La Policía Nacional activó a primera hora de la tarde de este viernes un operativo para repatriar a los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo. Este dispositivo ha comenzado con el traslado, en grupos de 15, de los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia y no incluirá a los menores considerados "vulnerables", aunque, de momento, no se ha concretado qué características concurren en esos casos.

El primer grupo de menores marroquíes ya está en el Centro de Asistencia Social de Martil, localidad marroquí situada a unos 30 kilómetros al sur de Castillejos en la región de Tánger-Tetuán. 

Según ha informado Cadena SER, la orden de devolución la ha dado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de acuerdo al escrito que recibió hace unos días la Delegación del Gobierno en Ceuta, que recoge que "por indicación del ministro del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos".  

Derechos Sociales llevaba "meses" a disposición de Interior

Tras conocerse el operativo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha lamentado no haber recibido ninguna respuesta a pesar de llevar "meses" poniéndose a disposición del Ministerio del Interior, según han informado varios medios de comunicación. 

El organismo encabezado por la vicepresidenta Ione Belarra  pretendía trabajar, junto al Ministerio de Marlaska, en "un protocolo de reagrupación familiar" para menores que migran solos que "cumpla con la normativa nacional e internacional". 

Críticas

La medida aprobada por el Gobierno ha suscitado un aluvión de críticas. Algunas organizaciones, como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Caminando Fronteras y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se han mostrado contrarias a la repatriación de menores en Ceuta, pues consideran que viola los derechos de la infancia. 

El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores a Marruecos y ha abierto actuaciones de oficio ante las numerosas quejas que han presentado oenegés por falta de garantías legales.

En concreto el Defensor del Pueblo indica que, según la Ley de Extranjería, Interior debe solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha hecho público un comunicado en el que señala que la deportación de estos niños "contraviene la normativa nacional e internacional de infancia". Además, insta a la ministra de de Derechos Sociales, Ione Belarra, a que "no permita que el primer aniversario de la ley de infancia recién impulsada por su Gobierno se celebre expulsando a más de 800 niños cuyo país de origen ni siquiera está seguro que sea Marruecos".

Según ha indicado la propia ONG, la Red está recopilando una serie de testimonios y datos para poder conocer y comprender la situación en que se encuentran los menores y, al mismo tiempo, hace un llamamiento a toda la clase política española y, en concreto, a las formaciones progresistas que apoyan al Gobierno, a los que urgen a "dar pasos para garantizar la paralización de forma inmediata de esta instrucción" que, a su juicio, es "a todas luces ilegal".

Caminando Fronteras denuncia que este proceso de deportación supone una "violación de derechos de la infancia sin precedentes" y ha recordado que "estas devoluciones colectivas van en contra de los DDHH y han sido prohibidas por la ONU". La CEAR también se ha mostrado crítica con el Ejecutivo y lamenta que estas repatriaciones se hayan puesto en marcha "a pesar del recordatorio de varias organizaciones" sobre la "ilegalidad" de esta práctica.

La organización Save The Children, por su parte, ha advertido este viernes de que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es "ilegal" y cuestiona el enfoque que ha tomado esta operación. Desde la ONG considera "ilegales" los planteamientos que pasen por reagrupaciones colectivas en lugar de analizar caso por caso la situación de cada menor de edad. Y, según ha informado la SER, han acudido al juzgado de guardia para solicitar la suspensión inmediata de estas devoluciones "sin garantías". 

De acuerdo a la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la organización, Catalina Perazzo, "resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar".

Según ha informado El Mundo, Unicef también ha manifestado su oposición al traslado de los menores. "Unicef no está en absoluto acuerdo con esta práctica de devolución de estos menores a Marruecos", ha declarado una responsable de la organización. 

El portavoz de la ONG marroquí Observatorio del Norte de Derechos Humanos (ONDH), Mohamed Benaissa, también denunció en declaraciones a Efe la actitud del Gobierno español al organizar estas devoluciones colectivas de los menores sin la supervisión de la justicia española. "El Gobierno español procedió a estas devoluciones en contra de las leyes internacionales que protegen los derechos de los menores", criticó.

"Fuera de las garantías de las leyes españolas e internacionales"

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que las relaciones con Marruecos eran "muy buenas en estos momentos", y anunció: "Pronto veréis el resultado". Además, apuntó que esperaba que antes de que comenzase el curso escolar todos los menores hubieran sido ya repatriados, una muestra de que las negociaciones estaban avanzadas y que todo estaba preparado para esta actuación.

Según Cadena SER, el pasado miércoles, 11 de agosto, la Delegación del Gobierno en Ceuta convocó una reunión a la que asistieron representantes ceutíes y del Reino de Marruecos, además de la vicepresidenta de Ceuta, Maribel Deu, y el secretario de la Delegación del Gobierno en la frontera del Tarajal "con la finalidad de coordinar el dispositivo de retorno". Durante el trascurso de la misma,  una funcionaria española apuntó que no se puede poner en marcha el convenio con Marruecos, aprobado en 2007, sin haber elaborado un protocolo previo, tal y como se recoge en el acuerdo, por lo tanto, no se puede proceder a ejecutar ninguna devolución, pues estaría "fuera de las garantías de las leyes españolas e internacionales". 

Fuentes oficiales, a las que ha tenido acceso la SER, aseguran que "los representantes marroquíes llegaron con la intención de ponerlo en marcha de inmediato, trajeron un autobús y todo", aseguran, pues el plan que traían los representantes del reino marroquí era "sacar de 15 en 15 (a los menores)  y de allí llevárselos a Tetuán". Pero la reunión concluyó sin ningún acuerdo debido a la ilegalidad del mismo. 

Otra fuente oficial apunta que el fiscal delegado ceutí ya tiene conocimiento del plan del Ejecutivo y se ha dirigido a la Delegación del Gobierno, además de a la Ciudad Autónoma, reclamando información, pues "no han contado con la Fiscalía", apunta.