“Solo protestábamos por nuestro derecho a la tierra y nuestra oposición al pantano”

ZARAGOZA .- “Nunca por nuestra parte ha habido un ápice de violencia contra las máquinas o contra los trabajadores. Nos da mucha tristeza lo que ha pasado en nuestra tierra”, declaró este lunes, entre sollozos, Miguel Ángel Palacín, juez de paz de Artieda y uno de Los 8 de Yesa, que se enfrentan a penas de entre 30 meses y seis años y medio de prisión por los incidentes en una concentración de protesta contra las expropiaciones para el polémico recrecimiento de ese pantano del Pirineo.

Están acusados de delitos de resistencia y atentado a la autoridad en la carga que la Guardia Civil realizó contra la concentración de protesta celebrada el 10 de octubre de 2012 –ver videos-, cuando vecinos del pueblo, gente de otros municipios amenazados por proyectos de embalses, activistas ambientales y miembros de entidades sociales se reunieron en Artieda para arropar a los propietarios que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) había citado, en uno de los accesos al núcleo, para firmar las actas de ocupación de 60 hectáreas de tierra para habilitar una pista que requería 10.

Junto con Palacín se sentaron este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza su hijo Sergio; Óscar Ara, sobrino de otro expropiado; Javier López, vecino de Artieda al que la empresa de Moratalaz para la que trabajaba comunicó el despido por SMS durante la primera sesión del juicio; Alfredo Iglesias, de Biscarrués, otro municipio que lleva décadas viviendo bajo la amenaza de que otro embalse inunde parte de sus tierras, y los ambientalistas Jesús María Royo, Ariel Domínguez y Jorge Luis Bail.

Este último, exdiputado de la confluencia oscense y cabeza de lista para el 26-J, se sentó en el banquillo tres meses después de haber renunciado al aforamiento y veinte días después de haber perdido el acta sin que, en ese tiempo, el Supremo haya aprovechado para dictaminar si el fuero especial de los parlamentarios es un derecho o un deber.

Todos ellos coincidieron en negar que hubieran agredido a los agentes que cargaron contra la protesta, en sostener que no oyeron ninguna orden de la Guardia Civil por megafonía para que despejaran la carretera –se estaba leyendo un manifiesto, sonaban gaitas y un helicóptero sobrevolaba la zona, explicaron- y en mostrar su sorpresa por la contundencia con la que se emplearon los agentes.

“Caí al suelo, me quedé acoquinado y no sé nada más”, narró Palacín, quien explicó que fueron los propios vecinos afectados quienes “decidimos el día anterior concentrarnos para mostrar nuestra protesta” por las expropiaciones. Aunque sabían que no podían pararlas –el procedimiento administrativo sigue con independencia de que los afectados firmen- y pese a que “las máquinas ya estaban trabajando”.

“Una semana antes habíamos estado varios vecinos en la CHE, hablando con su presidente (Xavier de Pedro) y con María Pilar Martínez (la funcionaria encargada de las expropiaciones), a los que les dijimos que no íbamos a firmar las actas de ocupación”, señaló su hijo Sergio. “Solo estábamos protestando, por nuestro derecho a la tierra y nuestra oposición al proceso”, añadió.

No era la primera vez que protestaban contra las expropiaciones ni la primera ocasión en la que los funcionarios de la CHE llegaban escoltados, aunque nunca con tantos efectivos como ese día. De hecho, era la cuarta concentración de ese año, después de otras tres en 2004. “Hemos hablado muchas veces de tú a tú con la Guardia Civil –indicó Sergio Palacín-. Hasta en tres ocasiones vinieron en 2012 y no pasó nada. La funcionaria estuvo hablando con nosotros, a un metro y acompañada por los agentes; y no pasó nada”.

Los ocho acusados coincidieron también en sostener que el objetivo de la protesta no era cortar la carretera, sino mostrar su oposición al proyecto y a esas expropiaciones en concreto, y en expresar su sorpresa por la contundencia que aplicaron los agentes y por la velocidad con la que se produjo la carga.

Los vecinos de Artieda, porque en otras ocasiones las cosas se habían resuelto hablando. “Pensaba que se detendrían a unos metros y entablarían un diálogo”, anoto Ara. “No ví nada –añadió López-. Lo único que pude hacer fue taparme para defenderme, para que no me siguieran pegando”.

Otros, como Domínguez y Luis, por su conocimiento personal de las fuerzas de seguridad. “En absoluto pensaba que iban a emplear la violencia. Me he criado en cuartelillos y no percibo a la Guardia Civil como una amenaza”, dijo el segundo, hijo de un policía y nieto de un agente del instituto armado. “Estábamos concentrados pacíficamente, acompañando a los vecinos. Entendíamos que el hecho de que se acercara la Guardia Civil no suponía un peligro”, señaló el primero, hermano de un policía, de padre militar y con un pariente legionario.

Una de las claves del juicio, iniciado tras la denuncia de la Guardia Civil y en el que ocho agentes que sostienen que resultaron lesionados en la refriega reclaman indemnizaciones que suman 22.000 euros, se centró en cómo uno de los guardias pudo perder el casco y el escudo y ser presuntamente apaleado por el grupo.

Ninguno de los acusados admitió haberle golpeado, aunque Miguel Ángel Palacín, que aseguró no haber visto que ese agente hubiera sido agredido, esbozó una teoría sobre la caída: “La primera fila de los guardias civiles fue empujada por la segunda”.

“Empezamos a sentarnos para ver si así dejaban de pegar. Era una manera de salvaguardar nuestra integridad”, declaró Domínguez. Royo admitió que blandió una cruz de madera “como separación, como salvamento, para que no me siguieran agrediendo. En ningún momento le dí a nadie”. Iglesias reconoció que llegó a agarrar el escudo de uno de los guardias. “Hacía lo mismo que cogiendo una porra: intentar evitar una agresión. Empujaban con el escudo y golpeaban con la porra”, explicó.

El juicio ha provocado muestras de apoyo hacia los acusados, como la concentración celebrada el domingo en Zaragoza, las resoluciones de apoyo que han aprobado numerosas instituciones y declaraciones como las de Juan López de Uralde, líder de EQUO –partido en el que milita Jorge Luis- , que este lunes sostuvo que “estas ocho personas estaban actuando de forma pacífica para defender el bien común y no hay ningún motivo para su condena”, al tiempo que reclamó la paralización del proyecto del recrecimiento de Yesa.

El juicio, en el que no está personada la Abogacía del Estado, continuará el próximo 1 de junio, en una jornada que incluirá la declaración de los ocho agentes que ejercen la acusación, otros ocho que participaron en el dispositivo y varios testigos de las defensas.

En las cuestiones previas, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza rechazó las peticiones de nulidad de la causa de las defensas, que han llevado el procesamiento al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.