado año de aprobar leyes anti LGTBI+ que, afortunadamente, fueron bloqueadas por su Tribunal Constitucional o su presidente. Es, sin duda, un ejemplo claro de la influencia de Rusia en esa región", apunta Óscar Rodríguez.
Entre tanto, plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Instagram o X, lo que antes era Twitter, han servido de altavoces, "han alimentado y siguen alimentando esta retórica del odio, puesto que los mensajes incendiarios se propagan muy rápido. Suponen mayor interacción de los usuarios porque alimentan las emociones negativas, las cuales consiguen más interacción, ya sea en el número de me gusta, en el número de compartidos o en los comentarios añadidos", opina Bea Martos. "Hablamos de grupos ultraconservadores como CitizenGo, lobbies religiosos, think tanks o fundaciones con ingentes cantidades de fondos como The Heritage Foundation. En 2022, Elon Musk destinó 50 millones de dólares a financiar campañas publicitarias racistas y contra los derechos trans", señala Óscar Rodríguez.
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De esta forma, los discursos autoritarios utilizan a las comunidades LGTBIQ+ "como chivo expiatorio para movilizar apoyos, desviar la atención de crisis sociales o económicas, y reforzar modelos tradicionales de familia o nación", añade Rodríguez.
"Cuando el colectivo gana visibilidad y derechos, los sectores más reaccionarios se organizan y responden con más fuerza (...) Se destinan ingentes cantidades de recursos y se aprovechan de contextos donde las democracias son frágiles para introducir su agenda anti-LGTBIQ+. Por eso, es clave entender que defender nuestros derechos nos atañe a todos como sociedad, independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género. Defenderlos implica también ponerse del lado de la democracia, los derechos humanos y la justicia social", reclama el vocal de FELGTBI+.
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Datos que hablan solos
El informe ILGA 2024 constata que, a escala global, la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sigue vigente en 59 países. En diez de ellos —entre los que se incluyen Irán, Mauritania, Arabia Saudí y Nigeria— la pena de muerte, de hecho, se aplica con regularidad. El caso de Uganda, con su ley de 2023 que tipifica la "homosexualidad agravada" como delito capital, no es una anomalía o algo así como una eventualidad aislada. El uso del derecho penal como arma de disciplinamiento político está, tal y como recoge el estudio, a menudo impulsado por redes ultrarreligiosas transnacionales. Estas redes —en especial las procedentes de Estados Unidos— no solo financian campañas, sino que diseñan marcos jurídicos enteros que luego se exportan y replican como modelos normativos en otros países africanos y del Caribe.
Laws On Us documenta cómo al menos 15 países europeos —entre ellos Rusia, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Lituania o Letonia— se han aplicado sanciones contra medios de comunicación, editoriales, docentes, activistas o incluso cuentas en redes sociales por "difusión de contenidos inapropiados" o "propaganda".
En paralelo, la libertad de asociación entre estas comunidades se erosiona a través de la imposición de requisitos administrativos imposibles, la negación de personalidades jurídicas a colectivos, la vigilancia policial sobre sus actividades o las campañas públicas de deslegitimación. Laws On Us señala que 55 países mantienen obstáculos formales al registro legal de organizaciones LGTBIQ+ y al menos 20 prohíben su funcionamiento de facto. En varios casos —como Tanzania, Egipto, Turquía o Indonesia— se han producido arrestos masivos durante reuniones privadas, asambleas internas o talleres de salud sexual, bajo cargos tan amplios como "promoción de la inmoralidad" o "atentado contra la seguridad nacional".
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Ni siquiera los ámbitos reconocidos como más garantistas escapan a esta ola de reversión. El informe de ILGA advierte que, pese a un aumento general en las leyes contra las llamadas "terapias de conversión", varios países han optado por normas tibias o con cláusulas que permiten su ejercicio en contextos religiosos o familiares. Solo 16 Estados prohíben de forma categórica estas prácticas; en el resto, la falta de regulación favorece la continuidad de métodos que la ciencia considera tortura psicológica, especialmente contra niños, niñas, niñes y adolescentes. A esto se suma una lentitud alarmante en el reconocimiento legal de la expresión de género: en 2024, apenas 23 países permiten el cambio de marcador legal de género sin requisitos médicos o judiciales, y solo 11 reconocen categorías no binarias (en España, por ejemplo, esta opción no está contemplada en la llamada ley trans).
El impacto más invisible —y quizá más devastador— es el que afecta a las infancias. Pues, en nombre de una supuesta "protección del menor", decenas de leyes han sido reformuladas para impedir el acceso de jóvenes trans o no conformes con su género a información, apoyo escolar o servicios médicos básicos. Algunos países como Estados Unidos, Serbia o Reino Unido han promovido medidas que obligan a los docentes a denunciar la identidad de género de su alumnado a sus familias, prohibiendo el uso del nombre elegido o el acompañamiento psicopedagógico. Mientras que en al menos 13 Estados, incluidos varios europeos, se han restringido los bloqueadores hormonales o las terapias afirmativas, pese a las recomendaciones clínicas internacionales que los consideran tratamientos esenciales para su salud mental y física.
"Tenemos los datos de que desde el año 2008 hasta septiembre de 2024 más de 5.000 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo, siendo Brasil el país donde más peligroso es ser una persona trans y donde dentro del colectivo trans son las mujeres racializadas, las más desprotegidas y las que más sufren este tipo de delitos de odio. Muchas de ellas son trabajadoras sexuales que son asesinadas por sus propios clientes o por personas que que las ven por la calle y las agreden", denuncia Bea Martos, de Amnistía Internacional.
