La entidad de defensa del catalán Plataforma per la Llengua también fue espiada con Pegasus y lo ha denunciado en Bélgica, donde residen algunos de los miembros de la Ejecutiva afectados. La Justicia belga está investigando ya el caso, según el cual al menos cinco móviles habrían sido infectados desde 2021.

"Esto nos demuestra que no sólo hay dos estados en contra del catalán, sino que al menos uno de ellos también está en contra de la ONG del catalán", ha afirmado Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua y uno de los espiados.

Este caso sale a la luz más de un año después de que una investigación periodística internacional revelara que más de 60 líderes del independentismo habían sido espiados con este software, incluyendo a Pere Aragonès y Carles Puigdemont.

Actualmente existe un comité del Parlamento Europeo que investiga este caso de espionaje masivo, desvinculado de la denuncia que ha hecho pública este martes Plataforma por la Lengua. Los partidos independentistas han señalado que el Estado bloquea esta labor, pero eso no ha impedido que hace unas semanas el comité emitiera un informe en el que reclama una investigación "efectiva" por la que propone implicar a Europol.

Pruebas de que el espionaje proviene del Estado español

Plataforma per la Llengua tiene pruebas del espionaje, que ha dejado rastro en los terminales infectados, y también que proviene del Estado español. En uno de los casos quedó registrado el número de teléfono y la operadora, ambos españoles, que introdujeron los softwares Pegasus y Predator en los móviles afectados.

"Esto vulnera el Código Penal belga y el derecho europeo. Pensamos que es inadmisible que se nos espíe sin motivo alguno", ha explicado Escuder, que ha participado este jueves en una rueda de prensa junto a Rut Carandell, directora de Plataforma per la Llengua y abogada, y Josep Jover, abogado especializado en Derecho de la Unión Europea y las TIC.

La entidad empezó a tener indicios de que algunos móviles estaban siendo espiados y pidió un peritaje en verano de 2022, que finalizó en otoño con el resultado de que los cinco terminales investigados habían sido infectados con dicho software. La conclusión es que hay rastros desde 2021, aunque podría haber empezado antes.

En principio, el mismo software que infecta al móvil borra su rastro, pero en uno de los casos no funcionó y quedó registrado el teléfono, español, al igual que la operadora.

Por el momento el caso está en fase de investigación. Después de que la Justicia belga admitiera a trámite la querella, se celebró una vista previa y actualmente la instrucción continúa. "Demandamos al Estado, pero quien hace los delitos, si finalmente los hay, son unos funcionarios concretos. Pedimos a la Justicia que los identifique y también saber por qué ha pasado esto".

Los miembros de la entidad se han mostrado sorprendidos por el espionaje, ya que alegan que no realizan ninguna actividad ilícita ni que escape del control público. "Hay alguien muy interesado en saber lo que hacemos, cuando todo es público", ha denunciado Escuder.

Una demanda pionera en Bruselas

La entidad ha remarcado que es la primera vez que se ha presentado una demanda por unos hechos así en Bruselas, una cuestión justificada por la legislación de privacidad comunitaria. Asimismo, confían en que esto permita una investigación más rápida y con más garantías, vistos los obstáculos para investigar casos similares.

"Existe la voluntad expresa de proteger este Estado profundo [en España]. La prueba es que las querellas presentadas aquí, mucho antes que la nuestra, todavía no se han tramitado", ha apuntado Jover.

El abogado ha explicado que el Estado podría realizar este espionaje legalmente, pero que por eso necesita la autorización del Eurojust, el organismo competente en estos casos, y justificar por qué delitos lo solicita. Actualmente esto está en investigación, aunque la entidad tiene indicios de que las autoridades no han cumplido esa esa obligación.