El Gobierno de Ayuso prorroga contratos con la empresa que dio comida podrida en residencias, que también proveerá a varios hospitales

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho efectivas las prórrogas de varios contratos de suministros de alimentos que la Agencia Madrileña de Atención Social tiene con la Plataforma Femar S.L, empresa que distribuyó en el pasado comida podrida en centros de menores y residencias de mayores, tal y como pudo saber Público. Los últimos contratos, firmados en 2024, han sido prorrogados hasta abril de 2026 a la espera de la firma de nuevos pliegos. 

Estos contratos son de "suministro de productos alimenticios y materias primas" para cinco residencias de mayores, ubicadas en Manoteras, Arganda del Rey, La Paz, San Fernando de Henares y Francisco de Vitoria y toda la red de centros de protección a la infancia. En total, tres lotes que suman un montante final de 6,3 millones de euros. Su prórroga fue aprobada en Consejo de Gobierno. Público ha preguntado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales por la decisión y, de forma escueta, explican que los contratos siguen "el procedimiento de contratación pública conforme a la ley", que "la gestión de la Agencia Madrileña de Atención Social está siendo buena" y que "nunca se ha servido comida podrida". 

Además, la Comunidad de Madrid ha dado contratos menores tanto a Femar como a otras dos compañías sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de Comercio (CNMC) por establecer cárteles que se repartían el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército. 

El pasado julio de 2024, la CNMC multó con casi 2,4 millones de euros a Femar por estos métodos, que son "especialmente dañinos para la sociedad porque impactan en el gasto público", explicaba el organismo público. Junto a ella fueron también sancionadas Hermanos Vidal, S. L. y Frutícolas Ateca, S. L., que tuvieron que abonar cada una 65.000 y 60.000 euros, respectivamente. 

Muchos de los contratos menores fueron otorgados después de estas sanciones. Algo similar ocurrió con Femar, empresa que no se vio afectada por las denuncias relacionadas con los alimentos que distribuía, acusados de causar desnutrición e incluso haber provocado fallecimientos por ello.

Lorena Morales, diputada del PSOE de Madrid, denuncia que se repitan los mismos bucles en torno a la alimentación de los centros públicos. "No le ha parecido bastante a Ayuso con maltratar a mayores y niños enviando comida podrida a sus residencias y centros de protección a la infancia que a esas mismas empresas (condenadas por funcionar como un cartel) en el año 2024 las ha regado de contratos desde la Consejería de Sanidad, muchos de ellos a dedo", denuncia. 

Morales se pregunta el motivo de estas adjudicaciones. "La pregunta es, ¿por qué tanto interés de la presidenta y sus secuaces hacia estas empresas? En esta región todo sale a subasta. Y ahora le ha tocado a los pacientes de los hospitales alimentarse con esa comida de miseria que ya es marca Ayuso", alega a Público.

Contratos pequeños pero jugosos

Los contratos menores que ha recibido Femar son, fundamentalmente, para suministrar alimentación al Hospital Rodríguez Lafora, psiquiátrico ubicado en Colmenar Viejo. Desde suministros de pan de molde, galletas y tomate, hasta salsas, arroces, legumbre, café o infusiones. Todo ello, por un valor total de alrededor de 16.000 euros (15.488). 

Pero hay contratos más jugosos que también han sido adjudicados a Femar: 145.252,80 euros por dotar de aceite de oliva al Hospital Universitario La Paz; 67.349,36 euros para 2025 que les encarga suministrar de productos congelados al Hospital Lafora; y por último, 35.420,00 para suministrar puré de fruta al Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, critica esta prórroga de contratos de la Comunidad de Madrid: "El Gobierno muestra un desprecio absoluto por las vidas, por la salud, de las y los madrileños, pero especialmente las personas que viven en residencias reciben un maltrato institucional que supera absolutamente los límites de la decencia. Decencia que en este gobierno de Madrid ni está ni se espera", zanja la mujer, que vio a su madre morir en una residencia durante la pandemia de covid-19 sin que se le hiciera una derivación hospitalaria.