El timo del aspirante a gigoló

@e_bayona

ZARAGOZA. - “Urge caballeros para encuentros”. “Se necesitan hombres discretos, altos ingresos”. Aspirantes a gigoló de toda España picaron con los anuncios con los que, con este tipo de frases y con la promesa de elevadas remuneraciones –hasta 300 euros por hora de servicio sexual, 200 por hacer compañía-, un grupo de estafadores se dedicaba a seleccionar a sus víctimas, a las que ponía como condición un ingreso previo mediante transferencia a una cuenta bancaria.

La banda, según las investigaciones desarrolladas por la Policía para varios juzgados, insertó anuncios en las secciones de contactos de publicaciones locales con los que lograron atraer a los aspirantes a señorito de compañía de, entre otras ciudades, Zaragoza, Córdoba, Granada, Málaga, San Sebastián, Granada, Miranda de Ebro (Burgos), Torremolinos o Rubí (Barcelona), los cuales llegaron a ingresar cantidades superiores a los 3.000 euros convencidos de que iban a participar en un atractivo negocio. Sin embargo, este nunca llegaba a ponerse en marcha.

En el caso denunciado en Zaragoza, que fue el que originó la investigación, la víctima llegó a entregar 3.450 euros a la agencia de contactos “a cambio de mantener relaciones sexuales con mujeres, por cuya actividad recibiría la oportuna compensación económica”.

La actividad de la banda, que comenzó a ser investigada en 2013 pero que no incluyó detenciones hasta mediados de este mismo año, habría afectado a varias decenas de aspirantes a gigoló.

Las investigaciones de la Policía apuntan a la existencia de un grupo organizado presuntamente liderado por la propietaria de un sex-shop de Torremolinos, D. T. G., titular de una cuenta bancaria a la que llegaban aportaciones de los aspirantes y de las líneas que aparecían en los anuncios, y por J. R. A. y su esposa A. P. G., que supuestamente se dedicaban a captar los testaferros que abrían las libretas a las que los timados realizaban las transferencias.

En el caso de esta última, la Policía llegó a acreditar cómo efectuaba directamente extracciones de la cuenta de uno de los presuntos hombres de paja. Su esposo optaba por que los colaboradores le entregaran en mano el dinero, mientras D. T. G. prefería realizar transferencias de una libreta a otra.

Las cuentas estaban domiciliadas en sucursales bancarias de distintos lugares del país, una circunstancia que dificultó las pesquisas por dos motivos. Por una parte, complicaba la identificación de las personas que participaban en el tinglado. Y, por otra, dispersaba las diligencias al obligar a participar en ellas a distintos juzgados.

Las investigaciones han permanecido paradas durante unos meses por este motivo, ya que los dos juzgados de Instrucción que llevaban el grueso de las pesquisas –el número 1 de Zaragoza y el 2 de Málaga- no se ponían de acuerdo sobre cuál de ellos debía hacerse cargo del resto. De hecho, ambos intentaban ceder el caso.

Finalmente, ha sido la Sala Segunda del Supremo la que, pese a “la existencia de multitud de perjudicados en diferentes puntos y diferentes partidos judiciales”, ha ordenado centralizarlas en la capital aragonesa.