Retorno de envases, canon a vertederos y fin absoluto del amianto: así es la nueva ley de residuos

La Ley de Residuos y Suelos contaminados está cerca de ver la luz. Este jueves el Congreso ratificará el borrador para que el próximo día 23 de diciembre termine aprobándose en pleno. Después de la Ley de Cambio Climático, este es el segundo gran reto legislativo del Gobierno de coalición en materia ambiental y supone avances significativos respecto a la norma vigente.

Se recoge en el texto algunas de las grandes e históricas reivindicaciones del ecologismo español, como la instauración de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, que cambiará por completo la forma en la que se consumen ciertos productos. Las botellas y restos de recipientes dejarán de ser de plástico y se optará por otros materiales que faciliten la reutilización. De esta forma, los consumidores pagaran una fianza asociada al envase, que se le devolverá si lo retorna para que se pueda reciclar y volver a usar tras su higienización. Se trata de una iniciativa que ya funciona en otras zonas del mundo como Alemania, donde se ha conseguido recuperar hasta el 98,5% de los residuos.

"Se va a recuperar una forma de consumir mucho más responsable, en la que uno se va a responsabilizar directamente de sus propios envases llevándolos a su máquina de reciclar", valor a Público Juan López de Uralde, presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y diputado de Unidas Podemos, que señala las presiones que ha habido desde Ecoembes y la industria del plástico para no sacar adelante este punto. Más allá de las posibles trabas y los intereses legítimos del sector del envasado, los datos en España hablan de un bajo índice de recuperación de residuos y muestran un país con problemas en la gestión, pues sólo se consiguen reciclar y recuperar el 25% de los envases del mercado. Además, Bruselas ha abierto 161 expedientes al Estado desde 2015 por deficiencias en el tratamiento de residuos.

Desde Ecoembes, organización que gestiona la mayoría de contenedores amarillos de España, aseguran a Público que prefieren no posicionarse hasta la aprobación definitiva del texto, cuando harán una valoración sobre cómo afecta la nueva norma a su sector. Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro, pero también una red que aglutina a más de 12.000 empresas del mundo de la alimentación y los envases.

Canon a los vertederos

El proyecto de ley que se aprobará este jueves establece por primera vez la obligación de que las Comunidades Autónomas impongan un canon por el uso de los vertederos y plantas de incineración. Se trata de un impuesto que ya existe en Catalunya y que se extenderá al resto del Estado de manera obligatoria, de modo que las empresas que se encargan de gestionar los desechos urbanos públicos o privados deberán pagar una tasa por tonelada depositada. 

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma Residuo Cero, celebra este punto de la nueva norma, pero lamenta que no se haya añadido un apartado para obligar a que la recaudación conseguida con este canon tenga un destino finalista. "Ese dinero debería ir a infraestructuras para mejorar la gestión de residuos y retornar directamente a los Ayuntamientos", valora el activista. Con el texto actual, serán las instituciones autonómicas quienes decidan a dónde irá a parar la recolecta.

Aunque es muy probable que el canon se apruebe este jueves, hay algunas diferencias que el Gobierno debe resolver con ERC, socio esencial para que la nueva norma reciba luz verde. Los republicanos se oponen a este apartado, al entender que se trata de una recentralización de las competencias, pues se trata de una norma estatal que limitaría la capacidad de la Generalitat para decidir sobre el impuesto que ya funciona en sus vertederos, según explican fuentes del partido. López de Uralde, según explica a Público, espera poder alcanzar un acuerdo para poder sacar adelante este artículo del texto legislativo. 

Arribas considera fundamental que este apartado salga adelante para acabara con lo que el mismo denomina "turismo de vertederos", es decir, que las empresas catalanas puedan llevar sus desperdicios a Aragón y otras zonas de España donde no rige el canon, incrementando la huella de carbono por transporte y sobrecargando los basureros.

España, libre de amianto para 2028

El uso del amianto lleva prohibido en España desde el año 2002, debido a las evidencias científicas que prueban que la exposición a este material incrementa los riesgos de padecer cáncer de pulmón o mesotelioma, este último sin tratamiento para su cura. Casi 20 años después, el fibrocemento sigue estando presente en edificios, infraestructuras y otras instalaciones, lo que supone un riesgo para la salud pública. De hecho, se calcula que cerca de un millón de niños acuden a escuelas con restos de asbesto en fachadas o tejados y el caso de trabajadores de Metro de Madrid afectados ya ha trascendido a la opinión pública. En 2020 fallecieron 23 exempleados de la empresa al desarrollar tumores. 

El Gobierno quiere acabar con esta lacra y, tras la presión realizada por la sociedad civil, se han incorporado varios puntos importantes para erradicar los restos que todavía perduran en edificios del Estado. La norma pone como objetivo que en 2028 se haya eliminado todo el asbesto y para ello establece como prioritario la elaboración de un censo que identifique dónde hay fibrocemento, uralita o cualquier otro material que contenga estas partículas cancerígenas. Además, el texto ha incluido un criterio de actuación para que se eliminen los residuos que estén presentes en aquellas zonas que puedan afectar a la población más vulnerable, algo que permitirá actuar rápidamente en los colegios del país, hospitales o residencias.

Además se pondrá regularizará la demolición de edificios, pues hasta la fecha no hay obligatoriedad de hacer derrumbes selectivos para eliminar las bajantes y otros restos que puedan estar fabricados con amianto. Esto genera, tal y como informó Público, que los desechos de los edificios se tiendan a aglutinar en una masa que se reutiliza para nuevas construcciones, volviendo a poner el amianto mezclado en circulación. Con el texto que se aprobará este jueves "determinados residuos, en especial el amianto, deberán retirarse de forma segura antes de la demolición".

Plásticos de un solo uso

Una de las claves de esta norma, que ha recogido el consenso de prácticamente todo el arco parlamentario, es el fin de los plásticos de un sólo uso, algo que viene dictado desde Europa. De hecho, España debería haber traspuesto la directiva el pasado mes de julio, por lo que ya lleva un retraso de seis meses. De esta forma quedan afectados los bastoncillos de algodón (salvo los usados en ámbito sanitario), cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palitos desinados a sujetar globos, recipientes para alimentos (incluidos sus tapas y tapones) y recipientes para contener alimentos que vayan a ser ingeridos in situ, así como los vasos. Todos estos utensilios no podrán ser de plástico y se deberá optar por otros materiales alternativos que faciliten el reciclaje.

Además, el texto que se aprobará contempla otras medidas para el resto de envases de plástico no reutilizable que no están incluidos en la lista. Se trata de un impuesto de 0,45 euros el kilo de plástico. "Nos hubiera gustado que se hubiera alcanzado una cifra de al menos 80 céntimos. Entendemos que es algo que va a tener efecto en el sector, de hecho ya lo estamos notando y observamos que cada vez hay más envases alternativos en los supermercados. Las empresas están empezando a moverse y es bueno", valora Arribas.

Este jueves los partidos ratificarán el borrador en la Comisión para la Transición Ecológica, con la única duda sobre si ERC cambiará de postura y apoyará el canon a los vertederos tal cual está. Además, el PP ha reclamado que se apruebe una moratoria de dos años sobre la entrada en vigor del impuesto al plástico no retornable y justifica su postura debido a la crisis económica derivada de la pandemia. No obstante, es algo que no parece tener recorrido. El día 23 de diciembre, la norma será votada en el pleno y de ahí al Senado, por lo que se espera que a principios de año pueda entrar en vigor.