Los próximos días 16, 17 y 18 de agosto se cumplirán cinco años de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en los municipios de Barcelona y Cambrils además de la explosión de la casa de Alcanar, en los que 16 personas murieron y unas 350 resultaron heridas de diversa consideración. Así consta en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 27 de mayo de 2021, la cual impuso penas de entre ocho y 53 años de cárcel a los tres acusados de formar parte de la célula de Ripoll que perpetró la masacre.

Sin embargo, cinco años después del terrible episodio un elevado porcentaje de afectados -casi 250- siguen sin ser localizados, por lo que "se ignora si han hecho los trámites para recibir del Ministerio del Interior la indemnización que les corresponde".

Así lo asegura Robert Manrique, miembro de la Unidad de Atención y Valoración a los Afectados por el Terrorismo (UAVAT), que por iniciativa propia busca a estas víctimas. Según Manrique, desde entonces, el Estado se ha inhibido completamente de su función de localizarlas y proporcionarles los derechos que las amparan. Y si algunas han conocido las prerrogativas a las que pueden acceder, ha sido por medio de un abogado, que se ha avanzado en esta tarea y les ha cobrado a cambio de tramitar la solicitud.

"No puede ser que el Ministerio sólo responda cuando recibe una petición, en lugar de interesarse por saber cómo se encuentra quien salió golpeado del atentado. Su carencia de empatía es absoluta", denuncia Manrique.

Entre los ejemplos de la desidia del Estado, la UAVAT cita varios casos. Uno de ellos es una chica de Madrid herida en el atentado que, indagando por Internet, vio su nombre en la sentencia y, sin embargo, el Ministerio no se le ha dirigido para ofrecerle ningún apoyo ni tampoco la indemnización a la que tiene derecho. "Ahora se ve obligada a batallar para que sea reconocida como víctima", apunta.

Otro caso paradigmático es el de un niño de 20 meses que, a causa del atropello en la Rambla, sufrió una contusión torácica y fractura de fémur. A él, el Ministerio sólo se ha limitado a indemnizarlo con 3.000 euros, una cantidad estipulada acorde con el tipo de lesión y los días de ingreso hospitalario. Sin embargo, no se ha preocupado de sus secuelas ni de las que pueden presentar su hermano y sus padres, también heridos en el atentado.

"El Ministerio presume de que indemniza a las víctimas, pero se desentiende de dispensarles apoyo alguno, y eso no puede continuar", afirma Manrique. De hecho, es la UAVAT, en colaboración con la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, quien ha tomado la iniciativa de visitar la mayoría de consulados para que se dirigieran a los ciudadanos afectados por el atentado de sus respectivos países a fin de informarlos de que, como víctimas del atentado, tienen derecho a recibir una compensación y una ayuda en forma de atención legal y psicológica.

Una carrera de obstáculos

Para intentar corregir esta y otras carencias, la unidad de atención a las víctimas lleva meses instando a la Generalitat a desarrollar una Ley catalana de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo, como ya tienen otras comunidades autónomas del Estado, entre las cuales Madrid, País Vasco, Aragón o La Rioja.

Para Manrique, esta norma permitiría cubrir las distintas casuísticas y resolver las anomalías que se arrastran desde hace tiempo. Entre ellas, la circunstancia de que, para pedir el reconocimiento como víctima, la persona afectada por un atentado sólo dispone de un año desde el día del suceso.

Cuando las manifestaciones clínicas derivadas por un episodio de este tipo, como el Síndrome de Estrés Postraumático, suelen aparecer más tarde. Así se ha encontrado una chica de Madrid herida en el atentado de 2017, a quien en julio de 2019 se le inadmitió la documentación para ser indemnizada con el argumento de que estaba fuera de plazo. Y eso, pese a figurar en el listado de heridos que, tras la masacre, los Mossos d'Esquadra entregaron a las autoridades del Estado.

"Con una ley catalana, la decisión seguiría correspondiente al Ministerio del Interior, pero al menos sería un paso para demostrar la necesidad de ampliar el período para ser reconocida como víctima. Un tiempo que en Francia y otros países es de diez años", indica Manrique.

De la misma forma que, según el portavoz de la UAVAT, la norma pondría de manifiesto la urgencia de establecer protocolos ajustados a las necesidades en las que se encuentran las víctimas. Pero no sólo eso. Según la UAVAT, al ser una instancia adscrita a la Generalitat y no a una entidad particular la que vehicularía las demandas (en Catalunya este trabajo lo está asumiendo la UAVAT) habría más garantías de que el Estado respondiera con celeridad.

Sin embargo, Robert Manrique, herido en el atentado de ETA en Hipercor en 1987, insiste en que la promulgación de una ley catalana debe ir acompañada de una oficina que, además de aligerar la "burocracia administrativa", disponga de un equipo de profesionales capaces de atender correctamente a las víctimas de acciones terroristas.

"Es imperdonable que, desde el atentado contra la revista El Papus en los años 70, pasando por lo ocurrido en los 80 con Hipercor, la década de los 90 en Vic, la del 2000 en los trenes de Atocha de Madrid, y en el 2017 en Barcelona y Cambrils, se hayan repetido los mismos fallos. Hay que remediarlo de una vez".

Es, con este objetivo, que los responsables de la UAVAT mantuvieron el pasado septiembre una reunión con la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, a la cual entregaron las bases de lo que debería ser una ley con la correspondiente oficina de atención a las víctimas. Desgraciadamente, la Generalitat aún no ha dado respuesta a la doble petición, "cuando Madrid ya tiene cuatro oficinas y aquí no tenemos ninguna", recuerda Robert Manrique.

Al fin y al cabo, para Manrique, la abnegada dedicación de los profesionales de la UAVAT no puede durar eternamente, sino que debería recaer en una oficina gubernamental con los recursos suficientes para localizar a las víctimas y afrontar las situaciones que éste ente se pueda encontrar, entre ellas el momento en que la sentencia se declare firme.

Y es que, como indican los psicólogos de la UAVAT, cuando esto ocurra, las personas afectadas tendrán que reclamar de nuevo al ministerio que sean reconocidas como víctimas y la indemnización que les corresponde, lo que para ellas será un proceso doloroso.

De las intenciones a los hechos

Las críticas por el olvido a las víctimas ya afloró en las últimas conmemoraciones de los atentados, como también se había referido el propio juez instructor de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, cuando a raíz de la sentencia declaró que "las víctimas han sido las grandes olvidadas".

Probablemente, pues, este malestar planee en los discursos que se leerán el día 17 y 18, coincidiendo con el quinto aniversario de los atentados. Tanto en los que se celebrarán en el punto exacto de la Rambla donde se detuvo la furgoneta tras el atropello mortal, como los previstos en Cambrils ante el Memorial por la Paz, levantado en señal de recuerdo a la persona muerta, las siete heridas y cinco terroristas abatidos en la madrugada del 18 de agosto de 2017.

En el acto de la Rambla, el Ayuntamiento de Barcelona y la UAVAT ultiman un homenaje que, más allá de la ofrenda floral, podría incluir un parlamento que haga mención a resarcir a las víctimas y tratarlas con la dignidad que se merecen. Una demanda que la propia UAVAT recoge en el comunicado emitido a finales de julio, donde tras reclamar a la Generalitat una ley y una oficina de atención por las víctimas, concluye lanzando la siguiente apelación al conjunto de autoridades: "Hay que estar a la altura. Proactivamente. Con hechos. La sociedad civil ha respondido. Estamos esperanzados en que ahora vais a dar estas respuestas con la autocrítica y responsabilidad que haga falta, y a la vez impacientes".