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Desahucio La presión vecinal evita por cuarta vez el desahucio de Rosi en Lavapiés

Según explicó el Sindicato de Inquilinos de Madrid, pretenden subir el alquiler de la vivienda de 400 a 1.700 euros, por lo que llevan meses intentando negociar con los propietarios del edifico para renovar los contratos de alquiler.

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Twitter Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

La comisión judicial ha suspendido por cuarta vez el desahucio programado para este viernes de Rosi, una vecina que reside en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid, que ya había sufrido otros tres intentos más de desalojo.

Esta mañana se han vuelto a reunir a las puertas de su casa, situada en el barrio de Lavapiés, más de medio centenar de personas para evitar el desahucio de Rosi, que han celebrado la decisión de la comisión.

"A Rosi le pretenden subir un 300 por ciento el alquiler, de 400 a 1.700 euros"

Anteriormente el lanzamiento fue paralizado ya que el marido de Rosi se encontraba ingresado en el hospital por una crisis cardiaca acaecida la víspera del desahucio "a consecuencia de la tensión soportada". De momento, se ha suspendido sin nueva fecha prevista.

En esta ocasión, rondaba en el ambiente la información aparecida en los medios en los últimos días de que Rosi tenía una vivienda a su nombre en Albal (Valencia). La afectada ha asegurado que ya no le pertenece, que se lo va a quedar el banco a partir del 3 de marzo porque dejó de pagarlo.

Según ha explicado el Sindicato de Inquilinos de Madrid en otras ocasiones, a Rosi le pretenden subir un 300 por ciento el alquiler, de 400 a 1.700 euros, por lo que llevan meses intentado negociar con la propiedad del bloque de la calle Argumosa 11 para renovar los contratos de sus arrendatarios, "pero prefieren echarlas para poder subir los alquileres desproporcionalmente".

Los propietarios

Los dueños del edificio se han quejado en otras ocasiones del "acoso" que aseguran estar sufriendo por parte de los colectivos antidesahucios, advirtiendo de que su comportamiento "puede ser perfectamente encajado en tipos penales tales como coacciones, injurias y calumnias".

Los propietarios del edificio afirmaron en un comunicado que tienen "miedo" de los integrantes de las asociaciones antidesahucios, ya que están siendo señalados en la calle y en las redes sociales, y sostienen que el colectivo "miente" en sus argumentos.

Los dueños son una mujer de 90 años que lo es "por herencia, y vive con su hijo incapacitado", estando ambos al cuidado de sus familiares. También lo es una mujer incapacitada judicialmente al padecer una enfermedad psiquiátrica y que lleva internada en un centro especializado durante más de 20 años. Adquirió la propiedad por herencia.

Asimismo, entre los dueños está el hermano de la anterior, que es su tutor y debe rendir cuentas anualmente ante el juez que tutela a su hermana, y una pequeña empresa.

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