Los grandes propietarios concentran el 40% de la vivienda en Barcelona, mientras que el parque público solo supone un 1,8%

El 14% de las viviendas de Barcelona está en manos de 2.600 propietarios. El dato, extraído del informe Estructura y concentración de la propiedad de viviendas de la ciudad de Barcelona, publicado recientemente por el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), constata una progresiva concentración de la propiedad, a pesar de que el estudio indica que los titulares de una única vivienda suponen el 84% del total, acumulando un 55% del parque inmobiliario.

Este proceso es el que denuncian las entidades en defensa de la vivienda, como el Sindicat de Llogateres o el Observatori Desca, que ponen el foco en que el fenómeno se agudiza en el caso del alquiler, un dato que no recoge el informe, y en la escasa apuesta pública por la vivienda de protección oficial. Además, alertan que el Ayuntamiento de Barcelona busca favorecer los intereses de las inmobiliarias, desactivando la medida de construir un 30% de pisos sociales en las nuevas promociones en la capital catalana.

Los propietarios con más de cinco pisos acumulan el 40% del parque inmobiliario de Barcelona

Haciendo un recorrido de más a menos, el informe muestra que los propietarios de más de 15 viviendas representan el 0,5% del total de titulares (2.593) y disponen del 14% del parque (111.140). En Estructura y concentración de la propiedad de viviendas de la ciudad de Barcelona se destaca que en 2023 constan un total de 524.357 propietarios y 794.272 viviendas en la ciudad, lo cual supone una media de 1,5 unidades por titular y un volumen muy elevado de titulares que solo disponen de un inmueble (440.540 propietarios que representan el 84% del total).

Paralelamente, se concluye que los propietarios de cinco o más viviendas suponen el 2,2% del total de titulares (11.777) y ostentan el 23,2% del parque (184.111). Los de más de 10 viviendas representan el 0,9% del total de titulares (4.572) y acumulan el 17,2% (136.324). En total, estos dos colectivos atesoran el 40,4% del parque inmobiliario, que se lo reparten 16.349 personas.

Un dato preocupante que se extrae del informe es que el parque público solo supone un 1,8% del total y se concentra prácticamente en todo el frente marítimo y el eje Besòs, con una representatividad de más del 15% de las viviendas en los barrios de Can Peguera, Torre Baró, la Marina del Prat Vermell, Vallbona y Baró de Viver.

Empresas como propietarias de vivienda

El Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona ha comprobado que entre los propietarios que tienen más de 10 o 15 viviendas, las empresas ganan peso y pasan a ser las principales propietarias del parque inmobiliario, acaparando el 53,7% del total ante el 49,7% de los propietarios particulares. En relación con las personas jurídicas propietarias, estas cuentan con una media de 7,5 viviendas por titular, una cifra cinco veces mayor a la de la media de los propietarios particulares.

En el caso de los propietarios de cinco o más viviendas, los inmuebles están más representados en el distrito de Ciutat Vella, gran parte del Eixample y Sant Gervasi y en los barrios de la Vila de Gràcia y Sant Genís dels Agudells. En particular, en el Barri Gòtic llegan a suponer más de un 40% de las viviendas. En cuanto a los propietarios de más de 10 y más de 15 viviendas, el volumen es mayor en los barrios centrales de Barcelona y en ambos casos suponen más de un 30% de las viviendas de Sant Genís dels Agudells, en el distrito de Horta-Guinardó.

"Los datos ponen en cuestión el imaginario colectivo de los pequeños propietarios jubilados que alquilan su piso para complementar la pensión"

La concentración de las propiedades de las viviendas todavía se incrementa más en el caso de los alquileres. Así lo señala Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. "Los datos ponen en cuestión el imaginario colectivo de los pequeños propietarios jubilados que alquilan su piso para complementar la pensión, si no que más bien demuestran que está controlado por inversores y grandes tenedores".

Según Aragonès, las estadísticas suponen un nuevo aviso que "dejar el sector en manos del mercado, permitiendo que los agentes extraigan rentas ilimitadas del suelo, hace cada vez más difícil garantizar un derecho fundamental como el acceso a la vivienda". El portavoz de la entidad insiste que este derecho tendría que estar desvinculado de la cifra de pisos que tenga un propietario.

La pérdida de la vivienda de protección oficial

Enric Aragonès recuerda que el artículo 18 de la ley 18/2007, aprobada por el Parlament de Catalunya, establece que para impulsar la creación de un parque específico de viviendas a un precio al alcance de las rentas bajas y medianas, un 15% de las construcciones se tienen que destinar a pisos sociales en un plazo de 20 años. Este finaliza de aquí a cuatro años y actualmente, el parque de viviendas públicas no supera el 2%. Además, hasta el año 2019, muchos de los pisos protegidos perdieron la calificación, lo que ha provocado una disminución progresiva del parque.

En una línea similar, desde el Observatori Desca se aboga por impulsar vivienda de protección oficial de alquiler o reducir la superficie mínima donde se aplica en las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gràcia.

La entidad considera "inadmisible el cuestionamiento de la norma de destinar un 30% de las nuevas promociones a la vivienda de protección oficial, en un contexto en que el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO [vivienda de protección oficial]". Así, precisan que el 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 24 años, en 2048, se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.

Las dos entidades lamentan la oportunidad perdida que ha sido no haber adquirido por el parque público de vivienda el stock de pisos rescatados de los bancos a consecuencia de la crisis inmobiliaria. El traspaso de estas promociones y su consideración de interés general habría incrementado la nula cifra de construcciones sociales que hay ahora en Barcelona y al conjunto de Catalunya.