Este lunes se han presentado dos nuevas querellas en el marco de la campaña estatal de CEAQUA "50 años de impunidad (1975–2025). Ni uno más", por el trabajo esclavo durante la dictadura franquista. 

Según el texto al que ha tenido acceso Público, las denuncias, presentadas por los familiares de las víctimas, se suman a las 120 querellas ya presentadas para exigir la "investigación judicial de los crímenes contra la humanidad" cometidos durante el Franquismo y la Transición. 

Las querellas han sido presentadas por Yolanda Martín Alameda y Mayte Meyer, nietas de los republicanos Juan Benlliure Aybar y Willy Meyer Moll, respectivamente, en los Tribunales de Instancia de Sigüenza (Guadalajara) y Montijo (Badajoz). Ambas denuncian "el trabajo esclavo que tuvieron que desarrollar sus abuelos en estas localidades durante la postguerra". 

Tanto Benlliure como Meyer fueron "detenidos, juzgados y condenados en Consejos de Guerra por las autoridades militares franquistas en los que se les imputó delitos de 'Auxilio a la rebelión'" y fueron obligados a desarrollar trabajos esclavos. En este sentido, Benlliure tuvo que trabajar en la construcción de la presa de Pálmaces de Jadraque, mientras que Meyer realizó trabajos en la construcción del canal de riego del Guadiana en Montijo. 

En ambas localidades se establecieron campos de concentración donde "hacinaban a los prisioneros" y se les instaba en "barracones con temperaturas extremas", según la información proporcionada por CEAQUA. Así mismo, los presos sufrían "agresiones físicas, palizas, trabajo adicional y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales".

Modelo de impunidad 

Las nietas de las víctimas, con estas dos nuevas querellas, denuncian, además, el modelo de impunidad por el que no se investigan los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. "Hasta la fecha, la mayoría de las 120 querellas presentadas han sido inadmitidas o archivadas en el conjunto del Estado español", según apuntan desde CEAQUA.     

La plataforma señala que el Estado debe "revertir sus políticas de impunidad" implementando medidas legislativas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron una violación de sus derechos humanos durante el Franquismo. Subrayan también que la Ley de Memoria Democrática "no habilita la investigación judicial de estos crímenes", tal y como ha afirmado el Tribunal Constitucional.

Ante esta situación, desde CEAQUA señalan que a los 50 años de la muerte de Francisco Franco deben "seguir denunciando los 50 años de impunidad por el Estado español" y aseguran que para ello seguirán "presentando querellas".