Sanidad choca con las farmacéuticas en su plan de abaratar los medicamentos

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes al Anteproyecto de Ley de medicamentos y productos sanitarios, una propuesta legislativa que introduce cambios significativos en el modelo de prescripción y dispensación de fármacos en España. Como suele ocurrir con este tipo de iniciativas aún en fase de tramitación, el texto ha suscitado diversas reacciones, especialmente entre los colectivos involucrados, como los sectores farmacéutico y médico.

La reforma impulsada por el ministerio liderado por Mónica García propone una serie de modificaciones a la ley vigente desde 2015. Entre los principales cambios, destaca la posibilidad de que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir determinados medicamentos dentro de sus competencias. Además, se contempla que las farmacéuticas estén autorizadas a sustituir fármacos en situaciones de desabastecimiento, "una medida que busca agilizar la atención y garantizar el acceso a tratamientos en todo momento", según el departamento.

Asimismo, el anteproyecto refuerza la receta por principio activo −el componente principal del medicamento− en lugar de por nombre comercial. Además, introduce la figura del "medicamento de primera prescripción", que permitirá a pacientes crónicos retirar tratamientos directamente en la farmacia sin pasar cada vez por el médico, entre otras propuestas.

¿Una amenaza para las farmacéuticas?

Como era de esperar, la industria farmacéutica ha puesto el grito en el cielo tras la aprobación del anteproyecto. La reforma legislativa propone sustituir el actual sistema de precios de referencia por un nuevo modelo de precios seleccionados. Este sistema plantea una horquilla de precios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro de la cual los laboratorios podrán competir. Según Sanidad, esta medida busca incentivar una mayor diversidad en el suministro de medicamentos equivalentes, al tiempo que garantiza el acceso a tratamientos a precios sostenibles.

Sin embargo, fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) advierten en declaraciones a Público sobre los supuestos riesgos que entraña la reforma de Sanidad en el ámbito económico. Si bien reconocen que el anteproyecto introduce avances que pueden facilitar el trabajo diario de los farmacéuticos −como la ampliación de su capacidad para sustituir medicamentos o la posibilidad de dispensar tratamientos para enfermedades recurrentes sin necesidad de una nueva prescripción médica−, también manifiestan su preocupación por el nuevo sistema de precios seleccionados. Según los farmacéuticos, este modelo para fijar el precio de los fármacos fuera de patente podría poner en peligro el abastecimiento de medicamentos, además de comprometer la sostenibilidad de la red de farmacias y del tejido industrial farmacéutico en España.

La COFM recalca a este medio que su posicionamiento sobre la reforma es aún una primera aproximación. La institución aclara que siguen trabajando y analizando la nueva normativa con más detalle, y que sus valoraciones podrían evolucionar conforme avancen en su evaluación del texto.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid sostiene que la nueva regulación de precios podría desencadenar en un desabastecimiento

Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica de España, también ha mostrado su rechazo a la nueva normativa a través de un comunicado. Según la patronal, la regulación de precios propuesta podría generar competencia desleal, ya que, bajo su punto de vista, las compañías que se centren únicamente en ofrecer el precio más bajo podrían conseguir contratos sin tener la capacidad de garantizar un suministro estable, lo que afectaría el abastecimiento de medicamentos. Además, la incertidumbre sobre los precios podría complicar la gestión del inventario por parte de los mayoristas y, en consecuencia, generar desabastecimientos.

La asociación también advierte que esta situación podría causar inestabilidad económica en el sector farmacéutico, "al presentar un modelo poco predecible que dificultaría la planificación a largo plazo y afectaría las decisiones de inversión de las empresas en España". Esto, a su juicio, podría perjudicar a la producción local y tener un impacto negativo en el empleo. "Con los cambios constantes en los precios, las empresas no podrían planificar adecuadamente su producción. Esto afectaría a las exportaciones de medicamentos españoles, que superaron los 21.000 millones de euros en 2023", señalan en su comunicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, asegura a Público que existe una confusión de base −"no sé si interesada o no", matiza− al interpretar el nuevo sistema de precios seleccionados como una amenaza para los medicamentos de menor coste. Según Padilla, el objetivo del modelo no es penalizar los precios bajos, sino incentivar que los medicamentos con un coste más elevado puedan reducir su precio, algo que −en su opinión− "no siempre se consigue únicamente a través de la competencia en el sistema actual". 

Padilla añade que el nuevo sistema no se enfoca en los medicamentos con precios muy bajos, "que son precisamente los que suelen estar más afectados por los desabastecimientos". En este sentido, aclara que la ley incorpora un mecanismo específico para revisar al alza el precio de aquellos fármacos con coste reducido que estén presentando problemas de suministro vinculados directamente a su bajo precio. 

De hecho, la reforma también incluye un conjunto de medidas destinadas a asegurar el abastecimiento de medicamentos estratégicos. Estas disposiciones otorgan a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la capacidad de intervenir a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución. Además, la ley contempla la posibilidad de aplicar medidas fiscales para garantizar el acceso a estos fármacos esenciales, "buscando evitar desabastecimientos y asegurar su disponibilidad para los pacientes", según expone Sanidad.

