Una tercera vía para los tunecinos en Melilla, ni repatriaciones masivas ni 'regresos voluntarios'

Ahmed llegó a Nador (Marruecos) desde Túnez, agotado después de dos horas de vuelo y once horas de tren, por lo que buscó un hostal donde parar a descansar. Poco antes del anochecer acudió a la playa de Boukhana, se enfundó el traje de buceo que acababa de comprar, guardó en un bolsillo impermeable su teléfono y todos sus ahorros -1.600 euros- y se sumergió en aquellas aguas que se le antojaron heladas con la intención de cruzar a nado las ocho millas que le separaban de nuevo de Melilla, el destino para empezar de nuevo.

"Duró seis horas y cada vez que tenía ganas de abandonar sólo veía la imagen de mis padres", recuerda este joven de 32 años originario de un suburbio de la capital. "Para algo sirvieron los veranos que pasé trabajando de socorrista en los hoteles", bromea desde su "chalet", como se conocen a las tiendas de campaña improvisadas en el patio del CETI de Melilla, que comparte con otras 38 personas.

Socorrista, instalador de andamios, infografista para una agencia de publicidad e incluso técnico de cámara en una cadena de televisión pero "nunca ganaba más allá de 700 dinares (225 euros)". Insuficiente para mantener a los seis miembros de la familia y cubrir los gastos de sus padres, ambos con discapacidad.

Ahmed, seudónimo tras el que oculta su identidad, teme ser expulsado del centro por ofrecer información a periodistas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, asegura. Pero, sobre todo, quiere evitar que su familia descubra las condiciones en las que se encuentra "encerrado como una rata" desde hace nueve meses.

"Creen que vivo en Madrid con unos amigos mientras busco trabajo", admite sin poder evitar sentirse culpable. Esta es su segunda tentativa después de embarcar en 2015 en una patera para viajar a Italia y que terminaría con su expulsión quince días más tarde. "Hay quienes lo han vendido todo para llegar aquí, prefieren morir antes que volver. Yo no puedo regresar con los bolsillos vacíos y empezar de cero", insiste Ahmed, que comparte vídeos de protesta en las redes sociales.

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El sueño de la reagrupación familiar

"No sé qué puedo hacer, tengo a mis tres hijos separados y nadie me da una solución". La espera para reunirse con ellos se hace eterna para Yamila, nombre ficticio por miedo a represalias en caso de ser reconocida. Desde hace siete meses no hace más que imaginar el reencuentro con su marido y su bebé, quienes aguardan su llegada en suelo europeo. Sin embargo, los planes de reagrupación familiar se vieron truncados por una maquinaria burócrata que los separó.

Tras tres años de esfuerzo en el país que le ofreció una nueva vida, Yamila regresó, junto a su marido y sus dos hijos pequeños, a Túnez en busca de su hijo mayor, de diez años, fruto de un matrimonio anterior y cuyo padre había fallecido, con la intención de brindarle un futuro mejor en Europa. Pero las cosas se complicaron. Le denegaron la petición de reagrupación familiar y las dos solicitudes de visado.

Desesperada, se agarró a un clavo ardiendo. Dejó a su hija de tres años con los abuelos en Túnez bajo la promesa de regresar a por ella en cuanto su hijo de 10 años estuviera en su nuevo hogar. Entonces puso rumbo a Melilla con su marido, su bebé y su hijo mayor.

En una primera tentativa, compraron una tarjeta falsa de residencia por 400 euros pero no lograron pasar el detector del puesto de control. Pocos días accedieron a la ciudad autónoma tras comprar por 3.500 euros el silencio de los gendarmes marroquíes que custodiaban el paso fronterizo.

Ya en suelo español la familia se separó. Su pareja y su bebé de un año regresaron a su hogar europeo, mientras que ella y su hijo mayor fueron acogidos en el CETI a la espera de comprobar su filiación. Días más tarde le entregaron la "tarjeta roja" que le da derecho a la libre circulación. Sin embargo, su estancia se alargó en el tiempo. Cerraron las puertas del CETI por miedo al coronavirus. Los traslados a la península se cortaron sin fecha de reinicio. Eso fue hace tres meses.

En junio, el centro se abrió de nuevo al quedar Melilla prácticamente libre de la pandemia, pero las autoridades siguen sin retomar los traslados a la península. "No puedo dejar de nuevo solo a mi hijo, soy lo único que tiene", lamenta Yamila. A ello suma la ausencia de su hija pequeña. "Me llama llorando y me pregunta por qué la he dejado sola. El mayor llora todos los días y me pregunta cuándo salimos de aquí". Siente un nudo en el estómago: "Lo peor es que no sé qué responderles".

Vidas más que cifras

Estos son tan sólo dos testimonios de los 706 tunecinos, de los que al menos cinco son menores y cerca de una treintena son mujeres, que permanecen suspendidos en el tiempo, algunos desde hace casi un año, a la espera de poder cruzar los últimos 184 kilómetros que les separan de su destino. Sus condiciones son similares a las de los cerca de 1.600 internos del centro, con un 214% por encima de su capacidad, sin embargo, su pasaporte les excluye de las "salidas" semanales hacia la península.

