Las consecuencias de usar la represión como política contra las drogas: "Es una caza de brujas"

"La interpretación errónea y sesgada de los límites de consumo personal ha propiciado que fuerzas de seguridad lleven a cabo detenciones y procedimientos penales injustificados contra consumidores recreativos. Esto ha resultado en humillaciones públicas, acoso constante, criminalización de comportamientos personales y, en muchos casos, en vidas truncadas debido a procesos judiciales que nunca debieron iniciarse". Estas palabras forman parte de la carta que un ciudadano dirigió en octubre de 2024 al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En su misiva, que también envió a las sedes de Madrid y Barcelona, denunciaba el impacto que los criterios de consumo personal de drogas tenían especialmente en comunidades vulnerabilizadas como la LGTBIQ+.

Un día después, extendió su denuncia en una carta al director de gabinete del Ministerio del Interior, en la que relataba episodios de discriminación "sistemática" y criminalización, señalando cómo determinadas intervenciones policiales se cebaban especialmente con personas de "apariencia no normativa". Una situación que fue adelantada en exclusiva por Público, que sacó a la luz los testimonios de tres personas afectadas por estas prácticas, tras una investigación del Movimiento Marika de Madrid.

Este ciudadano argumentaba que la falta de actualización en los umbrales de consumo personal estaba permitiendo que se persiguiera y procesara a individuos por cantidades que claramente eran para uso propio. "No vemos controles masivos en la entrada de prostíbulos, aunque el consumo de sustancias esté documentado en muchos de estos contextos, pero sí a las puertas y en las entrañas de las saunas para maricones", exponía, denunciando el carácter selectivo de estas actuaciones bajo el pretexto de perseguir el narcotráfico. Meses después se supo que su testimonio era solo uno entre muchos.

Jordi Garo, miembro de la Alianza por la Libertad y Éticas Psicoactivas (ALEPH) y profesional en prevención e intervención con personas en contextos de drogas en Chem-Safe –un programa iniciativa de Energy Control y del grupo ABD–, describe el panorama al que ha dado lugar este marco normativo como "una caza de brujas". "Lo que está pasando en algunas ciudades me parece que es volver a la época de Franco", afirma en una conversación con este medio. 

También Naomi Abad, abogada especializada en delitos contra la salud pública, subraya la ineficacia del modelo actual: "En vez de poner en el centro la salud, la adicción o el acompañamiento psicológico necesario, pone el foco en el código penal". La letrada señala que muchas personas enfrentan procedimientos judiciales con peticiones "desproporcionadas" de prisión por llevar consigo pequeñas cantidades destinadas a su propio consumo o al de su círculo cercano. Procedimientos penales que "lo único que conllevan" para las personas consumidoras es "muchísima ansiedad, estrés, miedo por el futuro y trauma por la detención, generando el resultado contrario al pretendido", agrega.

Organizaciones especializadas han hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de abrir el debate acerca del modelo de abordaje de las drogas en España. Mientras algunas voces insisten en que la represión es una herramienta ineficaz que "se ceba con quienes menos recursos tienen", otros defienden la necesidad de medidas más orientadas a la salud pública. Modelos como el portugués, que han apostado por la despenalización y programas de reinserción laboral, muestran que existen "alternativas viables". "El resultado ha sido una reducción significativa de muertes por sobredosis y una mejora en la calidad de vida de las personas usuarias", explica Garo. "No se trata de fomentar el consumo, sino de abordarlo desde un punto de vista realista y humano", añade.

Un modelo prohibicionista

En nuestro país, en cambio, existe un marco prohibicionista que, a lo largo de los años, "ha demostrado generar más problemas que soluciones". La criminalización de los usuarios y el uso del aparato judicial para gestionar un asunto esencialmente de salud pública han dado lugar a situaciones de persecución y represión que impactan, de manera especialmente grave, a ciertos colectivos a los que se asocia el consumo.

Para comprender la dimensión del problema, es necesario analizar su evolución histórica. Garo expone que las políticas actuales tienen su origen en los tratados internacionales de fiscalización de sustancias psicoactivas establecidos a partir de los años 70, cuando España se alineó con la estrategia global de Estados Unidos en su "guerra contra las drogas". "Desde entonces, el control de sustancias se ha enfocado en la seguridad y la represión, en lugar de en la salud. Se han destinado ingentes recursos a combatir el narcotráfico, pero al final quienes más han sufrido las consecuencias han sido las personas consumidoras", señala Garo.

Nuevas drogas "más peligrosas y menos controladas"

Uno de los efectos más evidentes de este enfoque ha sido el desplazamiento de sustancias. Con cada prohibición, surgen nuevos compuestos para eludir las restricciones, lo que lleva a la aparición de drogas sintéticas más peligrosas y con efectos aún desconocidos. "Es como una carrera armamentística entre quienes fiscalizan y quienes producen nuevas sustancias", explica el profesional. "El resultado es que ahora tenemos un mercado negro de drogas más variado, potente y accesible", lamenta.

La tabla de umbrales de consumo personal establecida por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, creada en 2001 y actualizada en 2009 y 2021, establece límites de posesión que, al ser superados, pueden ser considerados indicios de tráfico. Sin embargo, estos umbrales presentan "algunas inconsistencias". Por ejemplo, mientras que para la cocaína se fija un límite de 7,5 gramos y para la heroína de hasta 10 gramos, otras como la metanfetamina y la anfetamina tienen límites de 0,3 y 0,9 gramos, respectivamente. Este "desequilibrio" penaliza especialmente el consumo de drogas emergentes, facilitando que cualquier posesión sea considerada un delito.

Ovi Leonarte, sociólogo y también miembro de ALEPH, señala que este modelo no solo ha fracasado en reducir el consumo, sino que ha reproducido desigualdades y discriminaciones estructurales: "Se ha utilizado la legislación antidroga como una herramienta de control social. Se criminaliza selectivamente a ciertos grupos, mientras que otros consumos son tolerados o incluso normalizados", valora. En este sentido, denuncia la "persecución" específica contra el colectivo LGTBIQ+, en especial en espacios de ocio donde se practican dinámicas como el chemsex: "La diferencia en el trato es evidente: las redadas policiales no ocurren en todos los ámbitos donde hay consumo, sino que se focalizan en determinados espacios y poblaciones".

Estigmatización y marginación

Garo coincide en este diagnóstico y añade que las políticas actuales han llevado a la estigmatización de los consumidores. "Hemos construido una narrativa donde las personas que usan drogas son delincuentes o enfermos sin posibilidad de reinserción, en lugar de ciudadanos con derechos que podrían beneficiarse de estrategias de reducción de riesgos y daños", sostiene. Este enfoque ha llevado a que las personas con usos problemáticos enfrenten aún mayores barreras para acceder a tratamientos y apoyo. "El miedo a la criminalización hace que muchas personas eviten pedir ayuda hasta que la situación es insostenible", añade. Por eso, tanto él como Leonarte enfatizan la necesidad de una reforma sustancial de la política de drogas. "Es fundamental dejar de tratar el consumo como un problema penal y empezar a considerarlo como lo que es: una cuestión de salud y derechos", concluye Leonarte.