Javier Padilla asegura que el nuevo sistema de regulación de precios no pone en peligro los intereses económicos de las farmacéuticas

El secretario de Estado de Sanidad también ha querido aclarar que la nueva regulación de precios no tiene nada que ver con un sistema de subastas, como el que aplicó Andalucía entre 2011 y 2020, y cuya posible reimplantación ha generado inquietud en el sector farmacéutico. "El sistema andaluz otorgaba la exclusividad en la provisión durante un periodo determinado. Esto no tiene nada que ver", asegura. Según explica, la nueva propuesta no induce exclusividad en la dispensación de medicamentos, por lo que no limita la oferta a un único proveedor.

Padilla insiste en que el actual modelo de precios de referencia se basa en una única línea que obliga a todos los medicamentos a situarse por debajo de ella. En cambio, el sistema que plantea la reforma introduce una horquilla de precios, "lo que amplía el margen para que los laboratorios compitan sin que todos tengan que igualar el precio más bajo". Además, matiza que, si un medicamento queda fuera de ese rango de financiación, no será excluido completamente del sistema, sino que podría mantenerse con una financiación parcial.

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Padilla concluye señalando que, además del nuevo sistema de precios de referencia con horquilla, la reforma contempla un mecanismo de precios seleccionados que se aplicaría únicamente a determinados medicamentos. El objetivo, según explica, es "permitir que el SNS pueda beneficiarse de la oferta de algunos fármacos a precios más bajos, sin que ello implique dejar de financiar el resto". 

Los médicos reaccionan a la reforma de la ley

El colectivo médico también ha querido pronunciarse sobre el anteproyecto presentado por Sanidad. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) han hecho llegar a Público sendos comunicados en  los que exponen sus valoraciones. 

Ambas sociedades manifiestan su oposición a cualquier iniciativa que permita a otros colectivos sanitarios, como enfermeras o fisioterapeutas, adquirir competencias para prescribir medicamentos. Desde SEMERGEN subrayan que tanto el diagnóstico clínico como la prescripción farmacológica "son actos propios y exclusivos del ejercicio médico, compartidos únicamente con podólogos y odontólogos dentro de los límites de sus respectivas competencias". Por su parte, la semFYC considera que la incorporación de nuevos perfiles profesionales con capacidad de prescripción debe abordarse "con un análisis exhaustivo que contemple su repercusión clínica, legal y organizativa".

En este contexto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, defiende ante Público que el debate sobre las competencias no debe centrarse en una sola profesión, sino en cómo garantizar la mejor atención clínica posible para cada paciente. "El ámbito competencial está vinculado a titulaciones universitarias que son grados, muchas veces con especialización, lo que da lugar a un abanico de competencias orientadas a ofrecer la mejor calidad asistencial", explica. 

Javier Padilla: "En Europa funcionan modelos donde distintos perfiles sanitarios prescriben; España es la excepción y debe cambiar"

Padilla subraya que el enfoque debe estar puesto en la capacidad de los equipos sanitarios para atender de forma eficaz, y no en preservar espacios profesionales cerrados. Además, recuerda que en Europa ya funcionan modelos donde distintos perfiles sanitarios participan en la prescripción, y considera que la situación actual en España es una excepción que debe superarse: "No podemos seguir con una idea de la prescripción anclada en el pasado", opina.

SEMERGEN también rechaza que los farmacéuticos puedan sustituir un medicamento en situaciones de desabastecimiento sin contar previamente con el conocimiento y consentimiento del profesional que lo prescribió, argumentando que esta intervención médica es necesaria para garantizar un seguimiento clínico adecuado. 

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Sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Sanidad aclara que esta práctica se limita a casos en los que los fármacos pertenecen a una misma agrupación homogénea y, por tanto, son igualmente dispensables. Según explica a este medio, "si a un paciente no se le puede proporcionar un medicamento en cápsulas de 500 mg por desabastecimiento, pero sí hay disponible el mismo principio activo en comprimidos, lo lógico es que el farmacéutico pueda dispensarlo". Padilla defiende que esta actuación se basa en el criterio profesional del farmacéutico.

Los médicos insisten en que la prescripción de los medicamentos debe recaer sobre ellos "para garantizar un seguimiento clínico adecuado"

Asimismo, el secretario de Estado añade que en estos casos no sería necesario remitir al paciente a una nueva consulta ni forzar una cita solo para realizar un cambio en la forma farmacéutica del medicamento. Como ejemplo, pone el caso de un medicamento como el paracetamol: "Si no hay disponibilidad de un envase de 40 cápsulas debido a desabastecimiento, pero sí hay uno de 30 cápsulas, el farmacéutico puede dispensar sin necesidad de intervención médica adicional".

En una línea similar, la semFYC insiste en que esa decisión debe recaer en el médico, en coordinación con la farmacéutica de Atención Primaria. Además, la sociedad científica critica que el anteproyecto no contemple adecuadamente la figura de estos profesionales. No obstante, esta afirmación ha sido desmentida a este medio por el propio Padilla, quien remite al artículo 92 del anteproyecto, donde se establece que "los Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos estarán dirigidos por un farmacéutico de Atención Primaria asignado a la correspondiente Zona Básica de Salud".

Por último, SEMERGEN no comparte la prescripción exclusivamente por principio activo, por considerar que puede generar confusión en algunos pacientes y dificultades en la adherencia terapéutica. 

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En estos momentos, la reforma impulsada por Sanidad se encuentra en fase de audiencia pública, un proceso abierto hasta el 30 de abril. Una vez superado este trámite, el texto será sometido a los informes consultivos pertinentes antes de ser aprobado como proyecto de ley y enviado al Congreso. Según el departamento, está previsto que este paso se produzca antes del verano, con el objetivo de que la norma inicie su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia.