Las fiestas ilegales en pisos turísticos y locales, responsables del 80% de los contagios en la capital, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se extienden como una plaga por Madrid, sobre todo por el centro de la ciudad, que ha terminado convirtiéndose en la zona cero de la impunidad: este último fin de semana otra vez han vuelto a ser detectadas más de 300 celebraciones que incumplían las normas, según el Ayuntamiento. La Policía Municipal y la Nacional se muestran incapaces de frenar este fenómeno que semana tras semana aumenta en la misma medida en que lo hace el enfado, la indignación y la desesperación de los vecinos del centro de la capital.

La asociaciones de vecinos no sólo están hartas, sino que su paciencia se está agotando: creen que "falta voluntad política" para atajar un grave problema de salud pública que está enquistando la paz y la convivencia en el centro de Madrid, además de poner en riesgo la salud de todos sus habitantes. "Nos están metiendo la sala de fiestas en nuestros edificios. Esto viene sucediendo de forma habitual desde noviembre. Es deprimente. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid no han hecho nada: no aplican los mecanismos legales que tienen a su alcance, más todavía bajo el Estado de alarma. Para nosotros esto supone claramente una falta de voluntad política. Este asunto se les está yendo de las manos", afirma Víctor Rey, portavoz de la Asociación Vecinal Sol Barrio de las Letras, una de las zonas que más sufren esta pandemia fiestera.

En el Barrio de las Letras, uno de los más visitados de Madrid, hay muchos edificios de viviendas donde los pisos turísticos son mayoría —cuando no la totalidad— y ya se han dado casos en los que ha habido dos o más fiestas ilegales al mismo tiempo en un mismo edificio.

"Es algo habitual, sobre todo en algunas zonas del barrio. Incluso se ha dado el caso de una comunidad de vecinos en la calle Lope de Vega en la que la Policía Municipal ha tenido que intervenir siete fines de semana seguidos, uno tras otro, sin que se haya solucionado el problema", denuncia Rey, quien fin de semana tras fin de semana ve cómo en las calles más céntricas de Madrid aumenta la presencia de visitantes extranjeros, sobre todo de franceses. "Este último fin de semana ha sido brutal en el barrio: los cabify llegaban llenos del aeropuerto", cuenta Rey.

"Las fiestas están convirtiendo el centro de Madrid en un espacio de impunidad. Yo conozco gente, en muchos casos mayor, que llevan tres meses con fiestas en su edificio todos los fines de semana; llega la Policía Municipal pero luego se sigue con la fiesta. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho no se pueda poner coto a este fenómeno? Estamos en una situación de pandemia, con miles de muertos, y en este contexto se está produciendo una situación muy preocupante: parece que el derecho a la fiesta está por encima del resto de derechos ciudadanos. Eso no se puede consentir. La Comunidad y el Ayuntamiento deben intervenir", se queja Jordi Gordon, portavoz de la asociación vecinal SOS Malasaña, un barrio en el centro de la capital también muy visitado por los turistas.

"Las Administraciones Públicas no están haciendo lo que deberían hacer", confirma Vícente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Todas las asociaciones vecinales consultadas reconocen que el problema de los pisos turísticos viene de lejos, incluso antes de la pandemia, y que nunca se ha llegado a atajar del todo. "Las asociaciones de vecinos hemos presentado miles de denuncias contra ellos, pero ahí siguen. Son un foco de conflicto permanente y el origen de problemas muy serios: ruido, suciedad, basura y ahora, además, tenemos un grave de salud pública con la pandemia", sostiene Víctor Rey.

En este sentido, el portavoz de la Asociación Vecinal Sol Barrio de las Letras denuncia "el bajo nivel de inspección" tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento y la vista gorda que se hace desde la administración autonómica y local.

Vicente Pérez, experto en la problemática de los pisos turísticos en Madrid, recuerda que, con fiestas o sin fiestas, el 98% de estos pisos turísticos son ilegales, por lo que defiende una teoría muy extendida entre las asociaciones vecinales: también se debe actuar contra los propietarios de estos pisos, o al menos exigirles cierta responsabilidad.

"Hay una doble ilegalidad. La mayoría de los pisos turísticos de Madrid no cumplen con la normativa del Ayuntamiento porque se les exige tener un acceso independiente; desde ese momento ya no son legales y los dueños tienen una responsabilidad porque están alquilando un apartamento o un piso que ya de entrada no deberían alquilar. Por la misma razón, deberían recordarles a sus inquilinos qué es lo que pueden y no no pueden hacer", explica Pérez.

