Una pareja afincada en Georgia ha hecho público en redes sociales una foto con sus once hijos. De éstos, sólo la hija mayor, de seis años, ha sido parida por la mujer. El resto han sido gestados por vientres de alquiler, una práctica permitida en este país de Europa del este.

Si los datos conocidos hasta ahora son sorprendentes, la idea de la pareja es crear la familia más grande del mundo comprando más de 100 hijos mediante la explotación de mujeres a las que, afirman, no tienen intención de conocer. 
Cristina Ozturk, una bloguera de origen ruso de 23 años y su marido, el empresario turco Galip Ozturk de 56, pretenden conseguir "su sueño" en el plazo de siete años, es decir, antes de que la mujer cumpla los 30. 

Sólo nueve países en el mundo permiten lo que se conoce con el eufemismo de gestación subrogada, una práctica que consiste en que una mujer geste y para hijos para otras personas y que no tienen su carga genética, una práctica que ha sido denunciada por diversos países y organizaciones como una explotación reproductiva de mujeres y que en nuestro país es ilegal. 

La pareja afirma que desembolsa unos 8.000 euros por la gestación de cada niño y que todo el procedimiento lo lleva a cabo una empresa que se ocupa de todo: desde la selección de las mujeres, las prácticas hospitalarias o el seguimiento de las mujeres que gestarán a los menores.

La práctica de los vientres de alquiler ha sido denunciados por diversas activistas y organizaciones como un enorme y lucrativo negocio que enriquece a empresas intermediarias y a clínicas de reproducción y que suponen una práctica de explotación reproductiva que utiliza a mujeres empobrecidas.

"La clínica en Batumi elige las madres sustitutas y se encarga de todo el proceso", dijo la propia Christina, que ahora comparte en las redes sociales el día a día con su familia y se ha convertido en toda una celebridad en Georgia. 

Una práctica prohibida en España

En España la gestación subrogada está prohibida y tampoco se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero. A pesar de esta prohibición (recogida expresamente en la Ley de reproducción asistida), existe una forma legal de inscribir a los menores nacidos por esta técnica para evitar su desprotección.

Hace algo más de un año, el actual Gobierno se comprometió a actuar contra las agencias intermediarias de vientres de alquiler que realizan negocio en nuestro país. Este fue uno de los acuerdos incluidos en el documento firmado por Unidas Podemos y por el PSOE en el documento de gobierno de coalición. Sin embargo hasta la fecha no se ha avanzado en esta línea.

En octubre del año pasado la ministra de Igualdad, Irene Montero, se comprometió a incluir la gestación subrogada como delito de explotación reproductiva en la reforma de la Ley de derechos sexuales de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Una reforma que aún no se ha producido.