Los vientres de alquiler no están permitidos en España, por ello algunos españoles recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera, una realidad paradójica con múltiples aristas que ha puesto en aprietos al Gobierno y cuya solución es muy compleja.

La pasada semana, se abría una vía a la inscripción de los niños nacidos por gestación subrogada mediante una prueba de ADN del progenitor, mediante una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia enviada a los consulados españoles de los países donde esta práctica es legal.

"Con instrucción o sin ella se va a seguir inscribiendo a los menores en los registros consulares"

Sólo un día más tarde, el Gobierno reculaba y anulaba esta orden, a la vez que se comprometía a "perseguir" a las agencias "que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal" y a dar solución a las situaciones que se hayan creado "atendiendo al interés superior del menor, en concreto a las familias que están en Ucrania.

"He parado esta instrucción personalmente porque no tenía conocimiento de ella y se había hecho pública sin el criterio de la ministra", ha comentado este lunes la titular de Justicia, Dolores Delgado, quien ha reconocido que se trata de un tema "muy complejo" con "muchas aristas".

La situación sigue sin orden porque la legislación española establece la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, pero no sanciona la práctica, por lo que resulta insuficiente para evitar que los ciudadanos españoles con recursos económicos viajen al extranjero y recurran a este proceso.

Desde la asociación Son Nuestros Hijos solicitan responsabilidad al Ejecutivo y advierten de que "con instrucción o sin ella se va a seguir inscribiendo a los menores en los registros consulares" aunque "el camino vaya a ser más largo".

El deseo de tener un hijo, la dignidad de la mujer, el interés superior del menor y distintos enfoques internacionales son los vértices de una realidad compleja cuya solución no parece sencilla.

Los vientres de alquiler no están prohibidos

El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, incide en que la gestación subrogada no está prohibida en España. "Ése es el gran problema. Aquí está declarada la nulidad del contrato, no está prohibida la actividad y una actividad para estar no permitida tiene que estar prohibida". (...) Otra cosa es que yo esté ofreciendo algo, y ahí está lo paradójico y contradictorio, que va a ser nulo", aclara a Efe.

"Posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico"

En el libro Vientres de alquiler, la abogada Núria González explica que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y aclara que la filiación viene determinada por el parto. También en 2010 el Tribunal Supremo declaró nulos esos contratos. Sin embargo, en esa misma ley se mantiene "a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico".

A su vez, añade la abogada, el Código Penal prohíbe la venta de hijos o menores y castiga la práctica con penas de prisión de hasta cinco años, tanto para quien vende a los menores como para quien los recibe y los intermediarios. Y en el Código Civil se establece que la mujer gestante nunca podrá entregar a un menor antes de que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.

¿Y cómo se permite que ciudadanos españoles recurran a los vientres de alquiler en el extranjero? Gracias a una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que considera que lo mejor para el menor es la filiación a favor de los padres comitentes, los padres inscriben a los niños en los registros consulares.

Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.

Cómo es un proceso vientre de alquiler

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

Para hacerlo, hay que acreditar que no pueden tener un hijo de forma natural. El futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante y deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja.

"Los programas
más caros son los
cerrados: pase lo que
pase durante el
proceso se reinicia y
no tiene sobrecoste
para los padres".

El embrión se implanta en el útero de la mujer gestante –que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas–, que firma en el contrato que rechaza a la filiación. Si prospera el embarazo, el padre o padres españoles viajarán cuando tenga lugar el parto para recoger al bebé y, tras inscribirlo en un registro consular, regresar con él a España.

David Monje, responsable de la agencia Go4baby, detalla que en su empresa ofrecen "paquetes" que parten de los 36.000 euros y van hasta los 54.000, en función de los intentos de transferencia de embriones y de los servicios que se ofrecen a los padres. Se tarda entre 12 y 18 meses desde que se firma el contrato hasta que se tiene al niño.

"Los programas más caros son los cerrados: pase lo que pase durante el proceso   –varias transferencias, incluso algún aborto–, se reinicia y no tiene sobrecoste para los padres".

Monje, cuya empresa opera en Ucrania, reconoce que son los padres comitentes los que deciden si la mujer gestante aborta y que determinados programas cubren el reinicio del proceso si el bebé muere.

