La ley de Memoria Democrática ha superado este jueves en el Congreso su prueba definitiva por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El nuevo proyecto memorialista, que busca actualizar y mejorar la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, pasa ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. De modo que se espera que el texto sea finalmente aprobado en septiembre, según las previsiones que maneja el Gobierno. 

La norma, que ha cosechado el rechazo de las derechas y la ultraderecha (PP y Vox han amenazado con derogar el proyecto legislativo si llegan a la Moncloa), también ha contado con la abstención de ERC y las críticas de buena parte de las víctimas del franquismo, aunque las diferencias entre un espectro y otro son abismales y van en diferentes direcciones.

Mientras PP, Vox y Cs han utilizado a las víctimas de ETA para despreciar a las del franquismo a colación de una enmienda pactada con EH Bildu para crear una comisión técnica que identifique a las víctimas de la Transición (desde 1978 hasta 1983), los republicanos, en la línea de las principales organizaciones de víctimas, consideran que el contenido de la ley es "insuficiente".

Y es que, la ley deja en el aire la incógnita de uno de su principales objetivos, esto es, que la Justicia española investigue los crímenes pertrechados por el régimen franquista, algo que hasta ahora ha sido inviable. De hecho, no solo ERC, Junts o la CUP han afeado que la ley no abra la puerta a la justicia. También EH Bildu o Más País han expresado su esperanza de que esto sea así.

El eje de la disputa parlamentaria ha girado en torno a la Ley de Amnistía de 1977, que sigue en vigor, ni se modifica ni deroga porque fue un instrumento a favor de "la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada", reza el texto. Así, el mecanismo escogido por el Gobierno establece que "todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Sin embargo, a ojos de varios partidos y colectivos memorialistas, la incorporación de este cambio no pone fin a una anomalía histórica que ha obligado a las víctimas de la dictadura a buscar Justicia fuera del Estado español. "La herida seguirá sangrando porque sigue en vigor la ley de amnistía", ha expuesto este jueves la parlamentaria republicana Carolina Telechea.

Importantes avances

Entre las novedades importantes, la ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, se creará un banco estatal de ADN y un censo estatal de víctimas con los nombres de aquellas personas fallecidas y de las supervivientes que expresen su consentimiento expreso.

También, contempla la creación de un Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con categoría de fiscal de sala, para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y a quien se le atribuyen funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

Declara ilegal el régimen y la nulidad de las condenas

La ley "declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar", iniciada con el golpe de Estado que, "como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".

Asimismo, se recoge de manera explícita en la ley la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Por ende, "se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo".

El texto legislativo también plantea la extinción (no ilegalización) de aquellas fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio.

Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave, de modo que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros y dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado "con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".

La ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola. Asimismo, garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.