"¿Qué pasa con los dueños de los pisos turísticos? Alguien tendría que tener alguna responsabilidad porque si no todo seguirá igual. A este problema también tienen que responder las instituciones", añade Jordi Gordon. En ese sentido, Víctor Rey cree que si se pidiera algún tipo de responsabilidad a los dueños de los pisos turísticos "se crearía un efecto disuasorio" que beneficiaría a los vecinos y les ahorraría un montón de problemas, entre ellos las broncas y las agresiones, que en ciertas ocasiones se han producido con personas que asistían a estas fiestas.

Lo cierto es que la acción policial no parece suficiente y muchas de las fiestas escapan a su radar. Las asociaciones vecinales denuncian que muchas veces la Policía Municipal de Madrid no acude a las llamadas de los vecinos –"incluso a veces no coge el teléfono", sostienen–, y si lo hace en una mayoría de los casos los agentes se van por donde han venido: la Policía sólo puede entrar en una vivienda con una orden judicial o si tiene pruebas de que se esté cometiendo un delito flagrante. Pero las reuniones de más de seis personas en principio no lo son, aunque si se considerara un delito contra la salud pública, los agentes podrían actuar y tener más medios. 

Estas fiestas se han convertido en un negocio muy lucrativo para unos pocos a costa de la salud y la tranquilidad que las sufren. "¿Cuál es al diferencia con el tráfico de drogas?", se pregunta retóricamente Jordi Gordon para enfatizar algo que reclaman los vecinos: que estas fiestas se consideren delito contra la salud pública y que se refuercen los medios policiales. Sostienen que el Estado de Alarma provee a las administraciones de mecanismos legales para acabar o al menos reducir drásticamente estas celebraciones.

¿Qué pasa con las multas?

El portavoz de SOS Malasaña lamenta, al igual que Víctor Rey, la falta de transparencia de las administraciones públicas y sospecha que muchas de las sanciones y multas que en teoría se imponen realmente no llegan a ejecutarse, de ahí esa opacidad: "Este problema no puede ser combatido sólo con multas que no sabemos al final el destino que tienen. Hay que pedir al ayuntamiento explicaciones sobre lo qué pasa con las multas, qué pasa, por ejemplo, con una sauna que en Malasaña ha tenido dos intervenciones policiales con más de 200 asistentes una vez y otra con 300. No sabemos qué pasa porque ni ayuntamiento ni comunidad dan ningún tipo de dato o información", afirma Gordon.

"Estamos sorprendidos por esta falta de información: nos extraña que no se faciliten datos de las intervenciones, ni tampoco del número de llamadas de los vecinos o de cuántas se atienden. Ni un solo dato. Puede que la Policía Municipal esté desbordada en momentos puntuales pero, aunque sea tarde, tiene la obligación de acudir a todos los avisos".

Hay otro elemento que para las asociaciones resulta crucial para el auge de estas fiestas, lo que Gordon denomina "ambiente de relajación de Madrid" que transmiten las autoridades madrileñas con Isabel Díaz Ayuso al frente. "Da la sensación de que Madrid todo lo admite, de que Madrid es diferente y sí lo es: en el número de muertes y contagios, que está a la cabeza. Es un efecto llamada clarísimo. Nos estamos jugando que haya una cuarta ola", afirma Jordi Gordon. Rey coincide plenamente.

"Luego hay otro problema añadido, el de la vieja normalidad. Hasta ahora no era noticia que sufriéramos fiesta constantemente en la calles. Ahora las sufrimos en nuestros edificios. Si esto sucede ahora, ¿qué pasará cuando se relajen las medidas?, ¿Los pisos turísticos se van a convertir en un espacio de fiesta? ¿Vamos a tener que vivir en fiestas permanentemente, es un problema que nos preocupa mucho porque vemos que no parece haber límites para este tipo de cosas", se pregunta Gordon. 

Preguntas que este martes Gordon y sus otros dos compañeros podrán hacer al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, con quien se reunirán a partir de las 13.00 horas. Antes, en un gesto simbólico, presentarán en una comisaría de la Policía Nacional unas cuantas decenas de denuncias contra pisos turísticos que saben positivamente que albergan estas fiestas ilegales. "Hay que cortar esto de raíz", concluye Víctor Rey. 

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