Las comunidades autónomas siguen sin directrices claros ante las vacunaciones irregulares: ni para evitarlas ni para detectarlas ni para sancionarlas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades firmaron en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles un documento en el que se reafirmaba el compromiso de todas las autoridades sanitarias con el plan de vacunación. En un principio, se iban a proponer "medidas correctivas" pero el texto no pone sobre la mesa ningún protocolo ni plan a seguir. La falta de concreción fue tal que Euskadi, Catalunya, Galicia y Castilla y León votaron en contra del documento al argumentar que no aportaba nada nuevo para mejorar el control y la vigilancia de la estrategia de vacunación.

​Público ha consultado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas para conocer las investigaciones y los expedientes abiertos por vacunaciones irregulares así como para saber los protocolos detallados y las "medidas correctivas" que se proponen. La mitad de las comunidades no han contestado, ninguna ha dado el número de investigaciones abiertas y hay diferencias abismales entre los protocolos y las sanciones previstas: de las comunidades que quieren 'castigar' con no administrar la segunda dosis a las que aún no saben si aplicarán si quiera alguna sanción.

Sanidad se lava las manos ante estas vacunaciones indebidas en las que, bajo la excusa de no "perder vacunas", se ha saltado el protocolo priorizando a directivos, sanitarios jubilados e incluso familiares sobre residentes o sanitarios de primera línea. "La Comisión de Salud Pública ha refrendado la importancia del respeto a la Estrategia Nacional de Vacunas y al orden establecido en los grupos para que no haya ninguna diferencia entre las distintas comunidades autónomas. Todos estos grupos forman parte de la primera fase de vacunación y cada CCAA organiza el proceso", dicen desde el Ministerio.

El acuerdo sobre la aplicación de la estrategia de la vacunación mantiene esta línea ya que no aporta nada nuevo más allá de la reafirmación del compromiso de las autoridades a querer cumplir con lo acordado sobre las prioridades. Según el texto, en la Interterritorial se firmó "extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la Estrategia de vacunación, adoptando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo de acuerdo con lo acordado", pero no se concretan mecanismos de control que, además, recaen totalmente sobre las comunidades autónomas.

Sobre este asunto, el País Valencià es uno de los más polémicos por las declaraciones de Ximo Puig sobre no administrar la segunda dosis a las personas que se han vacunado irregularmente. La Generalitat valenciana ha detectado al menos 233 casos de vacunación que no se ajustan a los grupos de riesgo correspondiente: 171 aseguran que están justificados por haberse administrado la vacuna a personas o bien del grupo siguiente o de grupos de riesgo justificados, mientras que hay 62 que ya se analizan como irregulares. Además, según la Consellería, ya se han abierto nueve expedientes informativos a personal propio por parte del departamento de Recursos Humanos.

Sobre las sanciones, fuentes de Sanidad de esta comunidad recuerdan la instrucción de la consejera de Sanidad Universal, Ana Barceló, para no administrar la segunda dosis a las personas que se vacunaron "indebidamente", aunque ahora se ha solicitado al Comité de Bioética un "informe sobre procedencia o no de completar ahora el proceso de vacunación de las personas afectadas". "La decisión definitiva se tomará después de conocer los planteamientos de este comité, aunque sus informes no son vinculantes", añaden.

La posición de la Consellería la comparte Castilla y León. Según ha informado El Norte de Castilla, la Junta está investigando el caso del alcalde de Matamala de Almazán y, de momento, le han denegado la segunda dosis. Canarias tampoco prevé pinchar la segunda dosis a los cargos institucionales vacunados que se adelantaron en la campaña. Aunque aún no está claro si los Gobiernos autonómicos mantendrán esta posición porque el Ministerio de Sanidad se ha posicionado en contra. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lamentó esto en rueda de prensa porque significaría perder una dosis: "Tendrán que asumir la responsabilidad que tengan que asumir, pero consideraría como epidemiólogo que sería un error cometer dos fallos seguidos".

El resto de comunidades tampoco comparten esta opción y las "medidas correctivas" así como las sanciones están en el aire pese a que sería fundamental que se hicieran públicas de forma rápida para acabar con estos casos. El único punto común que se puede encontrar es investigar los casos y continuar vigilando. En este sentido, en algunas regiones la Fiscalía ya investiga: en Albacete la vacunación irregular de la residencia de mayores Fonda Oriental o en Murcia los 450 cargos institucionales del departamento sanitario que se vacunaron.

