El Ministerio de Sanidad no tiene ningún registro sobre las personas que se han vacunado ilegalmente durante el proceso de inmunización en España.  En la información que recibe el Sanidad "no se señala qué personas se han vacunado irregularmente o no, señalándose únicamente por grupos de edad y por comunidad autónoma", según afirma la Dirección General de Salud Pública, a través del Portal de Transparencia. Es decir, el departamento de la ministra Carolina Darias no tiene ningún control sobre casos como los que tuvieron lugar en Extremadura, donde la Fiscalía ha denunciado a varios cargos del PSOE por posibles delitos de prevaricación y/o documentación oficial, tal y como ha desvelado este medio.

Las vacunaciones irregulares fueron uno de los grandes problemas cuando se comenzó a inmunizar a las personas más vulnerables, los mayores en residencias, y al personal sanitario en primera línea. Al menos 700 personas, entre políticos y altos cargos, se aprovecharon de su cargo para saltarse la cola de las vacunas y recibir una de las dosis contra la covid-19, según un recuento realizado por Europa Press. Ninguno de ellos debería haber sido inoculado porque el protocolo era claro: en un primer lugar había que proteger a las residencias y a los sanitarios que estaban en contacto directo con pacientes covid. 

La polémica no hizo más que crecer durante las primeras semanas de vacunación y las comunidades autónomas no tenían protocolos específicos para hacer un control efectivo. Pese a la gravedad, no se aprobó ninguna directriz concreta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el órgano en el que sí han aprobado los responsables de Sanidad y las comunidades autónomas las principales claves de la estrategia de inmunización.

Estos hechos motivaron que Más País y Compromís impulsaran en el Congreso una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación. Sin embargo, dos meses después de aprobarse en la Cámara Baja, el órgano parlamentario ni se ha constituido. En esta comisión no se trataría únicamente este asunto ya que el objetivo es que haya más transparencia sobre todo el proceso, incluyendo aspectos como los contratos con las farmacéuticas. Tanto Más País como Compromís pedirán este martes a la Junta de Portavoces que se active la comisión para comenzar a trabajar en ella.

Sin embargo, en el aire está cómo se tratará el asunto de los políticos que han sido inmunizados antes de tiempo ya que las vacunaciones son competencias de las comunidades autónomas. Algunos de los hechos están siendo investigados en distintas comunidades autónomas, pero en otros casos no han sido denunciados o los procesos judiciales no han continuado. También puede haber otros políticos que se hayan vacunado sin que haya salido a la luz porque la mayoría de casos se han conocido a través de filtraciones en los medios de comunicación. Por esto, hay un riesgo alto de que no se depuren responsabilidades pese a que en los casos que van a ser investigados se reconocen que los hechos son gravísimos y constitutivos de delito.