El Govern catalán se personará como acusación popular en la causa judicial por la niña de 12 años violada por una red de pederastas entre 2020 y 2021, cuando vivía en un centro de menores bajo la custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Así lo ha anunciado este jueves desde Balaguer (Lleida) la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, que ha explicado que ha pedido comparecer ante el Parlament tras un caso que ha calificado de "dramático" y en el que ha dicho quiere llegar "hasta el final".

"Estamos comprometidos con que hechos como este no vuelvan a pasar", ha añadido Martínez Bravo, que ha transmitido su intención de actuar "con la máxima transparencia".

La consellera ha recordado que su departamento ha sido "el primero" en promover cambios en la dirección de la DGAIA, institución que, ha dicho, "es evidente que necesita cambios profundos".

Red de pederastas

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ya anunció medidas el pasado miércoles para revisar su actuación, al salir a la luz que la red de pederastas, liderada por un electricista para quien la Fiscalía pide 107 años de cárcel, violó reiteradamente a la menor en un piso de Barcelona al que ella acudía tras fugarse del centro de la DGAIA donde vivía.

El juzgado investiga a otros once hombres a los que el electricista y principal acusado "ofreció" a la menor, a través de redes sociales, para que también la agredieran sexualmente en el mismo piso de Barcelona.

De hecho, fueron los educadores del centro los que detectaron que la menor podía ser víctima de agresiones sexuales, activaron los protocolos correspondientes e instaron al padre -que seguía siendo el tutor legal de la víctima- a presentar una denuncia.