Barcelona¿Regular o no los precios del alquiler?

Por motivos diferentes, ni los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ni las entidades sociales, como el Sindicat de Llogaters (inquilinos), ni los partidos políticos de la oposición en el Parlament de Catalunya están de acuerdo con la proposición de Ley de la Generalitat para regular los precios del alquiler. De hecho, la oposición tumbó la normativa esta semana en el legislativo catalán.

En el debate público, también está presente la medida aprobada por Berlín, que ha decidido congelar los alquileres durante los próximos cinco años. La iniciativa de la ciudad alemana buscar frenar la especulación del mercado de la vivienda y combatir un doble fenómeno: la falta de pisos y el aumento constante del precio del alquiler. La ley que prepara Berlín recoge una regulación para los inquilinos con dificultades económicas y ganar tiempo para construir nuevas viviendas. Aunque el importe no está concretado, la normativa prevé introducir un límite máximo al precio de alquiler. La pregunta sobre si es posible trasladar esta medida en Cataluña enfrenta los diferentes agentes.

Para la asesora jurídica del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Montserrat Junyent, "la situación de Berlín y la de Barcelona no es comparable porque allí hay un parque social de vivienda estable que permite dar cobertura a los colectivos vulnerables". En este sentido, Junyent recuerda que últimamente no se construyen pisos sociales y los pocos que tienen esta categoría se acaban recalificando.

¿Mercado libre o regulado?

"Incidir en el mercado de una manera puntual no es la solución, ya que corremos el riesgo de crear un espectáculo basado en la inseguridad jurídica". Para Junyent, un planteamiento como el de Berlín, de regular precios, no garantiza ningún tipo de éxito, ya que "acaban subiendo igualmente". Como contraprestación, los API reclaman medidas fiscales para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. Junyent resume la situación asegurando que "la propiedad quiere estabilidad y una renta segura y el inquilino, la tranquilidad de disponer de una vivienda durante un plazo concreto".

Los API reclaman medidas fiscales para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios

Para el Sindicat de Llogaters, no sólo es necesaria una regulación, sino que esta favorezca que los precios vayan a la baja. Su portavoz, Jaime Palomera, define la normativa de la Generalitat como una acción que "legitima los precios de la burbuja inmobiliaria y permite que siguen subiendo". Palomera destaca que con las herramientas del Gobierno, como el simulador de precios, "lo único que se consigue es perpetrar incrementos de las rentas de entre el 10 y el 15%".

La posición del Sindicato va más allá de congelar los arrendamientos, tal como se ha impulsado en Berlín, y plantea "vincular el valor del alquiler a la realidad socioeconómica de los barrios". De hecho, consideran que si los trabajadores acumulan varios años con los sueldos estancados, el valor de la renta debería bajar. "Debemos abandonar los índices de precios que dan pie a repetir una nueva burbuja especulativa".

La letra pequeña de la norma

Fijarse en la letra pequeña de la proposición de ley. Esta es la petición de Jaime Palomera. Según comenta, con la normativa que quería aprobar el Govern, "la inmensa mayoría de alquileres siguen sin tener ningún tipo de límite en el precio". Además, la futura ley tampoco regula los contratos de arrendamientos vigentes. Palomera lamenta las excepciones que permite el articulado. Si la vivienda es de obra nueva o se ha hecho una rehabilitación integral, el propietario puede ignorar el tope de precios.

La futura ley tampoco regula los contratos de arrendamientos vigentes

La falta de un sistema de sanciones en caso de incumplimiento de la ley es otro de las medidas que critica el sindicato. De este modo, la entidad alerta de que la proposición pone al inquilino entre la espada y la pared. "Si un propietario vulnera el límite establecido, la única manera que tiene el inquilino de protegerse es llevarlo a juicio".

A pesar de estas divergencias, hay un punto en común entre los API y el Sindicat de Llogaters. Para las dos entidades, el índice de referencia de precios que utiliza la Generalitat no es válido. Para los segundos, "está basado en precios de mercado actual, irreales y de burbuja, lo que alimenta a realizar subidas de más del 10%, cuando el ritmo de crecimiento de los alquileres no supera el 4%". Los API creen que este registro también es insuficiente porque "no permite diferenciar las características de pisos de un mismo edificio o finca y necesitamos más datos".

Cifras irreales

El sindicato exige al Govern que se siente en la mesa, ya que "un cambio legal como éste se debe trabajar con entidades como la nuestra, que hace años que proponemos medidas en el sector de la vivienda". Palomera afirma que "nuestra posición de negociación será reclamar un índice de precios vinculado a los ingresos de la población, universal y de obligado cumplimiento porque es la única iniciativa que permitirá bajar los precios de forma estructural". Los API también hablan de cifras irreales. En este caso, aplicadas al censo de pisos vacíos. Junyent precisa que no existe un registro oficial.

La norma sobre la regulación del precio del alquiler ha encendido los ánimos de los diferentes actores, que ya han puesto deberes a la Generalitat. Mientras las entidades sociales solicitan una aplicación real que vincule el valor de los arrendamientos a la renta disponible, los agentes de la propiedad inmobiliaria piden a la Administración que construya un parque de vivienda de alquiler público. Los diagnósticos ya están realizados. Ahora sólo falta aplicar los tratamientos.