¿Las razones? Para el portavoz de la ONG Forum Tunecino por los Derechos Sociales y Económicos (FTDES), Romdhane Ben Amor, se trata de un mensaje disuasorio para los futuros candidatos a optar por esta ruta migratoria. Pero sobre todo, porque son un instrumento de presión para negociar un acuerdo migratorio, como el que existe entre Túnez e Italia, que permite las expulsiones masivas.

"Este acuerdo no pasó por el Parlamento, fue un alianza bajo la mesa entre ambos gobiernos. Tememos que este Ejecutivo, muy fragilizado y que busca ayuda de los países europeos para salir de la crisis, esté dispuesto a hacer favores aunque sea en detrimento de los Derechos Humanos", advierte el activista.

La crisis económica en Túnez, con una inflación que alcanzó el pasado año el 6,5%, y el desempleo, que afecta oficialmente al 33% de los jóvenes, les convierte en los llamados migrantes "económicos", que no están reconocidos en el Estatuto de Refugiados. El letrado especializado en Derecho Internacional y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME), Antonio Zapata, alerta de un vacío legal que impide dar asistencia humanitaria y protección internacional a este perfil.

"El perfil del migrante ha cambiado, ahora vemos a muchas familias, incluidas personas mayores o con necesidades médicas. Es lo que llamamos las víctimas del sistema de visados, intentaron emigrar por la vía legal siguiendo todos los procedimientos pero sus demandas fueron rechazadas y, un no, es un no para siempre", explica Ben Amor.

Rutas hacia lo desconocido

Desde 2018, los tunecinos optan cada vez más por la ruta migratoria de Marruecos y Melilla, menos peligrosa que la travesía en patera hacia Italia, a pesar de su corta distancia, a apenas 160 kilómetros de la isla de Lampedusa. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ese mismo año llegaron 548 tunecinos a España, la cifra se dobló en 2019 con 1.246 y, en tan sólo los tres primeros meses de 2020, ya son 192. De acuerdo con el último informe ‘Asilo en cifras’ del Ministerio del Interior, aproximadamente dos tercios de los tunecinos solicitaron asilo en el puesto fronterizo de Melilla.

"No hay una colaboración internacional para luchar contra el tráfico de personas, en el que están involucradas las fuerzas de seguridad, pero sí lo hay para la identificación y expulsión de migrantes", denuncia el responsable.

Ya van tres manifestaciones frente a la embajada de España en Túnez y el Ministerio de Exteriores además de numerosas cartas sin respuesta a responsables políticos. También del otro lado, los migrantes se concentraron frente a la Delegación de Melilla y del mismo CETI para reclamar salidas hacia la península.

Entre sus reclamaciones se encuentran más medidas para evitar el clima de violencia que se vive dentro y fuera del centro, en el que numerosos residentes han sido atracados y agredidos. A ello suman quejas de tratos vejatorios por parte de algunos trabajadores del CETI, que presuntamente les habrían proferido insultos racistas y sometido a agresiones físicas.

Repatriaciones sin condiciones

Numerosas ONG se han hecho eco de la situación de hacinamiento en estas instalaciones y, en especial, de las peticiones de los tunecinos, dado que son el principal grupo de residentes. Desde Amnistía Internacional han reclamado en varias ocasiones que se acelere el traslado hacia la península y agilizar los trámites, algo que reduciría la creciente crispación que a veces genera choques entre los residentes.

Desde que el pasado 27 de abril el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara su inminente expulsión, coordinada con las autoridades tunecinas, la tensión ha aumentado todavía más. Días después, al menos cuarenta personas comenzaron una huelga de hambre y ocho de ellas se cosieron los labios pero todos abandonaron sus protestas ante las coacciones de la administración del centro, que confirman varios testigos a pesar de que empleados del CETI desmienten este extremo y les acusan de dramatizar la situación para conseguir atención mediática.

Por su parte, el Departamento de Interior tunecino aseguró en declaraciones a la agencia Efe que acogerá a sus nacionales en situación irregular siempre que se respete el Derecho Internacional: verificar su nacionalidad y estudiar cada caso de manera individual, por lo que aseguró rechazar la repatriación masiva.

En los últimos meses, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha acudido en dos ocasiones al centro de Melilla para proponer su programa de "regresos voluntarios", que financia el vuelo de retorno a sus países de origen y una ayuda económica de 450 euros para cubrir sus primeras necesidades, y que habrían aceptado entre 15 y 20 personas. Además de un proyecto de reintegración tutorizado en Túnez que cuenta con una financiación de hasta 1.500 euros para la puesta en marcha de pequeños negocios, según informó a Público dicho organismo dependiente de Naciones Unidas.

Frente a las críticas de repatriación encubierta para frenar la inmigración, la OIM se defiende y destaca que este programa es de carácter voluntario y su objetivo es dar una oportunidad a quienes abandonaron su país en busca de alternativas laborales o formativas que no encontraron en su patria.