En Catalunya el Govern ha tomado la iniciativa y, según explica a Públic el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en el ámbito del Institut Català de la Salut (ICS) se ha anunciado un expediente que afecta a tres enfermeras de les Terres de l’Ebre (Tarragona) que provecharon la vacunación en un centro para personas discapacitadas para "invitar" a familiares, aunque hay varios casos que no pertecen al ámbito del ICS sobre las que consideran que no corresponden a Salut tomar medidas.

Pero otras comunidades están tomando incluso menos medidas. "En Aragón no se ha abierto ninguna investigación ni hay previsto ningún sistema sancionador. Los equipos de vacunación son autónomos para decidir a quién vacunar con las dosis sobrantes y la directriz siempre es priorizar los grupos de riesgo", dicen fuentes del Departamento de Sanidad. 

Mientras que otras incluso han llegado a defender vacunaciones irregulares. El sindicato CIG (Conferencia Intersindical Galega) denunció que directivos del Sergas del hospital A Mariña (Lugo) se vacunaron el 18 de enero. El Sergas defendió que este personal se vacunó cuando el resto ya lo había hecho, pero el sindicato postuló que todavía hay personal sin vacunar "con función asistencial a los pacientes".

Más protocolos, comunicación y transparencia

¿Cómo se comprueban las personas que se han vacunado irregularmente? Las comunidades cruzan los datos del Registro Estatal de Vacunación contra la covid (RECVACU) junto a la lista de personas que deben vacunarse en estos momentos. Es decir, en el momento que se pone una vacuna se registra en la historia clínica y en el sistema de información del Ministerio de Sanidad, donde se establece el grupo de población al que pertenece el vacunado. De esta forma, se tiene el registro del nombre y del motivo por el que se ha vacunado cada personas.

Un ejemplo de cómo debe ser es el que explican desde Galicia. "Las personas que han sido vacunadas se controlan a través del registro del Programa gallego de vacunación (PGV) que está integrado con el del Ministerio de Sanidad, REGVACU. El registro realizado en cada jornada se integrará en el Sistema de Información de Vacunas y se cargará diariamente en la plataforma REGVACU. Los equipos de enfermería son los encargados del aplicativo informático del registro de la vacuna. Todas las dosis tienen que ser registradas en el momento de su administración, también para las renuncias", explican a este medio desde la Consellería de Sanidad.

Pero el registro ha demostrado que no es suficiente. La solución a este problema pasa por más supervisión, investigaciones y sanciones rápidas que se difundan claramente. Federico de Montalvo, vicepresidente del Comité de Bioética de España, es uno de los miembros del Grupo de Trabajo que ha diseñado la estrategia de vacunación. "Hay casos más allá de la picaresca que se deben a la falta de protocolos claros y concretos y a la falta de transparencia", explica a Público. En cualquier caso, el experto señala en que la responsabilidad es de las comunidades autónomas: "En la estrategia señalamos lo que debe ser. Luego, las comunidades con el apoyo del Ministerio, tienen que aplicarlo".

En esta línea, el Grupo de Trabajo de la Vacunación contra la covid se ha posicionado internamente y hay comunidades que han ajustado el protocolo de forma más adecuada según estas indicaciones. Es el ejemplo de Catalunya. Según explica Armigon a Públic, por escrito se ha informado a los equipos de los grupos prioritarios y al abrir el vial "tiene que haber seis personas a las que poner las dosis". "Si quedan dos o tres personas por vacunar, a aquellas que se puedan desplazar las citas otro día cercano en un centro donde puedas aglutinar a las seis personas. Esto es el protocolo. En residencias es más difícil. Entonces se buscan estas dos o tres personas más. El mensaje es: vacunemos al máximo y en el mínimo tiempo posible. Y hay que buscar entre los grupos prioritarios, no familiares. Sentido común tenemos todos", añade. 

¿Comisión en el Congreso para mejorar el proceso?

Pero lo que destaca entre todas las autoridades sanitarias es la falta de claridad para explicar protocolos que deberían ser muy concretos y transparentes. Tras un mes de campaña, no se ha avanzado: no se conocen sanciones, no hay un número de investigaciones o expedientes abiertos y nada se sabe de lo que significan las "medidas correctivas" anunciadas por el Ministerio de Sanidad. Y, mientras todo esto sigue sin aclararse, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, junto al diputado de Compromís, Joan Baldoví, han registrado en el Congreso una Comisión de Seguimiento y evaluación del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en España, con el propósito de analizar qué ha ocurrido para que centenares de personas se hayan saltado los protocolos establecidos. Quizás mediante esta fórmula, aunque llegue tarde, se conozca la información y todos los fallos de las Administraciones.

Con información de Joan Canela, Alba Tomé Suerio y Emma Pons Valls.