"Voy a seguir luchando. Estaré donde me lo pidan y donde me necesiten", afirmó este martes en rueda de prensa Ángela González, la madre que durante 15 años ha peleado para que el Estado español reconociera las negligencias cometidas por la justicia y su responsabilida en el asesinato de su hija. Andrea fue asesinada por su padre, condenado por malos tratos a pesar del medio centenar de denuncias que interpuso para impedir las visitas no vigiladas de la niña con su padre. En una de ellas, él la asesinó y se quitó la vida.

En 2014 el Comité antidiscriminación de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) ya le había dado la razón, y condenó a España a reconocer los fallos, repararlos, indemnizar a esta madre y a poner en marcha toda una serie de medidas que impidiera que casos como el suyo volvieran a repetirse. Ante la negativa del Gobierno a aceptar este dictamen de un Convenio suscrito y ratificado por España, González se vio obligada a comenzar de nuevo el periplo legal en nuestro país.

Finalmente, el pasado viernes (cuatro años después del dictamen de Naciones Unidas) el Tribunal Supremo le dio la razón. En una sentencia histórica, el alto tribunal condena al Estado a indemnizara a González con 600.000 euros. También establece que las decisiones de la CEDAW son de obligado cumplimiento para nuestro país, así como todas las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas que España ha ratificado.

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Este lunes en rueda de prensa, González afirmó que "he luchado estos 15 años para que lo que me ha pasado a mí no le pase a nadie más. Porque sí hubieron negligencias y éstas terminaron en el asesinato de mi hija". Afirmó que es imprescindible que "los derechos de custodia no pueden poner en riesgo a los hijos" de las víctimas. En su caso, afirma, los reveses fueron duros, pero la impulsaron a seguir peleando para que se la escuchara y se la hiciera caso, y envió un mensaje a todas las mujeres que siguen batallando para proteger a sus hijos: "Que sigan luchando, que no se rindan, que al final se verá la luz". 

González afirma que no ha recibido ninguna llamada o notificación por parte del Gobierno y añade: "Nadie me ha pedido perdón, nadie".

Para Gema Fernández, abogada de la organización Women´s Link que desde 2011 se hizo cargo del caso de González y consiguió la condena de Naciones Unidas y la reciente sentencia del Supremo, "esta histórica sentencia es vinculante y sienta jurisprudencia". Además, destaca Fernández, evidencia "un cambio de doctrina y de interpretación" por parte del alto tribunal. Fernández resalta que esta sentencia es la primera vez en 15 años que un tribunal le da la razón y "sienta una jurisprudencia no sólo en España".

Para Fernández, esta sentencia lanza un mensaje potente: "Que la violencia de género puede imputarse al Estado cuando, teniendo conocimiento de la misma, no hace lo necesario para impedirla". Para esta abogada, es fundamental que no se vuelva a denegar la protección a los menores basándose en "estereotipos de género, pero cuando se han producido es fundamental resarcir y poner las necesarias medidas de reparación y de no repetición.

Fernández considera que esta sentencia y lo que supone debería ser un acicate para que el Gobierno tome nota y servir para otros casos como el de Juana Rivas. "Aunque la sentencia no entra en el fondo del caso, es decir no entra en la violencia de género, puede y debe servir como para invocar como herramienta para otros casos".

González afirma sentirse muy contenta de que haya sido un tribunal en España quien reconociera estos fallos e impartiera justicia "porque mi idea era seguir hasta el final" e imaginaba que este sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según Fernández, que el Supremo afirme que los dictámenes de la CEDAW son de obligado cumplimiento, abre la puerta a reclamar que nuestro país acate las recomendaciones de otros comités de Naciones Unidas que también han condenado a nuestro país, como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura. En el caso de Ángela González, la CEDAW pedía a España otras cuatro medidas adicionales al reconocimiento de suresponsabilidad en el caso de González.

Exigía que nuestro país abriera una investigación en profundidad para determinar los fallos y subsanarlos. Obliaga tembién al tomar medidas efectivas para que los antecedentes de violencia de género se atenida en cuenta a la hora de decidir custodias y visitas de hijos menores. También pedía reforzar el marco legal para responde adecuadamente ante estas situaciones y la formación obligatoria de todos los operadores jurídicos sobre los estereotipos de género.

Para Fernández, la sentencia del Supremo obliga al Estado a llevar a cabo todas estas actuaciones y apela a los actores competentes a tomar medidas urgentes.