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Comunidades LGTBIQ+ del mundo: uníos
España no se libra. Mientras miles de personas salían a las calles para celebrar el día del Orgullo el pasado 28 de junio, Vox volvía a recurrir un par de días después a la justicia para denunciar la colocación de la bandera y la pancarta LGTBIQ+ en los balcones de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Aunque se trata de un gesto que cuenta con el respaldo jurídico de, nada más y nada menos, que el Tribunal Supremo, la formación ultra insiste en que le parece una "ofensa ideológica". De hecho, su portavoz municipal, Carla Toscano, ha ido más allá acusando a las comunidades LGTBIQ+ de querer "propagar la homosexualidad entre adultos y niños", y relacionando directamente su visibilidad con la pederastia.
Discursos, de nuevo, con casi total impunidad que encuentran ecos en declaraciones, mociones y votos que venimos atestiguando desde tiempo atrás. Basta recordar que, en febrero de este año, tanto Vox como el Partido Popular votaron en contra de una propuesta en la Asamblea de Madrid que pedía reformar la legislación estatal para que las mencionadas "terapias de conversión" sean tipificadas como delito penal. Y tampoco esto es casual: la reforma que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsó unos meses antes de esa votación en la Comunidad de Madrid eliminaba expresamente la prohibición de estas prácticas, rompiendo con el consenso previo y blanqueando ese tipo de violencia.
La bandera arcoíris ha sido descolgada de edificios institucionales en Madrid, Valladolid o València, acompañada de discursos que la presentan como "partidista" o "ideológica", como si la defensa de derechos humanos pudiera colocarse al margen del espacio público. A esto se suma la ofensiva judicial que el propio Partido Popular mantiene contra la conocida ley trans estatal, en una maniobra que recuerda al recurso que ese mismo partido interpuso en 2005 contra el matrimonio igualitario —y que fue desestimado por el Constitucional en 2012—. Y la aplicación de la norma se ve saboteada desde dentro: en registros civiles de Galicia, Castilla-La Mancha o Canarias se han reportado casos en los que se exigen pruebas médicas, testigos o documentación adicional a personas que solicitan el cambio registral de sexo, a pesar de que la normativa en vigor no contempla ya ningún requisito de ese tipo.
La violencia, además, ha migrado con fuerza al terreno digital. Activistas y comunicadores como Elsa Ruiz o Bob Pop han sido blanco de campañas de acoso, amenazas de muerte e insultos tras expresarse públicamente a favor de los derechos de las personas trans. La Federación Estatal LGTBI+ también ha visto cómo sus perfiles en redes sociales eran objeto de ataques coordinados y diferentes intentos de cierre. Pese a todo, la respuesta judicial sigue siendo escasa: muchas denuncias por injurias, amenazas o incitación al odio se archivan sin investigación, y no todas las unidades policiales cuentan con formación o protocolos específicos para abordar estos casos. Solo algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, han establecido equipos especializados en delitos de odio; en otras comunidades, como Castilla-La Mancha o Galicia, muchos casos ni siquiera se registran con la categoría adecuada, lo que impide un seguimiento estadístico fiable.
A todo esto se suma el uso creciente de demandas que organizaciones ultraconservadoras interponen contra activistas. Son querellas que buscan no tanto prosperar jurídicamente como desgastar, silenciar, generar miedo, obligar a quien denuncia la LGTBIfobia a rendir cuentas ante un sistema que ya no siempre los protege. "El delito de odio es un tipo penal que ha estado envuelto en múltiples polémicas desde su inclusión en nuestra legislación, y todavía hoy sigue siendo un terreno plagado de ambigüedades que permiten su instrumentalización con fines ajenos a aquellos para los que se supone que fue creado", recuerda Nora Rodríguez, abogada especializada en este área.
Entre ellos "encontramos la utilización del delito de odio por grupos y partidos de extrema derecha y asociaciones fundamentalistas, como puede ser Abogados Cristianos. Por ejemplo, Hazte Oír lo usó esta legislación para perseguir a quienes protestaban contra sus discursos machistas, homófobos y tránsfobos, como es el caso de las denuncias puestas contra las personas que se manifestaron en València ante su autobús con mensajes contra la ley de violencia de género, o a los ocho jóvenes de Sevilla que no dejaron circular un autobús similar con mensajes tránsfobos", señala. La letrada también "el caso reciente del procesamiento al humorista y locutor de radio Héctor de Miguel por un presunto delito de odio debido a sus comentarios irónicos sobre "dinamitar el Valle de los Caídos" y sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes tras una denuncia de Abogados Cristianos".
Aun así, el pasado sábado, como cada 28 de junio, las calles de miles de ciudades, municipios y pueblos se llenaron de cuerpos que han decidido que no se van a esconder, y lo harán de nuevo este fin de semana, durante el MADO en Madrid, en una de las mayores concentraciones LGTBIQ+ de Europa. Saldrán a llenar las avenidas sabiendo que su visibilidad, su presencia, es una herramienta política; y que ocupar el espacio público es una forma de hacerse fuertes frente a quienes les quieren devolver al armario y al estigma. Lo harán también por quienes ya no están, como Samuel Luiz, asesinado a golpes. Por quienes vendrán, por quienes aún no pueden nombrarse, o necesitan saber que existen muchas y muy diversas comunidades que les van a sostener incluso cuando el Estado se pliegue, las instituciones fallen o las leyes se vacíen.
Sobre la firma
María Martínez Collado
Redactora de Igualdad, Violencias Machistas, Resistencias y Salud Sexual
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