Cuando el niño nace, los padres lo recogen del hospital, se hace la prueba genética del progenitor para demostrar la paternidad y se inscribe en el registro consular. Una vez en España, la madre comitente solicita su adopción.

Monje defiende que las mujeres en Ucrania se prestan a gestar un niño de terceros "para mejorar su vida y la de su familia" porque "saben que haciendo este tipo de proceso pueden conseguir una buena compensación económica". "Las mujeres ricas no gestarían, seguramente, pero es que tampoco limpian oficinas ni hacen otras cosas. Es un argumento que cae por su propio peso", dice Monje.

La abogada Núria González denuncia que se trata de "un negocio lucrativo que tiene a un bebé como producto y que alquila el cuerpo de una mujer", compromete su dignidad, y afirma que estos contratos abusivos están basados en la "extrema vulnerabilidad" de las gestantes, que suelen ser mujeres pobres.

"Contratos repugnantes"

En este sentido, el presidente del Comité de Bioética considera que los contratos por gestación subrogada "resultan sorprendentes y repugnantes". "En esos contratos se plantea lo que la mujer puede hacer: si puede fumar, si puede beber, si puede viajar, si hay malformación quién decide sobre el aborto. Si hay un parto gemelar y uno de los niños nace con deficiencia y otro no, que ha ocurrido, resulta que el producto es defectuoso", alerta De Montalvo.

"Una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres"

Cree que la gestación subrogada "abre una comercialización, una mercantilización de algo natural que es tener un hijo". "Hay un negocio detrás", lamenta. "Pensar que para una mujer de un país remoto que casi no conoce España su pasión, su afición o su inquietud es permitir que unos españoles tengan un hijo me suena a una historia tan compleja, me suena raro, inverosímil", resalta.

También contrario a esta práctica es gran parte del feminismo, que la entiende como "una forma de esclavitud, sobre todo de las mujeres pobres": "Esta práctica reduce a las mujeres a vasijas, a hornos, a instrumentos de producción. Las mujeres no hemos venido al mundo para esto" se queja la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo.

Por el contrario, el presidente de Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación subrogada se acabarían si se regulara en España con garantías: "cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros".

Ciudadanos, el único partido que pide su regulación

Un único partido del Parlamento, Cs, se ha mostrado a favor de regular por ley la maternidad subrogada: "Los vientres de alquiler son una realidad, nos guste o no", subraya a Efe la diputada Patricia Reyes.

El modelo que propone la formación naranja es uno altruista, en el que una mujer se presta a gestar un hijo de terceros de manera voluntaria, sin recibir remuneración pero sí "compensación" para cubrir los gastos del embarazo, y bajo la supervisión de un sistema oficial.

"Mercantilización aquí no hay. (...) Que una mujer pueda tomar libremente sus decisiones es lo más feminista del mundo. Que no se le deje a una mujer tomar la decisión de gestar para ayudar a otras personas me parece lo más contrario al feminismo que hay", apunta.

Reyes, que está convencida de que la sociedad española "no tiene ningún problema" con la gestación subrogada, cree que regularla en España permitiría que personas sin recursos económicos pudieran acceder a ella y evitaría que se recurriera a países donde no es seguro para las mujeres gestar para un tercero, donde son explotadas.

Difícil solución mundial

La abogada Núria González destaca que "si hubiera una prohibición mundial, no habría más problema", sin embargo la postura de los países difiere mucho. De la misma opinión es el presidente del Comité de Bioética: "El problema es que si lo regulamos a nivel nacional, incluso si lo prohibimos, ¿qué conseguimos? Se van a seguir yendo y van a volver con un niño. Son dilemas transfronterizos. Lo nacional puede solucionar problemas, pero no es suficiente".

De Montalvo será uno de los 36 expertos de la Unesco que tratarán de promover en junio una respuesta mundial a este asunto, entre otras cosas, alcanzar puntos de encuentro en la protección del menor y "que la sociedad piense que lo que está haciendo no es lo más correcto".

Reconoce que prohibir la actividad de las agencias intermediarias dificultaría que los españoles recurrieran a esta práctica, "pero los que tienen poder económico van a seguir recurriendo a empresas fuera. Por eso la necesidad de trabajar en un plano internacional.

En esta misma línea, la Federación Internacional de Mujeres Juristas pidió en una declaración en noviembre que los países adopten medidas legislativas que criminalicen esta práctica al considerarla una forma de explotación reproductiva y de violencia de género.