Zeshan Muhammad es un joven pakistaní que lleva viviendo desde que era niño en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), con permiso de residencia. Hoy ha denunciado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos de Humanos de Estrasburgo a raíz de una identificación y posterior detención arbitraria y racista por parte de la Policía, ocurrida en 2013 en Barcelona.

Muhammad fue parado por un agente, que le pidió que se identificara. Tras mostrar sus documentos, el joven preguntó al agente el motivo de la identificación, a lo que éste respondió:  "Hombre, a un alemán no le voy a pedir que se identifique". Cuando Muhammad insistió en que si la identificación se debía a su raza, el policía lo reconoció sin tapujos: "Sí, porque eres negro y punto y te jodes, ¿qué pasa?". El joven recriminó su actitud al Policía, quien le contestó con una bofetada. "Quedas detenido por chulo", argumentó el policía. Fue sancionado por no identificarse.

Muhammad tuvo dificultades para denunciar su caso y, cuando por fin pudo hacerlo, fue archivado rápidamente. El año pasado interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que estas identificaciones por el perfil étnico, de las que hay documentados numerosos casos, violan la Constitución y normas internacionales vinculantes para España, han sido condenadas por la Defensora del Pueblo, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y por el Relator Especial sobre Racismo de la ONU. Sin embargo, el TC no admitió el recurso al no apreciar "especial trascendencia constitucional".

La demanda que ha presentado este lunes ante el Tribunal de Estrasburgo es un paso más en el largo camino de este "litigio estratégico" que mantiene gracias al apoyo de SOS Racisme Catalunya y Open Society Justice Initiative. Acusa a España de no tomar medidas efectivas contra las identificaciones policiales por perfil étnico, que se basan en prejuicios por el color de piel de las personas. El objetivo no es sólo que se reconozca la violación de sus derechos y obtener reparaciones, sino también "poner fin a esta práctica policial discriminatoria que sufre una parte de la población: todas aquellas personas no blancas", explica SOS Racisme.

La denuncia argumenta que parar a una persona sólo por el color de piel vulnera el derecho a no ser discriminado, recogido en el Artículo 14 y el Protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho a la vida privada, recogido en el Artículo 8 del mismo Convenio. "Poder ser parado e identificado por la policía en cualquier momento, lugar y situación, simplemente por el color de tu piel, es ilegal por constituir una discriminación y atenta gravemente a la autonomía personal y el sentido de identidad de la persona", explica la abogada de Muhammad, Mercedes Melón, que considera que el Estado está vulnerando los derechos humanos, pues no toma ninguna medida para evitar de manera efectiva que las autoridades policiales actúen de esta manera.

Oportunidad para cambiar una jurisprudencia racista

Según explican las dos organizaciones que apoyan al joven Zeshan Muhammad, esta demanda supone una esperanza para cambiar la jurisprudencia española en cuanto a este tipo de identificaciones y detenciones. "El propio el Tribunal Constitucional, con su jurisprudencia, ha facilitado y otorgado legitimad a estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, como así han reconocido instituciones del Consejo de Europa", aseguran SOS Racismo y Open Society Justice Initiative.

En concreto, recuerdan el caso de Rosalin Williams, que en 2001 presentó ante el TC una denuncia similar a la de Muhammad. El tribunal sentenció que era legítimo y legal identificar a personas no blancas, ya que "lo normal es que las personas de nacionalidad española sean blancas". Williams llevó esta sentencia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y su dictamen fue que esta práctica era discriminatoria e ilegal e instaba a España a erradicarla.

Sin embargo, el TC ignoró totalmente este mandato de la ONU cuando Muhammad denunció su caso. Las organizaciones que respaldan al joven vieron aquel recurso como "una oportunidad histórica" para que el TC cambiara su jurisprudencia y erradicara las redadas racistas. La inadmisión de su recurso supuso, a su juicio, "un menosprecio a las víctimas de estas prácticas policiales discriminatorias y una decisión incalificable en un Tribunal Constitucional que se supone protege los derechos fundamentales".

"La justicia de otros países europeos ya ha decidido que ésta no era la vía. Países como Francia ya caminan hacia otro lado", argumentan desde SOS Racisme. Recuerdan que el año pasado, la Corte de Casación francesa sentenció que los controles policiales basados en perfil étnico son ilegales. También, que en Suecia se ha condenado al gobierno por establecer y mantener un registro de personas de etnia gitana.